Balance de elecciones regionales 2019: los funcionarios públicos fueron el máximo agresor de la prensa

Durante el transcurso de la campaña electoral y en el día de las votaciones, la FLIP registró 44 violaciones a la libertad de prensa. Esta cifra duplica el número de agresiones registradas en 2015, cuando se realizaron las últimas elecciones regionales, en las que la FLIP documentó 22 agresiones. Este año los agresores más frecuentes fueron los funcionarios públicos con 16 casos.

Durante la campaña electoral, predominaron las agresiones violentas, siendo la amenaza la más común de ellas con doce casos, dos de las cuales vinieron de políticos. Los departamentos con más agresiones fueron Nariño y Santander.

Por su parte, en el día de las elecciones, la FLIP registró una agresión física por parte de miembros de la Policía a periodistas en Arauca. Sin embargo, la violación más frecuente fue la obstrucción, con 15 casos. Los mensajes confusos, el desorden institucional y el autoritarismo hicieron de la Registraduría y la Policía los agresores más frecuentes de la prensa en estas elecciones.

Las obstrucciones en el día de las elecciones estuvieron parcialmente motivadas por un días antes de las elecciones disponiendo reglas “para el normal desarrollo de las elecciones”. Sin embargo, siguiendo la tendencia de otros años, el decreto establecía restricciones ilegítimas a la libertad de expresión, como la que exigía que los reporteros estuvieran “debidamente acreditados” por la Registraduría para poder hacer cubrimiento.

Si bien dos días antes de las elecciones el Ministerio modificó este punto del decreto, el mensaje confuso tuvo un efecto en las elecciones: varios periodistas en el país reportaron que se les prohibió el acceso por no contar con una credencial de la Registraduría. En otros casos, funcionarios de la Registraduría o de la Policía impidieron que los reporteros realizaron entrevistas a los votantes o a los jurados de votación, a pesar de que no existe ninguna prohibición legal en este sentido. Finalmente, otros funcionarios restringieron el registro audiovisual por parte de periodistas, a pesar de estar autorizados para ello, siempre que no se afecte el derecho al voto secreto.

Lo anterior llevó a que la Registraduría y la Policía fueran responsables del 92% de las obstrucciones en el día de las votaciones documentadas por la FLIP. Algunas obstrucciones se superaron luego de que la FLIP o los periodistas explicaran a los funcionarios las garantías institucionales y constitucionales que protegen el ejercicio del periodismo. Lo anterior demuestra que esta clase de obstrucciones serían evitables si antes de las elecciones los funcionarios recibieran una orientación precisa sobre los derechos de la prensa.

La Registraduría también creó la aplicación "Infovotantes" para compartir toda la información relativa a las elecciones territoriales 2019, mostrando, entre otras cosas, información sobre los resultados electorales. Sin embargo, a pesar de que esta información es de carácter público, dentro de los términos y condiciones de la aplicación se prohíbe "la utilización de los textos, imágenes o cualquier elemento de la aplicación para su posterior inclusión parcial o total, por parte de terceros" ajenos a la Registraduría Nacional del Estado Civil. La prohibición desconoce el carácter público de los resultados electorales y el derecho que tiene la ciudadanía a acceder a dicha información.

Estas violaciones a la libertad de prensa son inaceptables, sobre todo proviniendo de entidades y funcionarios encargados de la garantía del trabajo periodístico.

La FLIP hace un llamado a la Procuraduría para que se investiguen estos hechos. Además, exige al Ministerio del Interior, a la Registraduría y a la Policía que adecúen sus acciones para las próximas elecciones y que sean garantes de la labor periodística. Es indispensable que los servidores públicos reciban capacitaciones para no obstaculizar el trabajo de la prensa. Así mismo es importante que las regulaciones electorales se abstengan de establecer restricciones ilegítimas a la libertad de expresión y que se emitan con la suficiente antelación para que la ciudadanía y las mismas instituciones tengan pleno conocimiento de ellas.

Finalmente, la FLIP conmina a los nuevos gobernantes que se posesionarán el próximo primero de enero para que desde el inicio de su mandato sean garantes del ejercicio periodístico y la libertad de expresión de los periodistas en Colombia. Las sociedades democráticas necesitan que los ciudadanos puedan encontrar pluralidad en la información y las opiniones que se difunden a través de los medios de comunicación.