Alcalde del municipio de Chía, Cundinamarca, coacciona labor de periódico local

Al parecer, la nota editorial de octubre pasado y la publicación de un informe sobre el desempeño del departamento, molestaron al primer mandatario del municipio, quien en primera instancia envió una carta al periódico donde afrimaba que había "una nebulosa de intereses que ocultan la objetividad". Posteriormente el alcalde de Chía, distribuyó una serie de cartas dirigidas a los anunciantes donde ponía en duda la credibilidad y seriedad del contenido del periódico y anexaba la carta enviada al medio.

Según lo pudo establecer la FLIP, la editorial de octubre pasado manifestaba su descontento por la labor administrativa en el municipio y presentó un informe de la gobernación de Cundinamarca, donde se decía que el municipio de Chía había bajado en el índice general de desempeño en el departamento del puesto 5 al 26.

En diálogo con la FLIP, Carlos Arango Duque, gerente de 'El Periódico de Chía' dijo que algunos servidores públicos de Chía y unos de sus anunciantes, le habían comentado que el alcalde dio instrucciones para que los anunciantes retiraran la pauta publicitaria que tiene con el periódico. Incluso le han comentado que se han enviado cartas a varios conjuntos residenciales para que se suspenda la distribución del periódico.

Por su parte, el alcalde Sánchez Gutiérrez señaló que tiene algunos reparos sobre informaciones publicadas en los editoriales del medio y que por esta razón envió cerca de 300 cartas a presidentes de juntas de acción comunal, conjuntos residenciales donde se distribuye el periódico y a los anunciantes de esté, para dar a conocer su posición.
La Fundación para la Libertad de Prensa considera que las acciones adoptadas por el alcalde del municipio de Chía, Fernando Sánchez Gutiérrez, en contra de 'El Periódico de Chía' constituyen una grave violación a la libertad de prensa y lo exhorta para que las suspenda.

Desacreditar a un medio de comunicación ante sus anunciantes y sus lectores es una acción directa para hacerlo desparecer. Los medios de comunicación tienen el derecho constitucional de indagar y criticar las actuaciones de los funcionarios públicos. Éstos, a su vez, tienen el derecho constitucional de acudir a los mecanismos legales para obtener las rectificaciones del caso, si éstas fueran necesarias.

Al respecto, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la Organización de los Estados Americanos -OEA-, señala en su artículo 5: "La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación (…) debe estar prohibida por la ley". Agrega: "Las restricciones en la circulación libre de las ideas y opiniones, (…) y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión".