Orden de inspección a Casa Macondo desconoce las garantías del trabajo periodístico

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) advierte sobre la gravedad de la orden de inspección a Casa Macondo, que pone en riesgo la confidencialidad del trabajo periodístico y se suma a la presión judicial contra Juan Pablo Barrientos, quien enfrenta 13 denuncias penales activas. La FLIP ha solicitado la revisión del caso ante la Fiscalía General de la Nación, cuya situación ya se puso en conocimiento ante el despacho de la fiscal general.

La Fiscalía 315 Local de Bogotá ordenó verificar los soportes de información publicada por el medio supuestamente en contra de Francisco Bernate, quien no ha sido objeto de investigación del medio de comunicación. La diligencia contempla revisar la existencia de correos, documentos, comunicaciones y fechas de recepción, mediante la página web del medio o una solicitud escrita.

El alcance de este requerimiento es especialmente grave porque permite a la autoridad investigadora acceder a elementos del proceso de reportería que pueden estar amparados por el secreto profesional. Los documentos y las circunstancias en que fueron recibidos pueden revelar el origen de la información, incluso si no se solicita expresamente el nombre de quien la entregó. Por eso, la aclaración de la orden sobre no exigir la identificación de fuentes protegidas no elimina el riesgo.

La Directiva 003 de 2023 de la propia Fiscalía establece que sus funcionarios deben abstenerse de ordenar actividades investigativas que pongan en peligro el secreto periodístico, incluidas las inspecciones a medios de comunicación. Para la FLIP, el requerimiento dirigido a Casa Macondo desconoce esa garantía y exige una revisión inmediata por parte de la entidad.

A esta preocupación se suma que, según la información conocida por la FLIP, Barrientos desconoce quién presentó la denuncia. Aunque la orden menciona a una persona presuntamente afectada, no identifica al denunciante y Bernate sería el abogado de la persona que realiza la denuncia. Esta falta de información dificulta comprender el alcance de la actuación y ejercer una defensa efectiva.

La existencia de 13 denuncias penales activas contra un periodista exige examinar el efecto acumulado de estos procesos sobre su trabajo. Atender múltiples actuaciones demanda tiempo y recursos, y puede restringir su capacidad de continuar investigando y publicando información de interés público. La Fiscalía debe evaluar este contexto y prevenir que el sistema penal sea utilizado para obstaculizar el ejercicio periodístico.

La FLIP pide a la Fiscalía una respuesta de fondo a la solicitud presentada, la revisión inmediata de la orden y que se dejen sin efecto los requerimientos que comprometan información protegida por el secreto profesional. También solicita garantizar a Barrientos y a su defensa el acceso a la información necesaria para ejercer sus derechos.

Las garantías para la prensa deben cumplirse en las decisiones cotidianas de fiscales y policía judicial. Una directiva que protege el secreto profesional pierde su propósito si los despachos ordenan diligencias que lo ponen en riesgo.