FLIP rechaza llamados de autoridades para que periodistas revelen sus fuentes

En la entrevista realizada por Rueda, Santos se refirió a su opinión sobre la Alcaldía de Bogotá y la situación actual de la ciudad. Al final, el entrevistado se refirió a la neutralidad de la justicia con afirmaciones fuertes contra el Fiscal General, Eduardo Montealegre.

Según le afirmó Rueda a la FLIP, la Fiscalía le solicitó telefónicamente que llevara a la citación el audio de la entrevista, por lo que la periodista se negó a asistir a la diligencia mediante una carta dirigida al despacho que la citó.

La FLIP se comunicó con la Fiscalía a cargo de la citación. No obstante, la entidad planteó de forma dilatoria y evasiva que debía tratarse con una superior. Posteriormente, se sugirió que era un asunto que debía tratar la oficina de prensa. En el momento en que se publica este pronunciamiento, no se ha recibido una declaración al respecto.

Además de ser una violación al secreto profesional de la periodista, la citación busca profundizar detalles de una entrevista. En este caso, es más coherente que se cite al entrevistado, en este caso Francisco Santos, y no a la periodista que lo entrevistó.

En el último año, la FLIP ha registrado más de una decena de casos de periodistas, de diferentes ciudades del país, que han sido citados por la Fiscalía o por la Policía para que revelen información que han recogido durante su actividad periodística. Este tipo de actuaciones son violatorias de la garantía constitucional del secreto profesional, consagrado en el artículo 74 de la Constitución, según el cual, es inviolable.  

Este tipo de solicitudes resultan agresivas en algunas ocasiones y las autoridades utilizan argumentos como la defensa nacional y la colaboración con la justicia para presionar a los periodistas con el fin de obtener información. Durante el 2013, en el marco del paro nacional, la FLIP registró dos casos en Norte de Santander donde la Policía y la Fiscalía solicitaron a dos periodistas entregar material que se encontraba en sus cámaras de video y fotográficas con el objetivo de identificar a personas que habían participado de las manifestaciones.

En el 2014, en Santander y Putumayo, la FLIP conoció de otras citaciones para que los periodistas entregaran imágenes de actos delictivos que habían registrado. El hecho más reciente ocurrió en el último mes, en la ciudad de Caucasia, Antioquia. El periodista Leiderman Ortiz, quien ha hecho varias denuncias sobre crimen organizado, ha sido objeto de solicitudes insistentes por parte de la Fiscalía para que revele sus fuentes con el fin de iniciar investigaciones. Ortiz le ha manifestado a la Fiscalía que esta situación aumenta su riesgo y que no está dispuesto a entregar ese tipo de detalles. 

Sobre el secreto profesional, la Corte Constitucional ha dicho en la sentencia T-298 de 2009 que “la inviolabilidad del secreto profesional (la reserva de la fuente) permite que un periodista guarde el secreto sobre la existencia de una determinada información, su contenido, el origen o la fuente de la misma, o la manera como obtuvo dicha información”.

Además de lo anterior, la misma decisión indica que este derecho no es solo del periodista, sino de su fuente, pues se convierte en una garantía para poder difundir información. “En efecto, sobre todo en aquellos casos en los que están involucradas organizaciones macrocriminales o mafiosas, que no tienen escrúpulos a la hora de intimidar a una fuente para que omita revelar información que puede afectar sus intereses, la reserva de la fuente se convierte en una garantía privilegiada para que el periodismo valiente e independiente pueda realizar su trabajo”, manifestó la Corte en la sentencia.

La FLIP hace un llamado a las autoridades judiciales y policiales para que se respete el secreto profesional de los periodistas en el desarrollo de su oficio. La entrega de información relacionada con las fuentes e investigaciones de un comunicador solo puede darse de manera voluntaria y no mediante órdenes o requerimientos de autoridades.