La FLIP preocupada por la exclusión de columnistas en época electoral

El pasado 13 de octubre, en su columna semanal en el diario ‘El Tiempo’, la columnista Claudia López criticó la forma como ese diario cubrió el reciente escándalo de Agro Ingreso Seguro, programa del Ministerio de Agricultura. Las directivas del medio tomaron la decisión de despedirla.

La columnista sostuvo que el sesgo que ella advirtió en el manejo de la información sobre el caso de Agro Ingreso Seguro podría explicarse porque uno de los socios minoritarios del diario, Juan Manuel Santos, es potencial candidato presidencial, y porque el socio mayoritario, Grupo Planeta, tiene intereses en la adjudicación del tercer canal privado de televisión.

Las directivas del periódico interpretaron su opinión como una renuncia tácita y, sin anuncio previo a López, incluyeron la aceptación de tal renuncia como pos data en el mismo espacio gráfico de la columna.

La exclusión de la columna de la politóloga López del periódico ‘El Tiempo’ es el segundo evento de este tipo que se vive este año, luego del despido del columnista Javier Darío Restrepo del diario ‘El Colombiano’.

El periódico por una parte dice que entiende la columna como una carta de renuncia y, por otra, admite que es propio de los lectores y columnistas "compartir, rechazar o criticar el cubrimiento informativo" que hace el diario. No obstante, considera inadmisible "poner en tela de juicio los principios éticos y la honorabilidad de los periodistas que trabajan en este diario". La suma de estos dos argumentos y de sus consecuencias puede interpretarse como una sanción a otro líder de la opinión nacional por su forma de pensar.

La FLIP considera sano el debate ético sobre los medios y quiere manifestar su preocupación porque, tanto el caso de López como el de Javier Darío Restrepo, pueden ser interpretados como parte de una racha de silenciamiento de quienes mueven la opinión pública, en el marco de uno de los procesos electorales más importantes de esta década.

La FLIP considera que los derechos a opinar, a informar y a ser informado son elementos fundamentales para que las sociedades puedan tener la certeza de que sus destinos se definen democráticamente. Ello no sólo es imposible cuando la prensa cierra sus columnas para las voces divergentes, sino cuando la sociedad pierde la fe en esos derechos, garantizados por mandato constitucional (artículo 20).