FLIP condena estigmatizaciones al periodista Nicholas Casey

 

El sábado 18 de mayo The New York Times publicó una nota del periodista Nicholas Casey sobre políticas del ministerio de Defensa de Colombia advirtiendo sobre el riesgo de que se repita un fenómeno de ejecuciones extrajudiciales de civiles, que se conoció como “falsos positivos”.

Esa misma mañana, los congresistas del Centro Democrático María Fernanda Cabal y Juan David Vélez publicaron en sus cuentas de Twitter unos trinos estigmatizantes contra Casey, incluyendo en ellos imágenes donde se observa la presencia del fotógrafo Federico Ríos, quien también trabaja para el diario neoyorquino.

En dichas publicaciones, los congresistas sugieren, a través de preguntas, que los reporteros habrían recibido dinero de las FARC para publicar información falsa. Tras la publicación de los trinos, Casey y Ríos recibieron múltiples acusaciones y estigmatizaciones por parte de usuarios de Twitter. Ese mismo día el The New York Times expresó que el diario no toma partido en ningún conflicto político en ninguna parte del mundo, resaltando que también ha escrito fuertes historias contra las FARC y grupos rebeldes.

El domingo 19 de mayo, Casey y Ríos hicieron público que tomaron la medida de salir del país dadas las acusaciones de la senadora Cabal y el representante Vélez. Esa tarde, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez publicó en Twitter que el gobierno de Iván Duque es respetuoso con la libertad de prensa y que las posiciones individuales de terceros no son las del gobierno y, por tanto, ningún periodista debe abandonar el país por cuenta de sus publicaciones. También Francisco Barbosa, Consejero presidencial para los derechos humanos, sostuvo que el gobierno no acepta las amenazas contra la libertad de expresión y que cualquier acto que viole los derechos humanos será rechazado por el gobierno.

En relación con estos hechos la FLIP rechaza cualquier estigmatización a Casey y Ríos, y se permite compartir la siguiente información al respecto:

1. Durante años, la FLIP ha llamado la atención sobre el riesgo que causan las estigmatizaciones provenientes de funcionarios públicos y líderes políticos. Esta clase de señalamientos en los que sin prueba que lo acredite se vincula a los periodistas con acciones u organizaciones ilegales son muy peligrosos ya que pueden ser entendidas como señal de permisividad para que terceros comentan agresiones en contra de la prensa.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo en el caso Ríos y otros v. Venezuela que "las personas que trabajan para determinado medio de comunicación social pueden ver exacerbadas las situaciones de riesgo a las que normalmente se verían enfrentados, si ese medio es objeto de discursos oficiales que puedan provocar, sugerir acciones o ser interpretados por funcionarios públicos o por sectores de la sociedad como instrucciones, instigaciones, o de cualquier forma autorizaciones o apoyos, para la comisión de actos que pongan en riesgo o vulneren la vida, seguridad personal u otros derechos de personas que ejercen labores periodísticas o de quienes ejercen esa libertad de expresión”. El acatamiento de estos estándares es imperativo para el Estado colombiano en el seno de sus compromisos ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

2. Lo anterior, por supuesto, no quiere decir que los funcionarios no puedan criticar a la prensa o cuestionar la veracidad de lo dicho, sino que tienen la obligación de tramitar sus diferencias con los periodistas a través de solicitudes de rectificación o presentando argumentos y pruebas. Velando siempre por mantener en su discurso un tono favorable a la deliberación pública y evitando que sus declaraciones abran la puerta a ataques contra el periodismo.

Al respecto de este asunto, los relatores especiales para la libertad de expresión de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana, de la Comisión Africana y de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa publicaron en 2018 una declaración conjunta en la que sostuvieron que “[e]s legítimo que los políticos y los funcionarios públicos formulen críticas, correcciones u objeciones con respecto a reportajes específicos en los medios. Sin embargo, cuando lo hagan, siempre deben tener cuidado de asegurar que sus comentarios sean precisos, evitar la estigmatización y la desacreditación de los medios y no amenazar a periodistas ni socavar el respeto de la independencia de los medios de comunicación”. Esta es la exigencia de los estándares internacionales sobre libertad de expresión.

3. Independientemente de la posición que se tenga sobre el artículo de Casey, es innegable que la publicación trata un asunto del más alto interés público. Esta circunstancia hace que los estándares constitucionales e interamericanos la consideren como un discurso especialmente protegido.

En el caso Usón Ramírez v. Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que "las expresiones concernientes al ejercicio de funciones de las instituciones del Estado gozan de una mayor protección, de manera tal que se propicie el debate democrático en la sociedad”. En dicha decisión, la Corte resaltó la mayor protección que el Estado debe dar al ejercicio de la libertad de expresión en una sociedad democrática frente a publicaciones que involucren a instituciones militares y sus miembros.

4. Es importante destacar el rol que cumplen los corresponsales de medios internacionales, quienes pueden ayudar a visibilizar historias en entornos dominados por la autocensura. Cuando desde voces potentes del Estado se estigmatiza a un periodista que logra llevar al debate público asuntos de tan alto interés público, se activa un efecto inhibitorio que afecta tanto al reportero involucrado como a otros periodistas y medios de comunicación que pueden preferir callarse ante el miedo de posibles agresiones en su contra. En este sentido la estigmatización tiene un efecto aleccionante y de autocensura en el debate público. En últimas, la afectación no es solo para la prensa sino también para la ciudadanía que se pierde de conocer y debatir informaciones y opiniones que son de su interés.

En su informe Violencia contra periodistas y trabajadores de medios (2013), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH sostuvo que “una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno. De igual forma, es fundamental que las autoridades condenen enérgicamente las agresiones contra periodistas y alienten a las autoridades competentes a actuar con la debida diligencia y celeridad en el esclarecimiento de los hechos y en la sanción de los responsables".

La FLIP hace un llamado a los funcionarios y líderes políticos para que cuiden del ambiente en el que se ejerce la libertad de expresión en Colombia, les invitamos a que tramiten sus controversias con los medios siendo conscientes del poder de su voz y los efectos que pueden provocar en sus seguidores. Para ello es fundamental que  se abstengan de hacer declaraciones estigmatizantes en contra de la prensa. Sobre este caso la FLIP solicita una observación especial por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.