Detención ilegal de reportero guatemalteco por parte de policías de La Guajira

El miércoles 24 de febrero el reportero se encontraba con la comunidad de Roche en el municipio de Barrancas, Guajira; cubriendo el desalojo de indígenas que, por orden judicial, realizó la Policía. El predio donde estaba ubicada la aldea colinda con el Cerrejón, empresa minera que pasó a tener propiedad sobre el terreno donde antes habitaba la comunidad de Roche.

Ríos le explicó a la FLIP que los pobladores de la comunidad le pidieron que estuviera presente en la diligencia judicial para registrar las irregularidades que pudieran suceder. La comunidad se opuso al desalojo y los uniformados usaron la fuerza, los disturbios dejaron varios indígenas heridos.  

Mientras el periodista registraba con su cámara las agresiones, algunos oficiales de la Policía y un miembro de seguridad del Cerrejón se le acercaron para pedirle que se identificara. Luego de que Ríos mostró sus documentos y aclaró que era periodista independiente se lo llevaron en un carro de propiedad de la empresa minera hacia la estación de Policía de Albania.

Ríos asegura que en el camino no recibió ningún tipo de agresión física, pero que el trato por parte de los uniformados y el hombre del Cerrejón fue hostil. En la estación tuvieron retenido al reportero aproximadamente media hora mientras revisaban su pasaporte y los archivos de su cámara. Según Ríos, cuando los uniformados encontraron en la memoria del periodista los videos que registraban las agresiones, los borraron. De inmediato Ríos les recordó que eso violaba sus derechos y les pidió los nombres. Los uniformados no se identificaron, le entregaron la memoria con varios archivos dañados y lo dejaron en libertad.

Al respecto, el coronel Tito Castellanos, comandante de Policía de la Guajira, asegura que sus hombres no borraron el material periodístico de la cámara. El oficial confirmó, además, que el traslado del periodista se hizo a través del vehículo que es de propiedad del Cerrejón y que la detención se realizó porque en un principio Ríos se negó a identificarse.

Para la FLIP esta situación resulta inadmisible, pues decomisar, borrar, inspeccionar o dañar cualquier tipo de información es una forma de censura previa, vulnera la reserva de las fuentes periodísticas y, también, puede constituir faltas disciplinarias y delitos de sabotaje y violación a la libertad de trabajo. Estos últimos consagrados en los artículos 198 y 199 del código penal  que, en caso de ser cometidos, tienen consecuencias penales y disciplinarias.

La FLIP hace un llamado para que la Policía ofrezca las explicaciones sobre el caso e identifique a los responsables. También le solicita a la Fiscalía que investigue lo sucedido de tal manera que se pueda sancionar a los responsables de la eliminación del material periodístico. La ausencia de resultados en las investigaciones alimenta cualquier acción futura de agresiones contra la prensa.