Luis Carlos Cervantes

Escuche aquí la crónica especial hecha por la FLIP: https://soundcloud.com/flip2016/dos-anos-sin-cervantes

Ante la Fiscalía General de la Nación, Vega Osorio aceptó haber sido integrante de la banda criminal conocida como “Los Paisas”, una célula del “Clan Úsuga” que opera en el Bajo Cauca Antioqueño. El 19 de mayo de 2015 “Morroco” fue detenido en la vereda Nicaragua, municipio de Cáceres, por el delito de concierto para delinquir agravado. Entre los crimines por los que era investigado, está el homicidio del periodista Luis Carlos Cervantes, cometido el 12 de agosto de 2014. 

El 19 de noviembre de 2015, durante la primera indagatoria que “Morroco” tuvo ante la Fiscalia por el caso Cervantes, el detenido aseguró que no tenía ninguna responsabilidad en el asesinato del periodista. Ese día, Vega Osorio admitió que conocía las razones por las que la organización criminal acabó con la vida del reportero y señaló a Froilan Gil Tapias, alias “Manuel”, uno de los jefes de la banda criminal, como el autor intelectual del homicidio: “él fue el que dio la orden, no sé a quién se la dio, pero dio la orden de que mataran al periodista” aseguró “Morroco”.

En la misma diligencia judicial el detenido cuenta que “Manuel” ordenó el asesinato de Cervantes en 2012, año en el que la UNP le implementó un esquema de seguridad al periodista compuesto por dos hombres y un vehículo blindado. Por la dificultad que representaba atentar contra el reportero en esas condiciones, “Morroco” explica que la organización criminal tuvo que esperar a que el periodista volviera a quedar desprotegido para asesinarlo.

Semanas después, Vega Osorio cambió su versión y aceptó su responsabilidad en el asesinato de Cervantes. El 14 de diciembre de 2015 la Fiscalía llegó a un preacuerdo con el detenido para que redujera su condena. La pena dispuesta fue de 31 años de prisión por varios delitos, entre ellos, haber sido autor determinante en el asesinato del periodista. A pesar de la condena contra “Morroco”, la Fiscalía aún debe investigar los cabos sueltos alrededor del homicidio.

Hoy, 12 de agosto, se cumplen dos años del asesinato del reportero. Ese día, hacia las dos de la tarde, Cervantes, aún temeroso por los riesgos que corría en Tarazá, decidió acompañar a un amigo a hacer una mudanza. Se montó como parrillero en la moto de su conocido y unos metros más adelante tres hombres lo interceptaron, uno de ellos lo obligó a bajarse del vehículo y le disparó en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida.

Con el rotulo de “el periodista más amenazado del país” varios medios de comunicación anunciaron la muerte del reportero y las amenazas previas de las que fue víctima. Cervantes recibió la primera intimidación en agosto de 2010 y, hasta la fecha de su asesinato, la FLIP documentó al menos cuatro más que fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía. A pesar de que desde el año 2009 la entidad conocía el prontuario criminal de “Morroco” y del riesgo inminente del periodista, fue solo hasta su asesinato que aumentaron los esfuerzos para capturar a los responsables.

Sin duda, las primeras amenazas en contra de Cervantes están relacionadas con las denuncias que hacía sobre la corrupción en Tarazá, manejos irregulares de recursos por miembros de la Alcaldía y nexos entre funcionarios públicos con bandas criminales. El mensaje de texto que recibió el periodista el dos de julio de 2011 lo demuestra “Oye sapo, si sigues investigando las vacunas que nos da el hospital y la alcaldía de Tarazá, te vamos a matar con escolta o sin escolta”. Sin embargo, varios reporteros de la región coinciden en que el homicidio también guarda una relación muy estrecha con los vínculos que Cervantes tenía con políticos de la región como los exalcaldes Reinaldo Posso y Héctor Giraldo.

A finales de 2013 en diálogo con la FLIP, Cervantes sostuvo que las constantes intimidaciones lo habían obligado a abandonar la actividad periodística. Adquirió, entonces, un nuevo rol en la emisora como programador musical y en ocasiones transmitía información de la Alcaldía. Esta última labor fue, quizá, la sentencia de muerte de Cervantes. En abril de 2014, Héctor Leónidas Giraldo, en ese entonces alcalde de Tarazá, denunció a través de Morena F.M. las irregularidades de la administración de Miguel Ángel Gómez, quien fue alcalde del municipio entre 2008 y 2011.

Leiderman Ortiz, director del periódico La Verdad del Pueblo, quien además cuenta con esquema de seguridad por las constantes amenazas que ha recibido, explica cómo las intimidaciones no cesan a pesar del paso de los años “¿a uno cuándo le caducan las amenazas? Nunca. Y más en una zona como estas donde no se han acabado las bacrim ni la guerrilla” y agrega “Las bandas criminales no perdonan nada, usted puede ser periodista y mañana decir que es pastor, para ellos no, hay que matarlo porque la debe”

Las declaraciones de Giraldo pudieron ser el detonante para que los criminales atacaran a su círculo político. El 24 de abril de 2014, pocos días después de que el mandatario presentara el informe de gestión en la emisora, “Morroco” y sus hombres asesinaron a Reinaldo Posso y a un contratista que lo acompañaba en el municipio de Cáceres.

El crimen del político y el desmonte del esquema de su esquema de protección por parte del CERREM, aumentaron en Cervantes el sentimiento de zozobra. El 12 de agosto de 2014, “Manuel” y sus hombres finalmente cumplieron con las amenazas. A pesar de los intentos desesperados del periodista por encontrar protección en las instituciones del Estado, las balas de los criminales terminaron por arrebatarle la vida. Leiderman Ortiz, quien mantenía una comunicación constante con el periodista recuerda “él tenía muy claro que lo iban a matar y debía salir de Tarazá”.

Hoy en día Morena F.M. sigue siendo el único medio de comunicación que funciona en Tarazá. La situación no ha cambiado mucho, la emisora continúa con la programación musical y las investigaciones periodísticas desaparecieron. Leifar Bravo, otro de los periodistas amenazados en Caucasia, describe con tristeza como es el panorama actual para ejercer la labor “luego del asesinato de Cervantes muchos periodistas dejaron de investigar sobre corrupción y se dedican a cubrir temas sociales por el miedo”.

Los habitantes de Tarazá se informan a través del trabajo periodístico que realizan los medios de comunicación de otros municipios del Bajo Cauca. La situación de orden público ha vuelto temerosos a sus pobladores y la mayoría de ellos se incomoda cuando se menciona el nombre Luis Carlos Cervantes. Sin evadir el tema aclaran “Yo le respondo sobre cualquier cosa de aquí de Tarazá, pero de esa muerte no hablo”. Silenciar a Cervantes significó también callar a quienes podían saber algo de él.

La Fiscalía aún tiene cuentas pendientes sobre el homicidio. La entidad debe investigar la responsabilidad de alias “Manuel” y de otros cuatro miembros de la organización criminal que fueron relacionados por la Fiscalía. Alias “Seis-Siete”, actual jefe de la organización en el bajo Cauca, es señalado como autor determinante y “Coco”, “Visaje” y “Bocachico” están sindicados de ser los autores materiales. La entidad debe comprometerse con la captura y la condena de estos criminales.

Pero la labor de la institución judicial no termina allí. Es su deber descifrar el entramado entre los funcionarios públicos de administraciones pasadas y los jefes de las organizaciones criminales que determinaron el asesinato del periodista. Sin, embargo la Fiscalía debe asumir un compromiso con la prevención que va mucho más allá del caso Cervantes. Las investigaciones alrededor de los demás periodistas amenazados en el país deben empezar a arrojar resultados. Las sanciones oportunas en estos casos impiden que se repitan crímenes como el de Cervantes.

Leifar Bravo Leiderman Ortiz y los demás reporteros del Bajo Cauca continúan desempeñando su labor en medio de las intimidaciones y los peligros propios de una zona donde el conflicto sigue latente. La mayoría de ellos consideran que la protección del estado sigue siendo insuficiente y la UNP tiene el deber de fortalecer las garantías para ejercer el oficio. El caso de Luis Carlos Cervantes demostró que la entidad debe fortalecer sus estudios de nivel de riesgo, que no deben limitarse la vigencia de las presiones y, sobre todo, que las amenazas no tienen fecha de caducidad.

Nota editorial

El 12 de agosto de 2014 Luis Carlos Cervantes fue asesinado en Tarazá, Antioquia. Desde el año 2010 la FLIP conoció las amenazas contra el reportero por las publicaciones donde denunciaba hechos de corrupción en su municipio. La FLIP alertó sobre esta situación a la Unidad Nacional de Protección que le asignó un esquema de seguridad que le fuera retirado semanas antes de su asesinato. Para el momento del crimen (2014) la información disponible no apuntaba a que los motivos estuviesen relacionados con el oficio periodístico. No obstante, a principios del 2016 la FLIP conoció los testimonios de Javier Vega Osorio, alias “Morroco”, ante la Fiscalía General de la Nación. El detenido aceptó ser autor del crimen de Luis Carlos Cervantes y pactó un preacuerdo para someterse a la justicia. En esa declaración, el acusado, quien es miembro de la banda criminal “Los Paisas”, reconoció que la decisión de asesinar a Cervantes se motivaba en sus denuncias.

Conocida esta versión, la FLIP volvió al Bajo Cauca y retomó la documentación del caso. El resultado es el siguiente reportaje que se publica con ocasión del segundo aniversario de la muerte  y en homenaje a Luis Carlos Cervantes.

Escuche aquí la crónica especial hecha por la FLIP: