Para poder votar, defendemos el derecho a saber

La Alianza Más Información, Más Derechos —un grupo de organizaciones de la sociedad civil que promueve el conocimiento, implementación, garantía y ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública— hace un llamado urgente a todas las candidaturas a la Presidencia de la República para que garanticen información programática clara, verificable y accesible para la ciudadanía en el marco de la actual contienda electoral. Hoy advertimos una preocupante opacidad estructural, reflejada en la precariedad de la mayoría de los programas de gobierno.

El acceso a la información pública es un derecho fundamental que permite a las personas decidir entre las opciones políticas que consideran mejores para sí mismas, sus familias, sus comunidades y el país. Una democracia requiere, además de emociones y afinidades, información precisa sobre quiénes son las candidaturas, quiénes las rodean, cómo se financian y, sobre todo, cuáles son sus propuestas programáticas. Es decir, qué harán con el poder que la ciudadanía les confía mediante el voto.

La Constitución Política y sus normas derivadas establecen el voto programático (artículo 259) como un mecanismo mediante el cual la ciudadanía elige a sus gobernantes y les exige cumplir lo prometido. Aunque esta obligación aplica únicamente para alcaldías y gobernaciones, en elecciones presidenciales ha existido la práctica democrática de presentar documentos programáticos que permiten comparar propuestas. En ciclos electorales anteriores, la mayoría de las campañas presentaban sus programas, con mayor o menor detalle, facilitando el contraste ciudadano.

En la contienda presidencial de 2026, esta práctica se ha debilitado. Hoy, la ciudadanía debe reconstruir las propuestas a partir de entrevistas, discursos fragmentados, intervenciones en tarima o publicaciones en redes sociales, donde el tono y el contenido pueden variar según el público o el contexto. Esta dispersión informativa dificulta el análisis y limita la deliberación democrática. Más aún, cuando varios de los candidatos se rehúsan a participar en debates presidenciales que también contribuirían al derecho a conocer con mayor detalle sus propuestas y planes de gobierno.

La pérdida de confianza en las instituciones está estrechamente relacionada con la debilidad de la rendición de cuentas, la resistencia al escrutinio público y la opacidad en la toma de decisiones. A ello se suma la proliferación de enunciados programáticos improvisados o inviables —como dice la canción “construir puentes donde no hay ríos”— que erosionan la credibilidad y profundizan el desencanto ciudadano.

A pocas semanas de la elección, hacemos un llamado respetuoso pero firme: candidatas y candidatos, garanticen el acceso a la información. Honren la democracia sustantiva.

La ciudadanía tiene derecho a informarse, contrastar y comprender no solo el qué, sino también el cómo de sus propuestas. Sin información programática organizada, el voto corre el riesgo de reducirse a un acto emocional o reactivo, contrario al espíritu deliberativo de la Constitución de 1991.

En un país con profundas brechas territoriales, este silencio informativo no solo afecta la transparencia, sino que también profundiza la polarización, debilitando la posibilidad de construir soluciones técnicas y sostenibles para la paz y el desarrollo.

Reiteramos: para poder votar, defendemos el derecho a saber.

Firman este comunicado:

• Foro Nacional por Colombia
• FLIP
• Dejusticia
• El Veinte
• Ocasa
• Transparencia por Colombia
• Observatorio Fiscal Pontificia U. Javeriana