Asesinado periodista en Barrancabermeja

Según el Teniente Coronel Luis Alfonso Novoa, coordinador del grupo de derechos humanos de la Policía Nacional y representante de esa entidad en el programa de protección, el escolta dejó al periodista en su residencia después de la media noche del viernes 4 de abril y le advirtió que ante cualquier emergencia se comunicara con él. Adicionalmente, Rivas le manifestó al escolta que se quedaría en su casa todo el tiempo, agregó el Coronel Novoa. Dos días después, fueron encontrados los cadáveres del periodista y de Paulo César Montesinos Reyes, un estudiante de séptimo semestre de ingeniería ambiental de la Universidad de la paz, en un sitio conocido como Dagota, a 30 kilómetros de Barrancabermeja. 

El escolta de la Policía que acompañaba al periodista no lo hacía los fines de semana y por tal razón Rivas había solicitado al Programa de Protección, el 6 de marzo de 2003, una ampliación de este acompañamiento. Además de este requerimiento Rivas pidió un chaleco antibalas y un vehículo blindado. El 27 de marzo, fecha en la que se realizó la última reunión del Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos- órgano encargado de evaluar los casos en el Programa y en el que participa la FLIP- se decidió realizar un estudio al esquema protectivo del periodista y establecer nuevamente su nivel de riesgo para determinar con conocimiento de causa las medidas de seguridad necesarias.

Según el periodista desde 1999 recibía llamadas a la emisora en las que le decían que lo iban a matar. Igualmente aseguró que hace dos años le llegó un mensaje, supuestamente de la guerrilla de las FARC, diciéndole que se cuidara porque ya estaban contratados los sicarios. A finales del 2001 él denunció en la emisora sobre desmanes de los grupos de Autodefensas de la zona al mando de alias “Setenta” y alias “Harold” quienes, según Rivas, habían ordenado su asesinato. De esto último tenía conocimiento la Fiscalía a través de una carta que el periodista envió al Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio, el 28 de febrero de 2003. 

Para enero del 2003 el periodista informó al Ministerio del Interior que su carro había sido incinerado como retaliación por sus denuncias. 

Rivas era teólogo de profesión y desde hacía cuatro años dirigía el programa Las Fuerzas Vivas, un espacio de opinión y línea abierta en la emisora Calor Estéreo. Allí el periodista denunciaba irregularidades en la Administración Pública, abría los micrófonos para que la gente comentara sobre temas de orden público, como los asesinatos en la ciudad, y cuestionaba las acciones de los grupos al margen de la ley. Por tratar estos temas el periodista consideraba que sus amenazas venían de “quienes se sienten aludidos con las denuncias que hacía públicas”.

De acuerdo con las versiones recogidas por periodistas de la región, el programa de las Fuerzas Vivas tenía gran acogida, especialmente, entre personas de estratos bajos, pero así mismo había generado gran polémica con las organizaciones sociales, la clase política y los mismos medios de comunicación debido, al lenguaje y las opiniones que expresaba el periodista. 

La Fundación para la Libertad de Prensa solicita a la Fiscalía General de Nación actuar de inmediato para esclarecer el asesinato de este periodista y condenar a los responsables. La poca efectividad de las autoridades judiciales en la investigación de las amenazas contra periodistas hace que ninguna protección física sea suficiente, en lo que parece ser una estrategia de los grupos armados ilegales para silenciar a la prensa en ciertas regiones del país. En menos de un mes han sido asesinados dos periodistas, ambos acogidos por el Programa de Protección del Ministerio del Interior, lo que refleja la poca capacidad del gobierno para garantizar la seguridad de los periodistas en regiones como Arauca o el Magdalena medio.