Balance octubre y noviembre sobre el estado de la libertad de prensa en Colombia

Preocupa especialmente la crisis de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que lejos de encontrar soluciones, ni estrategias para el 2015, se ha profundizado, dejando en evidencia la ruptura que existe entre distintas instituciones, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y la propia UNP.

La FLIP reitera que los esquemas de protección asignados a periodistas no están funcionando a plenitud  y esta crisis repercute de manera directa en el ejercicio diario de los periodistas protegidos por el Estado. La UNP está incumplimiento la obligación que tiene el Estado de proteger a los comunicadores. La FLIP interpuso acciones judiciales que no han podido ser resueltas a causa del paro judicial.

Panfletos amenazan a Reporteros Sin Fronteras, Canal Capital y Telesur

En los últimos 3 días se conocieron dos panfletos firmados por el grupo de origen paramilitar Águilas Negras, amenazando de muerte a periodistas de la agencia local Reporteros Sin Fronteras, la cadena venezolana Telesur y a Canal Capital, la televisión pública de Bogotá. El panfleto define a estos medios como “sapos hijueputas (sic)” y les anuncia que "tienen el tiempo contado".

"No crean que pueden ir enlodando con sus basuras de investigaciones a los héroes de la patria, a los colombianos que quieren ver libre del terrorismo al continente latinoamericano". Esta mención está relacionada al cubrimiento que han realizado estos medios sobre el proceso de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, y al reciente secuestro contra el general Rubén Darío Alzate.

En el caso de los periodistas de la agencia Reporteros Sin Fronteras, les aseguran que saben "quiénes son y dónde están" y les dan "treinta días para desaparecer o no respondemos por sus vidas".

El director de esta agencia, José Luis Mayorga, dijo a la FLIP que las amenazas pueden estar relacionadas con el trabajo que vienen adelantando en Ciudad Bolívar y las jornadas de trabajo con los medios comunitarios.

´Reporteros sin Fronteras´ también es una organización internacional y aliada de la FLIP, que desde hace varios años trabaja en Colombia en defensa de la libertad de prensa. Frente a esta amenaza y a partir de la documentación realizada por la FLIP, es importante que las entidades estatales a cargo de la protección a periodistas y de la administración de justicia, tengan en cuenta a esta organización y a su representante en Colombia como uno de los posibles destinatarios del panfleto además del periodista José Luis Mayorga.   

La FLIP expresa su preocupación frente a los reincidentes hechos de ataque,  estigmatización  y amenazas contra  Canal Capital y sus periodistas, los hechos registrados durante el año marcan una atmósfera adversa para el ejercicio periodístico desde este canal, su agenda informativa, los espacios de opinión y su línea editorial.

Alcalde de Puerto Berrío reincide en irresponsables descalificaciones contra periodistas

El jueves, 13 de noviembre, el alcalde Robinson Baena, del municipio de Puerto Berrío, Antioquia, señaló públicamente al periodista Benjamín Pelayo, corresponsal del  canal de televisión Teleantioquia.

El periodista realizó una nota señalando los problemas que tiene la ejecución de una obra pública en el municipio, reportaje que fue atacado por el alcalde de manera pública. Baena aseguró en un programa local de televisión que “el corresponsal de Teleantioquia lo único que hace es desinformar a Antioquia. Sabe que eso que hizo es atentar contra Puerto Berrío, no contra Robinson Baena”. También señaló al periodista de “morboso” y añadió que “lo único que quieren es desinformar, lo único que quiere es crear morbo”.

El corresponsal de Teleantioquia advirtió que después de las declaraciones del alcalde, él y su esposa fueron seguidos por un desconocido cuando se dirigían del centro del municipio a su casa.

Las declaraciones de Baena son irresponsables, no corresponden a los deberes de los funcionarios públicos frente a las garantías a la deliberación pública y ponen en mayor riesgo la vida y la integridad personal de los periodistas de Puerto Berrío, esto además genera un efecto amedrentador y de autocensura. Es importante recordar las agresivas declaraciones que también hiciera Baena contra el periodista Edinson Molina, asesinado el 11 de septiembre de 2013. Edinson fue víctima de persecución, estigmatización, acoso, amenazas y ofensas por parte de anónimos y de funcionarios de la administración municipal antes de ser asesinado.

De forma despectiva, el alcalde, Robinson Baena, apodaba a Edinson como “El enano” y a su movimiento político como “Los enanos”, haciendo alusión a su baja estatura. Incluso, el alcalde llegó a afirmar en los medios de comunicación que dicho grupo “debía ser eliminado”.

La FLIP hace un llamado a la Procuraduría para que inicie acciones disciplinarias con el fin de garantizar la libertad de expresión en este municipio.

La crisis de la UNP

El pasado 6 de noviembre de 2014, se hicieron explícitas las dificultades del Gobierno para encontrar una solución a la crisis presupuestal del sistema de protección. Ese día, y a través de las redes sociales, el director de la UNP, solicitó de manera desesperada al Ministerio de Hacienda que le girara una adhesión presupuestal, porque de lo contrario los beneficiarios del programa dejarían de tener sus esquemas.

A pesar de que el episodio tuvo solución aparente, esto fue temporal y la crisis de la UNP continúa. Las recientes políticas de la UNP, dirigidas a negar la autorización de viáticos y de desplazamientos de los esquemas de seguridad afectan de manera directa el ejercicio de los periodistas, además de vulnerar el derecho a la protección que tienen los beneficiarios.

La FLIP presentó la impugnación ante el fallo del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá a la tutela presentada, pero lamentablemente la operación tortuga derivada del paro judicial ha retrasado conocer la decisión del Consejo Superior de la Judicatura. 

Asesinan a abogada y periodista de Bucaramanga

La FLIP envía un mensaje de solidaridad a los familiares y colegas de la periodista Mónica Andrea del Pilar Rocha, cuyo cuerpo fue hallado con un golpe en el rostro, en los alrededores de una ladrillera del barrio Porvenir de la ciudad de Bucaramanga, Santander.

Mónica trabajó en el canal local de televisión TVC de Bucaramanga, durante el año 2000 y el 2004, como productora y reportera para diferentes programas. Desde hace varios años había dejado de ejercer el periodismo y trabajaba como abogada litigante. La FLIP conoció que no había presentado antecedentes de amenazas.

Restricciones al acceso a la información en audiencias públicas

La FLIP ha notado con preocupación las constantes restricciones para el acceso o el registro de audiencias públicas por parte de funcionarios públicos sin el pleno cumplimiento de los requisitos legales. En este sentido, la FLIP tuvo conocimiento de que un grupo de periodistas de Caucasia, Antioquia, tuvo dificultades para el cubrimiento de una audiencia de legalización de captura el 29 de octubre de 2014 por parte del Juzgado Segundo Promiscuo del Municipio de Caucasia.

Además de esto, la FLIP registró que durante el desarrollo de una audiencia de imputación de cargos el 4 de noviembre en la ciudad de Cartagena, uno de los periodistas del diario El Heraldo fue obligado por el Fiscal especializado de antinarcóticos a retirarse de la sala, pese a que el Juez de Garantías había autorizado al comunicador para que tomara notas. Además, el Fiscal exigió al periodista identificarse con nombre, documento de identidad, dirección y demás datos personales.

Para la FLIP es preocupante que este tipo de situaciones se presenten, especialmente cuando se trata de audiencias públicas. Asimismo, recuerda que cualquier restricción al acceso a la información a este tipo de eventos debe estar fundamentada en los diferentes requisitos establecidos en la ley 1712 de 2014 y en el artículo 18 de la ley 906 que establece que estas restricciones solo aplican en los casos que  “la publicidad de los procedimientos pone en peligro a las víctimas, jurados, testigos, peritos y demás intervinientes; se afecte la seguridad nacional; se exponga a un daño psicológico a los menores de edad que deban intervenir; se menoscabe el derecho del acusado a un juicio justo; o se comprometa seriamente el éxito de la investigación”.

La FLIP invita al Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación a que incorporar criterios y prácticas de apertura informativa, y transparencia en sus procedimientos con el fin de garantizar el cubrimiento de las audiencias públicas por parte de los periodistas.

No olvide descargar el archivo adjunto, donde encontrará información sobre los casos de restricción a la libertad de prensa que se presentaron en estos dos meses.