Al menos tres periodistas habrían sido reseñados por la Inteligencia colombiana

• Ha pasado un año desde que se conocieron los perfilamientos ilegales a periodistas, políticos y líderes sociales. Hasta ahora no se conocen imputaciones formales. 
  
  
• El Estado colombiano no ha implementado medidas que garanticen la vida e integridad del periodista Ricardo Calderón.
  
  
• Es urgente que la Procuraduría General de la Nación vigile el proceso para que no se continúen presentando dilaciones en el cumplimiento de las medidas cautelares.

 

Un mes después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenara medidas cautelares a favor del periodista Ricardo Calderón, el Estado colombiano no ha implementado acciones  que garanticen su vida e integridad. Tras un año de la denuncia de los perfilamientos ilegales por parte del Ejército Nacional que originaron la medida tampoco se conocen imputaciones formales. 

El pasado 3 de febrero se realizó una reunión de concertación de medidas cautelares convocada por la Cancillería de Colombia. En la reunión participaron delegados de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el periodista Ricardo Calderón y la FLIP.

Desafortunadamente en ese espacio no se encontró una respuesta inmediata y articulada para prevenir el riesgo excepcional y, a pesar de la existencia de la medida cautelar, el periodista fue redirigido a agotar los trámites ordinarios para reclamar la protección de emergencia —cuya duración mínima es de noventa días—. La UNP no propuso fórmula alguna de concertación sino que insistió en remitir el caso al CERREM, cuya dinámica institucional impide que las medidas sean concertadas.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación tampoco ha mostrado avances satisfactorios en la investigación. En abril del 2020 la Fiscalía inició dos investigaciones por los hechos, sin embargo, en ninguna hay resultados que conlleven a esclarecer los hechos. Las dos investigaciones se caracterizan por una precaria actividad probatoria que dé cuenta de la valoración del contexto de las agresiones y su relación con el ejercicio de la actividad periodística. De igual manera, resulta inaceptable que a pesar de que la Fiscalía conoce las amenazas contra Calderon desde inicios del 2020 el llamado a rendir la declaración ocurrió solo un año después, (el pasado 10 de febrero del 2021). 

La FLIP advierte que el Estado colombiano está en mora de adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad del periodista y cumplir las medidas ordenadas por la CIDH. Lo ocurrido en el caso de Ricardo Calderón demuestra, una vez más, la sistemática falta de respuesta institucional por parte de la Unidad Nacional de Protección y de la Fiscalía General de la Nación frente a los crímenes contra la prensa.

Ya que la protección de la prensa es una obligación primordial del Estado, resulta urgente que la Procuraduría General de la Nación vigile por qué se están desconociendo los lineamientos internacionales para investigar, juzgar y sancionar las agresiones contra la prensa y que vigile el proceso de tal manera que no se continúen presentando dilaciones en el cumplimiento de las medidas cautelares.

El 19 de agosto del 2020, los cuatro Relatores Especiales de Naciones Unidas y la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestaron al Gobierno colombiano su preocupación sobre las actividades de vigilancia y elaboración de perfiles por parte del Ejército, considerando que dichas actividades someten a los periodistas a un riesgo elevado e interfieren con el desarrollo de su trabajo. Por este motivo, les hacemos un llamado para que hagan una vigilancia permanente y de cerca al incumplimiento de los compromisos del Estado frente a la protección y garantía de la libertad de prensa. 

Desde la FLIP continuaremos realizando seguimiento a la adopción de medidas de protección y el desarrollo de una investigación seria e imparcial, que conlleve a la sanción de los responsables de las agresiones y perfilamientos de las que ha sido víctima Ricardo Calderón y otros periodistas en el país. 

Revelaciones periodísticas publicadas por la Revista Raya advierten de un caso de espionaje que de manera directa o indirecta afectó a periodistas colombianos y extranjeros. 

Según la investigación, agentes del Estado colombiano rastrearon los contactos del agregado político cubano Joel Marrero Enríquez, quien para el gobierno colombiano realizaba actividades de espionaje. A raíz de esa vigilancia fueron vinculados por medio de menciones, registros de llamadas y fotografías los siguientes periodistas: Joshua Goodman (Associated Press), Gerald Bermúdez (fotoperiodista independiente) y José Luis Mayorga (Agencia de Reporteros Sin Fronteras).

La FLIP rechaza todo tipo de acciones de espionaje que pongan en riesgo a periodistas, ya que esto afecta gravemente su intimidad, integridad y la reserva de la fuente. Es necesario tener en cuenta que las conversaciones de periodistas están protegidas por los artículos 20 y 74 de la Constitución Política de Colombia.

El caso del reportero gráfico Gerald Bermudez es especialmente grave ya que también fue perfilado directamente por el Ejército en el 2020 y su actividad periodística se ha visto afectada por el impacto de estas actividades de vigilancia. La ausencia de investigaciones aumenta las inquietudes de los periodistas sobre el uso que se le ha dado a la información recolectada por Inteligencia a lo largo de los últimos años. Resulta inexplicable que a pesar de las múltiples denuncias se mantengan las mismas estrategias y metodologías de recolección y sistematización ilegal de información, sin que se logren determinar las responsabilidades individuales y políticas.

Resulta prioritario que el Estado realice una auditoría independiente sobre las actividades de inteligencia de la última década para establecer su alcance y la cadena de responsables y se adopten medidas de no repetición. De igual manera es prioritario que sea el Estado quien envíe un mensaje claro y contundente de rechazo a estas acciones.