Alcalde de Cúcuta veta a periodista

A las seis de la mañana del pasado 27 de octubre, día en que fue publicada la nota, el alcalde Suárez Corzo llamó a la periodista y la insultó. Más adelante, en un programa de radio local se refirió a ella en términos ofensivos. Por último, le ordenó a la oficina de prensa de su despacho no volver a suministrarle ningún tipo de información.

En la nota publicada, Peña Álvarez recogió diversas denuncias anónimas sobre el aparente recaudo irregular de aportes para el alumbrado público navideño. Tal y como lo documentó la denuncia, en la cuenta particular de Rafael Segundo Ramírez, director de Orden y Espacio Público de la Secretaría de Gobierno de Cúcuta, se estaban consignando los aportes de los comerciantes de El Malecón y la avenida Los Libertadores. Cuando la periodista le preguntó al funcionario cuál era el monto de los recaudos, éste le respondió que las declaraciones “sólo las daba el Alcalde”.

Gala Marcela Peña le manifestó a la FLIP su preocupación por esta situación, y concluyó que se estaba coartando el derecho a la información de los lectores de La Opinión. No sólo el Alcalde de la ciudad se negó a darle declaraciones posteriormente, sino que también otro funcionario de uno de los órganos nacionales de vigilancia y control evadió hablar de la denuncia. Las palabras del alcalde Suárez Corzo y sus órdenes a varios funcionarios de negarle declaraciones a la periodista han enrarecido el trabajo de Peña Álvarez.

La FLIP intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con el alcalde Ramiro Suárez Corzo, pero fue imposible contactarlo. La oficina de prensa de su despacho manifestó escuetamente que el Alcalde sólo le hizo un reclamo a la periodista, pero que de ninguna manera la había vetado.

Antecedentes

A principio de 2004, también se presentaron serios inconvenientes entre el alcalde Ramiro Suárez Corzo y otro redactor del Diario La Opinión, quien publicó varias investigaciones sobre irregularidades administrativas en la ciudad.

En esa ocasión, Ramiro Suárez dijo en una rueda de prensa sobre ese inconveniente: "Acá hay periodistas que le hacen el juego al terrorismo" (ver informes de amenazas de junio de 2004: http://www.flip.org.co./Alertas/Amenazas/2004/ale16_06_04.htm).

Adicionalmente, varios periodistas han reportado a la FLIP amenazas en su contra en lo que va corrido del año. Manifiestan que la situación de orden público de la ciudad y del departamento no ofrece las garantías suficientes para ejercer el periodismo con plena libertad.

La FLIP rechaza el veto y las agresiones verbales del Alcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo contra la periodista Gala Marcela Peña Álvarez. En una democracia la información no es una dádiva sino un derecho constitucional. Los funcionarios públicos no tienen potestad legal para decidir de qué manera suministran información de interés general. Únicamente la Constitución y las leyes – bajo ciertos parámetros – pueden reglamentar el acceso a ésta. Ningún funcionario público puede coartar el derecho a la libertad de prensa, ni generar condiciones que inhiban o restrinjan la actividad periodística.

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Todas las agresiones contra los derechos a la libertad de prensa y a la libertad de expresión constituyen violaciones de los derechos humanos. Agredir a un periodista en medio de un conflicto armado es una infracción al Derecho Internacional Humanitario.