Periodista de la revista Semana es víctima de vigilancias e intentos de censura

Expresamos nuestra preocupación por la situación de seguridad del periodista Camilo Galvis de la Revista Semana, quien ha sido víctima de hostigamientos y acosos. En el último mes, un hombre con uniforme del Ejército y otros desconocidos han llegado en tres ocasiones a su residencia. A finales de abril, Galvis publicó un reportaje en el que investigaba los sobrecostos en los vehículos adquiridos por el Ministerio de Defensa. Además, miembros de ese ministerio han intentado presionar al periodista para que no publique la información.

Como parte del proceso de investigación, el 20 de abril Galvis se reunió con miembros del Ministerio de Defensa; dentro de los presentes se encontraban el viceministro de Estrategia y Planeación, Ricardo Díaz, y el coronel del Ejército, Óscar Alberto Melo. Durante la conversación Melo fue agresivo con el periodista y le preguntó por qué Semana tenía acceso a documentos de seguridad nacional. En esa misma reunión, el viceministro Díaz pretendió censurar al periodista exigiéndole que firmara un acuerdo de confidencialidad si quería que la reunión continuara. Galvis se negó, pues si firmaba debía comprometerse a no publicar nada de lo que se había discutido en la reunión.

Preocupa que esta sea la respuesta de altos funcionarios públicos a la veeduría crítica que hace la prensa. Además, estas acciones no solo comprometen la postura del ministerio sino que también ignoran las garantías constitucionales y convencionales para el ejercicio de la labor periodística. Al respecto, las relatorías de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han destacado que la protección de las fuentes periodísticas es fundamental para que la sociedad pueda acceder a información de interés público.

El reportaje se publicó el 22 de abril y tres días después el periodista fue víctima del primer hostigamiento. El 25 de abril, varios hombres llegaron en a la residencia de Galvis en una carro de vidrios polarizados, abordaron a uno de los vecinos del periodista y le dijeron que tenían “un asunto personal” que hablar con Galvis; días después, algunos de los vecinos del comunicador afirmaron haber visto desconocidos rondando el edificio en una moto. Finalmente, el 10 de mayo un hombre con uniforme del Ejército llegó de nuevo hasta la vivienda del periodista y le preguntó a los vecinos por su ubicación.

En conversación con la FLIP, Galvis afirmó que desconoce cómo estas personas lograron obtener su dirección de residencia. Adicionalmente, en la FLIP nos contactamos con la jefa de comunicaciones del Ministerio de Defensa para darle a conocer los últimos hechos de vigilancia de los que ha sido víctima el periodista y para conocer una respuesta oficial sobre las presiones que sufrió en la reunión del 20 de abril. Sin embargo, hasta ahora no hemos tenido una respuesta, tan solo nos indicó que el tema se iba a tratar con el ministro de defensa.

Este tipo de seguimientos ilegales afectan gravemente la integridad personal del periodista, quien se ve expuesto a un estado de temor y zozobra. Además, pueden generar un efecto inhibitorio y de autocensura que afectan no solo a la víctima directa sino también a sus colegas, quienes pueden abstenerse de continuar con el desarrollo de sus investigaciones. Del mismo modo, no se puede perder de vista que este tipo de actuaciones pueden estar orientadas a identificar las fuentes periodísticas, con lo cual se compromete el derecho a la reserva de la fuente.

Por esto, le hacemos un llamado a la Fiscalía General de la Nación, quien ya está al tanto de los hechos, para que adelante una investigación diligente sobre los mismos. Además, le solicitamos a la Unidad Nacional de Protección que realice la valoración de riesgo a Galvis considerando que los hechos están relacionados con el desarrollo de su labor periodística. Finalmente, le pedimos al Ejército que brinde una respuesta clara, pública y en el menor tiempo posible sobre los hechos denunciados.