2022: el periodo electoral más violento contra la prensa en la última década

En los primeros cinco meses del año hay un aumento del 59% en amenazas contra medios y periodistas en comparación con el 2018. 

El 5 de mayo 15 medios de comunicación anunciaron su salida del aire. El motivo, amenazas de muerte de integrantes del Clan del Golfo durante el paro armado que decretaron ese mismo día. Cuatro meses atrás, un carro bomba fue detonado en Saravena, Arauca, y como consecuencia las sedes de dos medios de comunicación sufrieron daños estructurales. Durante los días siguientes, 16 periodistas del departamento recibieron amenazas. Estos hechos impactan de manera directa en la ciudadanía que deja de recibir información sobre lo que sucede.

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Durante el 1 de enero y el 20 de mayo del 2022, la FLIP registró que 97 medios y periodistas fueron amenazados. Es decir que una o un reportero ha sido amenazado cada día y medio. En este mismo periodo en 2018, las últimas elecciones presidenciales, la FLIP registró 61 víctimas de amenazas.

Quienes amenazan a las y los periodistas suelen exigirles que eliminen algún contenido o que dejen de cubrir e investigar algún tema. En ciertos casos también se les ha demandado que publiquen información de grupos armados ilegales como panfletos. En otros casos, les ordenan que salgan del municipio en donde residen y realizan su trabajo. En lo que va del año, seis amenazas han derivado en desplazamientos forzados y exilios. 

 

Los medios en los que trabajan las y los periodistas que han sido amenazados son 37 medios digitales, 30 emisoras y cadenas radiales (17 de estas emisoras comunitarias), 10 medios televisivos y 5 medios impresos. 

Las ciudades donde los periodistas han sido amenazados son Medellín, Arauca ciudad, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Tunja, Florencia, Quibdó, San José del Guaviare, Neiva, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Pereira, Barrancabermeja, Cali, Buenaventura.

 

Arauca y Bajo Cauca, las regiones más peligrosas

En el departamento de Arauca se presentaron 16 amenazas en los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena. En Antioquia, se presentaron 9 casos, principalmente en Medellín y la región del Bajo Cauca antioqueño. Además, en Bogotá hubo 15 amenazas. 

Algunos de los municipios afectados tienen además una baja oferta de medios locales. Por lo tanto, basta con que tan solo un medio sea intimidado para que se produzca una reacción en cadena y otros medios también se atemoricen y se vean obligados a  autocensurarse. Esto trae como resultado el silencio informativo, que en zonas de conflicto o con problemas de orden público puede ser devastador tanto para la prensa como para la ciudadanía. 

La mayoría de las amenazas son realizadas por desconocidos (49 casos), grupos armados (25 casos) y particulares (7 casos). Cuando no se conoce la identidad de quien amenaza, no es posible identificar si este hace parte de algún grupo armado, una banda criminal o si es un particular. Por eso, en estos casos es más difícil desactivar el riesgo de la víctima, pues al no poder identificar al autor, también se desconoce cuál puede ser su capacidad de daño.

Durante el paro armado de mayo, el Clan del Golfo amenazó a dos emisoras comunitarias del Bajo Cauca antioqueño para que publicaran un panfleto de este grupo ilegal. Como reacción, seis radios comunitarias decidieron salir del aire por los cuatro días que duró el paro. Además, en Córdoba el grupo armado exigió que se apagara la planta transmisora que servía a seis emisoras, y en el Urabá dos periodistas fueron hostigados por hombres armados que dispararon al aire para intimidarlos y obligarlos a dejar de grabar.

Otro caso de censura por parte de grupos armados ocurrió el 9 de mayo cuando la periodista Salud Hernández fue hostigada, retenida, intimidada y obligada a abandonar Betulia y La Toma, en Cauca, donde realizaba reportería sobre la situación de seguridad. Hernández informó a la FLIP que primero fue detenida por personas que se identificaron como integrantes de las disidencias de las FARC y luego fue seguida y hostigada por personas que se identificaron como integrantes del Consejo Comunitario. En ambas situaciones la periodista tuvo que abandonar su cubrimiento periodístico. 

¿Qué investigaban las y los periodistas que fueron amenazados?

En 37 casos las amenazas estarían relacionadas con el cubrimiento del conflicto armado. En territorios en los que hay enfrentamientos con grupos armados es más riesgoso hablar de temas que afectan los intereses de personas que tienen un poder económico, social, político e, incluso, militar. 

Corrupción es el segundo tema que investigan quienes han sido amenazados, en total registramos 11 casos. Luego le siguen seguridad (9 casos), elecciones (9 casos) y manifestaciones sociales (5 casos). 

Este panorama de violencia contra la prensa se agrava por la falta de respuesta estatal, rechazo público y procuración de justicia. El Estado, a nivel nacional, departamental y local, no se ha enfocado en atender las necesidades y riesgos de la prensa. Por ejemplo, no se ha evidenciado una atención priorizada para activar rutas de protección a periodistas que son víctimas de amenazas. En el caso puntual de Arauca, según la información que tiene la FLIP, la Unidad Nacional de Protección no atendió por trámite de emergencia a los periodistas amenazados que solicitaron protección a pesar de la suficiente evidencia que existe sobre el riesgo y la necesidad de atender a esta población de manera prioritaria.

En lo corrido del 2022, la FLIP ha remitido a Fiscalía 12 casos de amenazas. De estos, hasta ahora no se conocen avances significativos en la investigación, lo que a su vez genera una pérdida de confianza de los y las periodistas víctimas, quienes prefieren no denunciar.

 

“La respuesta del Estado ante mi situación de seguridad ha sido supremamente lenta. Las denuncias se hicieron finalizando el mes de enero y hasta el momento ni la solicitud que hizo la Fiscalía, la Defensoría, personerías, organizaciones de derechos humanos, todos solicitaron las activación de medidas urgentes para mi caso y hasta la fecha [la UNP] no ha tramitado el caso con la urgencia que merece. No hay ningún interés por parte del gobierno para protegernos a los periodistas, es una cuestión de abandono, de olvido y de desidia”, periodista amenazado de Arauca.

 

“La respuesta del gobierno es llegar tarde a las zonas de conflicto. No estar en los lugares que deberían, es decir, las zonas apartadas, que es donde se generan más temas de comunicación. En las zonas urbanas la fuerza pública estuvo los últimos dos días del paro. ¿Y qué hacer? Ha quedado demostrado que en las zonas rurales los grupos ilegales tienen más poder que las fuerzas del Estado. Y a los medios nos toca arriesgarnos para poder informar, porque si no lo hago, no tengo trabajo”, periodista amenazado durante el paro armado del Clan del Golfo.

 

“No hubo ninguna respuesta ni respaldo gubernamental exigiendo respeto por los periodistas que investigamos el operativo militar en Putumayo, a pesar de que dentro de las personas que nos estigmatizaron hubo un candidato presidencial y varias figuras públicas. En general, creo que cuando hemos vivido episodios de violencia o intentos de censura a la prensa la respuesta del Estado es bastante pobre, porque se limitan a recordar las instancias de denuncia a las que podríamos acceder pero no hay pronunciamientos públicos en los que se exija respeto por ese mandato constitucional que nos cobija como periodistas”, periodista hostigada luego de investigar el operativo del Ejército en Putumayo.

 

El clima para ejercer el periodismo se ha deteriorado por este aumento de las amenazas contra reporteros y reporteras, y también se agudiza por un clima persistente de descrédito, muchas veces coordinado, que ha operado contra periodistas y medios especialmente en redes sociales durante la campaña electoral. A pesar de la gravedad de estos casos no ha habido un respaldo público a la labor de la prensa en momentos donde es crucial. 

El gobierno de Iván Duque no ha rechazado este tipo de ataques y no ha adoptado ninguna acción de contingencia. Otras figuras públicas, incluidos candidatos presidenciales, han generado un ambiente de permisividad y de hostilidad en contra de diferentes periodistas. Por ejemplo, el equipo que cubrió el operativo del Ejército en Alto Remanso, Putumayo, fue objeto de mensajes estigmatizantes por parte de diferentes figuras públicas. Posteriormente, los periodistas recibieron amenazas y mensajes hostigantes en las redes sociales. Todo esto desencadena un escenario de permisividad en el que los agresores no se judicializan y tienen libertad para continuar hostigando. Frente a esta escalada de ataques la prensa la FLIP insta a las autoridades a intensificar las medidas de protección para garantizar el trabajo de la prensa y hace un llamado para que el próximo gobierno incluya esta situación como una de sus acciones prioritarias.