Llamado a los funcionarios públicos después de la rectificación de Álvaro Uribe

Durante un debate sobre paramilitarismo que en 2014 se desarrolló en el Congreso de la República, el senador Uribe afirmó que dicho canal y su director eran afines a las FARC y tenían vínculos con el terrorismo. Para la FLIP, esas afirmaciones constituyeron una estigmatización grave contra el canal y sus periodistas, lo que representa una afectación a la libertad de expresión.

A propósito de esta rectificación, la FLIP insiste en recordarle a los funcionarios públicos su obligación de mantener un discurso favorable a la libertad de prensa, lo que implica que deben abstenerse de hacer afirmaciones que estigmaticen a los y las periodistas haciendo vinculaciones injustas con actores armados o grupos delincuenciales. Se trata de una obligación que está consignada en los estándares internacionales y nacionales de libertad de expresión.

Aunque rectificaciones de este tipo cumplen cierta función reparadora, lo ideal es que los funcionarios públicos, como garantes de la libertad de expresión, cumplan a cabalidad con esta obligación de no hacer afirmaciones que estigmaticen a los reporteros. Al cumplir con esta disposición, los funcionarios no tendrían que hacer rectificaciones por agresiones iniciales que no debieron haberse pronunciado.

Recientemente la FLIP ha solicitado a varios funcionarios que se abstengan de estigmatizar a periodistas a través de opiniones que vinculan a los reporteros con grupos criminales. Durante los meses recientes se han denunciado las continuas estigmatizaciones de Jhon Jairo Torres, alcalde de Yopal, contra los periodistas de esa ciudad. También se le ha exigido al mismo senador Álvaro Uribe que detenga sus recurrentes afirmaciones contra el periodista Daniel Coronell, en las cuales lo vincula con grupos narcotraficantes.

Obstrucción al ejercicio periodístico durante la audiencia

Eugenio Fernández Carrier, el magistrado de la Corte Suprema que presidió la audiencia, no permitió la entrada de ningún medio de comunicación a la sala. Si bien la FLIP está de acuerdo con que existan protocolos para que los medios hagan cubrimiento de las diligencias judiciales, la Fundación rechaza que estas restricciones al cubrimiento vulneren las reglas que se han dispuesto para el acceso a la información que es de carácter público.