Rechazamos amenazas contra la periodista Katia Ospino

En los últimos días la periodista independiente Katia Ospino ha sido objeto de amenazas e intimidaciones como retaliación por sus investigaciones sobre el abuso sexual a mujeres indígenas por parte de algunos miembros de la comunidad arhuaca. Ella también ha denunciado presuntos hechos de corrupción y fraude procesal que involucran a Zarwawiko Torres y otras autoridades indígenas. 

El 7 de octubre Ospino recibió una llamada de desconocidos que afirmaron que había una orden de asesinarla si ingresaba a territorio arhuaco, incluyendo la Sierra Nevada en Cesar, La Guajira y Magdalena. Ospino, además, manifestó que el día anterior, mientras estaba en la Sierra realizando actividades periodísticas, una de sus fuentes le advirtió que un grupo de personas estaba buscándola para retenerla. 

Ese mismo día, en la cuenta de Facebook del ‘Resguardo Arhuaco Businchama’, se tildó a la periodista de ser una persona que atenta contra la unidad del resguardo y advierten que se ‘tomarán las medidas pertinentes de justicia’. 

Es precisamente en los escenarios de denuncias por violencia sexual donde se incrementa el riesgo contra la prensa, y particularmente contra las mujeres periodistas. Por esto advertimos de una situación de alta vulnerabilidad para Katia Ospino y la urgencia en atender su riesgo diferenciado.  

Los señalamientos en contra de la prensa son especialmente lesivos cuando provienen de autoridades que tienen una alta influencia en las comunidades. Estos mensajes desacreditan la labor de los y las periodistas, obstaculizan la relación fuente periodista y pueden ser entendidos por terceros como autorizaciones para atentar contra su integridad. En este sentido, la estigmatización sobre la prensa promueve la autocensura y el silenciamiento de temas que son de altísimo interés público como los investigados por Ospino. 

Si bien las autoridades indígenas tienen autonomía sobre el funcionamiento de la justicia en sus territorios, a partir del reconocimiento de la jurisdicción indígena, esto no da aval para censurar la labor de la prensa que denuncia posibles actos de violaciones de derechos humanos. 

La FLIP hace un llamado a las autoridades y representantes del pueblo arhuaco de abstenerse de señalar de manera pública e injustificada a los medios de comunicación y periodistas. Así mismo, la FLIP le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue las amenazas reportadas por la periodista. La Unidad Nacional de Protección debe tener en cuenta estos nuevos hechos dentro de la evaluación de riesgo de Ospino con el fin de implementar las medidas que sean más idóneas para garantizar su seguridad.