Asesinado periodista parte del Programa de Protección a Periodistas del gobierno colombiano

Luis Eduardo Alfonso Parada era codirector del noticiero Actualidad Informativa que se transmite de 6 a 8 de la mañana y de 12 a 1 de la tarde. También prestaba sus servicios como corresponsal del diario El Tiempo y era colaborador en el área de prensa del congresista Adalberto Jaimes. 

Según Miguel Ángel Rojas, el otro codirector del noticiero, Alfonso se especializó en el cubrimiento de orden público y en denuncias sobre irregularidades en la administración municipal. Mabel Varela gerente y directora de la emisora le había dicho en varias oportunidades que tuviera cuidado porque las denuncias que hacía eran muy fuertes, más teniendo en cuenta que figuraba en varias listas de personas amenazadas de la región. 

Alfonso remplazó a Efraín Varela quién fue asesinado el 28 de junio de 2002. De este crimen se sindica a los grupos paramilitares. 

Varela y Alfonso habían recibido inicialmente amenazas el 9 de septiembre de 2001. En esa oportunidad a través de un correo electrónico las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) aseguraron que con la llegada de ellos los periodistas de la región se convertían en objetivo militar. 

Posteriormente a la muerte de Varela, el 2 de julio, Alfonso, junto con tres periodistas más, salió de la región por la inminencia de un ataque contra sus vidas. 

El 4 de julio el periodista envió una carta a la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, informándoles del peligro que corría. Ese mismo día puso una denuncia ante la División Seccional de Fiscalías en Bogotá en la que relataba los hechos que lo hacían temer por su vida, en especial el asesinato de Varela, con quien había trabajado desde octubre del 2000. 

El 26 de agosto de 2002, el Departamento Administrativo de Seguridad - DAS - hizo un estudio de seguridad para evaluar el nivel de riesgo del periodista en Bogotá. Ese estudio determinó que el nivel de riesgo del periodista era bajo. 

El 25 de septiembre el caso de Alfonso fue analizado en el Comité de Evaluación y Reglamentación de Riesgos - CRER - para periodistas y comunicadores sociales, un organismo encabezado por el Ministerio del Interior y conformado por distintas organizaciones civiles de libertad de prensa. 

Ante el resultado del estudio de seguridad y conociendo la gravedad de los hechos denunciados por el periodista, el Comité solicitó a la Policía hacer un nuevo estudio de seguridad en la zona. La solicitud que se hizo en ese comité fue "notificar a las autoridades de su presencia en Arauca para que le brinden la protección necesaria", según el acta de la reunión. 

El 26 de octubre se llevó nuevamente el caso ante el CRER y en él se decidió "oficiar a la Policía Nacional para verificar que aún se le brindan medidas de seguridad - rondas policiales-". Esta solicitud se volvió a hacer el 11 de diciembre de 2002, cuando se conoció el resultado del segundo estudio de riesgo: medio-bajo. "Se recomendó oficiar a la Policía nuevamente para que le realicen acompañamiento periódico". 

Hoy la FLIP e IPYS hablaron con el Comandante de la Policía en Arauca, Coronel Luis Alcides Morales, quien dijo que tenía conocimiento de la situación de riesgo de Luis Eduardo Alfonso "al igual que de cerca de 300 personas amenazadas en Arauca" y que la Policía no podía "poner un escolta a cada una de ellas".

Luis Eduardo Alfonso hace tres días habló con IPYS comentando, con relación a las medidas de protección recibidas, que estas se habían limitado a unas pocas rondas policiales y que en este momento estaban suspendidas. 

De otra parte, la denuncia que puso el periodista ante la Seccional de Fiscalías de Bogotá, que actualmente reposa bajo el número de radicado 635977, y se encuentra en la etapa preliminar de investigación, al igual que otras 35 denuncias de amenazas contra periodistas, según un estudio del IPYS. Algunos de estos casos están en investigación preliminar desde 1999. 

Una misión conjunta realizada a finales de 2002 por Reporteros Sin Fronteras (RSF), La FLIP, el Proyecto Antonio Nariño, IPYS y Unidad de Respuesta Rápida de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) enfatizó la especial vulnerabilidad de los periodistas de esta región y la lenta respuesta de las dependencias gubernamentales encargadas de brindar protección a su labor, como lo demanda el artículo 73 de la Constitución Nacional. Es evidente que los periodistas araucanos no cuentan con las medidas básicas de seguridad para cubrir el conflicto. 

En lo corrido del año siete periodistas, dos de ellos de medios extranjeros, han sido secuestrados por grupos guerrilleros en el departamento de Arauca. 

La Fundación para la Libertad de Prensa, el Instituto Prensa y Sociedad, el Proyecto Antonio Nariño y la Unidad de Respuesta de la SIP condenan el asesinato del periodista Luis Eduardo Alfonso. Así mismo hacen un enérgico llamado al Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez y al Ministro del Interior y Justicia Fernando Londoño Hoyos, cabeza del Programa de Protección a Periodistas, para que se cumpla con las medidas de protección ofrecida a los periodistas que han buscado amparo en este programa. Así mismo para que se revisen ágilmente y a fondo las políticas bajo las que actúa este programa. 

Las organizaciones también le exigen al Fiscal General de la Nación Luis Camilo Osorio para que agilice las investigaciones en los casos de agresiones a la prensa. 

Así mismo invita al Procurador General de la Nación Edgardo Maya, para que se adelanten las respectivas investigaciones con el fin de identificar y sancionar a los responsables en caso de que hubiera existido negligencia por parte de algún funcionario público que tuviera bajo su cargo la responsabilidad de protección del periodista Luis Eduardo Alfonso.