El Espectador denuncia interferencia en investigación periodística

En el editorial, firmado por Ricardo Santamaría, director de este medio, se transcribe una carta enviada a la Fiscalía y la Procuraduría en la cual dice que: "una fuente de este semanario reveló que organismos de inteligencia de la Policía habrían tenido acceso a un borrador de una investigación que sobre el Banco del Pacífico estaba adelantando el periódico. Y que dicho documento había llegado a manos del ministro del Interior, Fernando Londoño, enviado por el director de la Policía, general Teodoro Campo". 

El Banco del Pacífico fue intervenido en 1999 por la superintendencia Bancaria cuando se encontraba en situación de iliquidez, y se ha convertido en uno de los casos más controvertidos pues el actual ministro del Interior y Justicia, Fernando Londoño, actuó como presidente de la junta directiva del Banco durante cuatro años; y estuvo vinculado a dos procesos judiciales por este caso, en uno de ellos fue exonerado y el otro fue archivado en etapa preliminar. 

Según El Espectador, el Ministro del Interior dice que recibió el borrador de la investigación en sobre cerrado y anónimo. De igual manera que el general Campo manifestó que nunca tuvo en sus manos el documento periodístico. El Espectador le solicitó a la Fiscalía y a la Procuraduría que investiguen cómo llegó a manos de Londoño el documento y si es cierto que hay algún organismo de inteligencia vinculado al hecho. 

Las interferencias al trabajo periodístico como la obtención ilegal de información de investigaciones periodísticas son rechazadas por la declaración de principios sobre la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando dice "la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación...debe estar prohibida por la ley".

La Fundación para la Libertad de Prensa solicita a los organismos judiciales que investiguen en caso con prontitud para determinar si se está violando la libertad de prensa; y en tal caso se procese y sancione a los responsables de tales actos.