Juez de Pereira absuelve a Ferney Tapasco por el asesinato del periodista Orlando Sierra

La decisión que además de Tapasco, favorece a Henry Calle Obando y a los hermanos Fabio y Jorge López Escobar, es un retroceso en las expectativas sobre una justicia ejemplar en casos de asesinatos de periodistas. La FLIP rechaza la lentitud de los operadores judiciales para adelantar la investigación y el juicio, atribuye a esa lentitud la pérdida de pruebas contundentes y solicita a la Fiscalía y a la Procuraduría que se apele la decisión.

Luis Fernando Soto Zapata, el sicario que atentó contra Sierra el 30 de enero de 2002, fue condenado a 19 años de prisión, de los cuales solo pagó cinco.

El paso del tiempo juega a favor de los autores intelectuales

El nombre de Ferney Tapasco como presunto autor intelectual del crimen se deriva de las fuertes denuncias que hacía Sierra en sus publicaciones y de diversos testimonios ante la Fiscalía que desde 2003 le atribuían dicha responsabilidad.

En ese entonces, uno de los testigos aseguró que quien pagó por el asesinato del periodista fue Ferney Tapasco. Otro declarante manifestó que todo se planeó en un bar, donde escuchó a unas personas decir que debían asesinar a Sierra porque “tenía problemas” con el mencionado líder liberal. Un tercer testigo dijo que estando en la oficina del político lo escuchó decir, refiriéndose a Sierra, que “si a este perro no lo ‘organizamos’ en esta semana, me va a publicar unos asuntos malucos".

A pesar de la gravedad y contundencia de los testimonios, la Fiscalía tardó tres años en vincular a Tapasco en la investigación. Luego, la Justicia tomaría seis años más para iniciar el juicio contra el líder político y los otros tres implicados. Sólo hasta septiembre de 2012, 10 años y medio después del asesinato de Orlando Sierra, se dio apertura al primer juicio en Colombia contra autores intelectuales del asesinato de un periodista. A lo largo de los 11 años transcurridos desde la muerte de  Sierra, más de 9 testigos que no recibieron protección por parte de las autoridades judiciales fueron asesinados.

El reto para la Fiscalía era enorme, no sólo había tardado en tomar decisiones en la investigación y  omitido proteger a testigos claves, sino que los testimonios que se recibirían durante el juicio se practicarían sobre hechos ocurridos diez años atrás. Esto al mismo tiempo que se contaba con el peso de que cualquier duda se decide a favor del procesado.

Justicia incumple aspectos esenciales para garantizar la libertad de expresión

El día de hoy la FLIP tuvo comunicación telefónica con el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado y recibió la indicación de que la única forma de acceder al texto de la sentencia era acudiendo al despacho judicial, sin posibilidad de recibirlo por fax o correo electrónico.  Las limitaciones de acceso a esta información de carácter público impiden hacer una valoración minuciosa de la decisión judicial.

La ley 600 de 2000 (procedimiento que rige éste proceso judicial), dispone de 15 días después del juicio para que se dicte sentencia. Si bien existen sentencias de la Corte Suprema que se refieren a ése término con laxitud, la fecha en que se dicta el fallo excede el término en más de diez meses y limita las posibilidades de controversia y análisis en un caso emblemático.

Un buen número de decisiones de carácter internacional señalan que la investigación deberá ser diligente, exhaustiva, oportuna y ejemplar. Aspectos que son cuestionables en el caso de Orlando Sierra en el transcurso del trámite judicial. Por otro lado, el principio noveno de la declaración sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dispone con respecto a agresiones contra la prensa como el asesinato, que “(…) viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

La FLIP envía un mensaje solidario a familiares y colegas de Orlando Sierra, invita a la Fiscalía y a la Procuraduría a persistir en su acusación presentando el recurso de apelación y convoca al gremio periodístico a ejercer vigilancia sobre cómo se está administrando justicia en los casos de violaciones a la libertad de prensa como mecanismo de censura. La justicia sigue siendo la gran ausente en 142 casos de periodistas asesinados por razones de oficio en Colombia.