Mecanismos de acceso a la información pública - Memorias Cátedra Ciro Angarita Barón

El ordenamiento jurídico dispone básicamente dos mecanismos a través de los cuales la persona ejerce este derecho fundamental para conseguir el acceso a la información pública y a los documentos públicos que reposan en poder de los agentes del Estado.

Tanto el derecho de petición como el derecho de acceso a los documentos públicos, amparados por la Constitución, operan como garantías para fortalecer el principio de publicidad, la transparencia de la gestión pública y el conocimiento ciudadano de la actividad estatal.

No obstante, este importante panorama normativo enfrenta dificultades en la práctica frente al ejercicio del derecho ciudadano de acceso a la información pública debido a que la propia legislación impone serias restricciones a su eficacia real.

La imposición de la reserva legal sobre diferentes actuaciones y documentos públicos constituye una garantía para las entidades públicas, pero en ocasiones es el principal obstáculo para el conocimiento y divulgación pública de los asuntos oficiales.

A este factor debe sumarse otro catálogo de barreras legales derivadas de la seguridad nacional, la defensa nacional y del derecho a la intimidad personal y familiar, cuya interpretación en ocasiones tiene alcances genéricos que dificulta la controversia ciudadana sobre las decisiones negativas de acceso.

Aparte de tales reservas legales, el desconocimiento ciudadano de los mecanismos legales para controvertir la negativa de acceso, cuando es negada por la autoridad pública, incide negativamente en el control público sobre la gestión del Estado, especialmente cuando estamos frente al denominado recurso de insistencia.