Así fue el balance del cubrimiento periodístico durante las elecciones de 2023

En el transcurso de las últimas doce semanas, en la campaña electoral previa al 29 de octubre, decenas de periodistas, en diferentes regiones del país, fueron blanco de presiones, ataques y amenazas por parte de algunos poderes políticos y económicos y también de los grupos armados. Esto impidió que buena parte de la prensa local, particularmente la comunitaria, pudiera cubrir con garantías las elecciones locales y publicar la información que necesita la ciudadanía y así poder elegir con suficiente información. Acá un balance del día de las elecciones, las semanas previas y las recomendaciones a futuro para los nuevos gobernantes, particularmente para aquellos que tienen antecedentes de no respetar la libertad de prensa.

Durante el cubrimiento de las elecciones regionales del 29 de octubre, las y los periodistas, en su mayoría, tuvieron garantías para informar sobre la jornada. Sin embargo, en algunos municipios de Arauca, Antioquia y La Guajira, funcionarios de la Registraduría y de la Policía no permitieron el acceso de la prensa a los puestos de votación o no suministraron la información electoral a tiempo, por lo que el cubrimiento de la primera jornada se vio afectado.

Además, en Antioquia se presentaron dos hechos: en el municipio de Bello, el periodista Camilo Moreno, director de El Bellanita, recibió una amenaza a su WhatsApp en la que le exigieron dejar de publicar contenido relacionado con las elecciones. Y en Caucasia, el periodista Éder Narváez, director de NP Noticias Online, fue intimidado por varias personas en el puesto de votación.

Previo a las elecciones, advertimos que la prensa fue objeto de ataques por parte de políticos, funcionarios y servidores públicos y grupos armados. Este año se documentaron 52 agresiones relacionadas con el cubrimiento electoral, once casos más que en el 2019. Periodistas fueron víctimas de estigmatizaciones por parte de actores políticos y funcionarios públicos, y de grupos armados en departamentos como Huila, Putumayo, Valle del Cauca y Arauca. Esta violencia tuvo como consecuencia el cierre de espacios informativos, el desplazamiento de comunicadores y la censura de temas políticos y de orden público.

Frente a esta violencia, es necesario que la Registraduría y la Policía fortalezcan sus protocolos internos para garantizar que la prensa pueda acceder a la información y desarrollar sus labores durante las elecciones, sobre todo en aquellos municipios donde se presentaron situaciones de orden público y que fueron identificados como lugares de alto o riesgo extremo para el cubrimiento electoral.

Así como lo reiteró el Ministerio del Interior en su más reciente Circular Aclaratoria, las autoridades deben prevenir situaciones de violencia, y proteger los derechos de las y los periodistas. El ejercicio periodístico es fundamental para garantizar que la ciudadanía pueda acceder a la información de interés público y se fortalezca el debate democrático.

El Ministerio también instó a las y los funcionarios para que manejen el debate público con respeto y tolerancia, y eviten cualquier tipo de estigmatización, ya que en el ejercicio de sus funciones tienen una mayor responsabilidad e impacto en la ciudadanía. Es indispensable que quienes fueron elegidos recuerden que deben respaldar y proteger a la prensa. Varias de las personas electas han atacado a la prensa de manera reiterada, pues han impuesto trabas para acceder a la información, han recurrido a la pauta oficial para interferir en las líneas editoriales o han emitido señalamientos a quienes hacen críticas o veeduría sobre su gestión.

En la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, continuaremos monitoreando las acciones por parte de los funcionarios públicos, el manejo de los recursos y de la publicidad oficial, y el cumplimiento de los derechos al acceso a la información y la libertad de prensa y de expresión.