La FLIP expresa su preocupación por proyecto de ley que endurece las penas contra los alertadores

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por el proyecto de ley con el cual se busca endurecer las penas contra los funcionarios que revelen información o noticias reservadas. El proyecto de ley 18 de 2018 Senado - 05 de 2017 Cámara incrementa las multas y establece la pena de prisión en todos los casos y no sólo cuando la conducta cause perjuicios, como sucede actualmente.

Este proyecto es riesgoso para la libertad de expresión, ya que él podría afectar a los funcionarios que alertan sobre corrupción y otros hechos ilegales que ocurren al interior de las instituciones del Estado. Resulta irónico que un proyecto de ley que pretende combatir la corrupción endurezca las penas y, en consecuencia, desincentive la denuncia de quienes adviertan conductas ilegales.

Criminalizar a los alertadores trae consecuencias negativas para la libertad de prensa. Si bien el proyecto no castiga a los periodistas, sí debilita a sus fuentes. Así, se afecta la capacidad de los medios, y de la sociedad en general, para acceder a información de alto interés público y de realizar veeduría de los poderes estatales.

En una sociedad democrática debería protegerse y no castigarse, como propone el proyecto, a quienes valientemente denuncian la ilegalidad. Este ha sido el reclamo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que Colombia reciéntemente hace parte, y de las Relatorías Especiales para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La denuncia por parte de quienes tengan conocimiento de actos ilegales dentro de las entidades del Estado es una herramienta esencial para el control público. El Estado debe garantizar canales seguros para denunciar, garantías frente a posibles represalias laborales, penales o de seguridad, y la posibilidad de acudir a la prensa o a organizaciones de la sociedad civil.

Sin las denuncias de alertadores el país no habría tenido acceso a información de altísimo interés público. Por ejemplo, Jorge Enrique Pizano, testigo en el caso de Odebrecht en Colombia, entregó audios a los medios de comunicación que vinculan al exfiscal Néstor Humberto Martínez al caso. Recientemente, el New York Times hizo pública información entregada por miembros del ejército para denunciar las directrices dadas por algunos oficiales para aumentar el número de bajas, reviviendo las preocupaciones en torno a la tragedia de los denominados “falsos positivos”.

Este proyecto fue presentado en forma conjunta por Néstor Humberto Martínez, ex-Fiscal General de la Nación, Enrique Botero Gil, ex-Ministro de Justicia, y varios congresistas, como una ley para combatir la corrupción. Éste ya fue aprobado en tres debates y sólo necesita un último debate en Senado para convertirse en ley.

La FLIP hace un llamado al Congreso de la República para que no apruebe esta proposición sin que antes se discutan los efectos nocivos que ésta podría causar y se planteen alternativas de regulación. También hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación, entidad encargada de la transparencia, para que haga veeduría de lo que queda del debate legislativo e intervenga a favor de la protección de los alertadores.