Nuevas estigmatizaciones del senador Álvaro Uribe Vélez contra periodistas
El expresidente Uribe hizo estas acusaciones luego de que Akerman publicara una columna en El Espectador titulada “El asociado No. 82”. En el texto, el periodista hace referencia a las 104 personas que en 1991 la Defense Intelligence Agency (DIA) relacionó con el Cartel de Medellín. El número 82 de la lista, según la columna, era Álvaro Uribe Vélez.
El señalamiento de pertenecer a un grupo armado ilegal como respuesta a una denuncia como la que realizó Akerman tiene al menos tres consecuencias:
De una parte, implica situar un riesgo infundado para el periodista que puede desencadenar agresiones en su contra. Señalar a un periodista de pertenecer a un grupo armado es una afirmación muy grave, que pierde legitimidad si se formula como respuesta a una denuncia desfavorable para el expresidente como la que publicó Akerman.
En segundo lugar, se configura como un mensaje amedrentador para otros medios y periodistas, creando un efecto inhibitorio para dar continuidad al tema que ha sido puesto en discusión pública. Por último, la estigmatización restringe la posibilidad de que el mismo Senador dé su versión y brinde claridad sobre las denuncias publicadas. En los tres escenarios pierde la democracia y el debate público vigoroso al que apunta la protección de la libertad de prensa.
La FLIP solicita al Gobierno brindar las medidas de protección que sean necesarias para garantizar la integridad y libertad de expresión de Akerman, esto debido a que una afirmación como la expresada por el Senador puede incitar a otras personas a cometer agresiones en contra del periodista, lo cual implica riesgo.
La FLIP invita al senador Álvaro Uribe a expresar sus desacuerdos con la prensa de una manera responsable, tomando en cuenta lo dispuesto por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión “los funcionarios públicos [como los senadores] deben abstenerse de estigmatizar a los periodistas y medios de comunicación (…) eso no significa que no puedan controvertir notas u opiniones con las que disientan. Lo que significa es que tienen que hacerlo de manera respetuosa con la libertad de expresión”.
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Antecedentes de Álvaro Uribe y estigmatización a la prensa
No es la primera vez que Álvaro Uribe recurre a la estigmatización de periodistas como respuesta pública a las críticas, denuncias y cuestionamientos que se le hacen en su condición de persona pública sometida a escrutinio social. La FLIP ha registrado los siguientes:
En abril de 2006 el entonces presidente Uribe afirmó que algunos medios de comunicación le “están haciendo daño a la legitimidad institucional” y que “la libertad periodística no puede sustituir a la justicia”. En su momento la FLIP expresó su preocupación por estas declaraciones, ya que podían malinterpretarse y generar una estigmatización en contra de los medios de comunicación y de la libertad de prensa en general.
El 2 de octubre de 2007, en una entrevista que le hizo Caracol Radio, el mandatario aseguró que el periodista Gonzalo Guillén "ha dedicado una carrera periodística a la infamia y a la mentira". Los señalamientos se hicieron luego del lanzamiento del libro “Amando a Pablo, odiando a Escobar”, que motivaron a Uribe a decir que el periodista estaba detrás de este y otros libros en su contra.
El 9 de octubre de ese mismo año, Daniel Coronell retomó el caso al que había hecho mención Guillén. Este hecho provocó una discusión entre el expresidente y el periodista en la FM, donde Uribe calificó a Coronell de mentiroso y miserable. Horas después el columnista de Revista Semana recibió un correo firmado por las Águilas Negras donde sentenciaban: “Quien ataca a nuestro presidente firma su sentencia de muerte”.
En el año 2009, se refirió a Hollman Morris como “cómplice del terrorismo”. En ese momento, el Relator para la Libertad de Expresión de la ONU y la Relatora para la Libertad de Expresión de la CIDH expresaron su preocupación por los señalamientos. Para los organismos internacionales, estas afirmaciones ponen en riesgo a los periodistas y generan un efecto de autocensura.
Este episodio fue analizado con posterioridad por la CIDH, organismo que en el informe “Violencia contra periodistas y trabajadores de medios” definió que los funcionarios públicos tienen la obligación de adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas. Para esto, la CIDH tuvo en cuenta, además de las declaraciones de Uribe asociando periodistas a grupos terroristas, otras como las del Presidente Rafael Correa cuando afirmó que los periodistas eran “sicarios de tinta”
El 17 de septiembre de 2014, durante el debate que se realizó en el Congreso sobre paramilitarismo, el expresidente Uribe señaló a Telesur y a Canal Capital como “medios de comunicación serviles al terrorismo. Las declaraciones provocaron respuestas violentas como el trino que hizo un desconocido en Twitter el 23 de septiembre “me ofrezco a matar a @HOLLMANMORRIS”, quien para ese entonces era gerente de Canal Capital.
El 10 de diciembre de 2014, el Senador del Centro Democrático publicó en su cuenta de Twitter tres mensajes que atentaron contra la libertad de prensa y la protección especial a la actividad periodística. En los trinos hacía referencia a la entrevista que Morris realizaría en una cárcel de Itagüí a un hombre condenado por paramilitarismo.
En su momento la FLIP le recordó a Uribe que esa información por defecto es reservada y que, al hacerla pública, ponía en riesgo al periodista y a sus fuentes. Adicionalmente, se advirtió que las afirmaciones podían vulnerar la presunción de inocencia del periodista y afectar su credibilidad. También se hizo referencia a la necesidad que tienen los funcionarios públicos de mantener un discurso favorable a la libertad de expresión y la deliberación pública.
Luego de las agresiones, la FLIP le envió una carta al expresidente Uribe donde se le hacía un llamado para que aportara a construir un ambiente favorable a la deliberación pública, que respete y no afecte el libre flujo de ideas. El Senador del Centro Democrático jamás brindó respuesta, por el contrario, continuó con las agresiones a periodistas como la reciente estigmatización contra Akerman.
La FLIP quiere recordarle a Álvaro Uribe, una vez más, que según lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su condición de Senador tiene la “obligación de garantizar los derechos a la libertad de expresión y a la integridad personal, esto requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia”.
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