Durante las jornadas de trabajo en el periódico La Patria en Manizales, Caldas, había un sonido particular que se escuchaba por encima de los teclados. Se trataba de unos pasos firmes y afanados que merodeaban las impresoras del diario: “Ahí viene Orlando“, diría la periodista Martha Lucía Gómez, refiriéndose a su colega y jefe, Orlando Sierra, quien fue asesinado hace diecinueve años, víctima de la corrupción política. 

El 30 de enero de 2002, mientras llegaba de almorzar junto a su hija, en frente de la sede del diario, dos disparos apagaron su andar, sus bromas y su pluma. Tras el ataque, Orlando fue trasladado de urgencia al Hospital de Caldas e intervenido quirúrgicamente. Para Martha, en La Patria el ambiente se permeó de angustia, miedo y tristeza, mientras se trabajaba en la publicación del día. “Cuándo nos preguntan cómo hicieron periódico, yo ni sé cómo. Hacer periódico esos tres días fue terrible”, aseguró la periodista. Finalmente, y tras dos días en coma, el 1 de febrero, el periodista falleció en la unidad de cuidados intensivos. 

Orlando, el periodista incómodo

A sus 42 años el periodista, filósofo y escritor ocupaba la subdirección de La Patria, donde también se dedicaba a la opinión. En su columna Punto de encuentro realizaba críticas a la clase política del departamento de Caldas. Era un gran conocedor tanto de los casos de corrupción como de la cotidianidad de la región. “Para la comunidad él era como el faro de la verdad, escribía lo que nadie se atrevía”, afirma Gómez. 

Orlando contaba con el talento de encontrar titulares para cada historia. Era un apasionado por las letras y, en especial, un jefe exigente. Alba Nelfy Bernal, amiga y compañera de Orlando en el diario, recuerda cómo él, desde la puerta de su oficina, les expresaba su enojo. “Le tiraba a uno zapatos. En medio de todo, era chistoso, era muy enérgico pero no lo hacía de maldad. Le gustaba que las cosas salieran bien”, recuerda Alba.

Siempre estaba atento a la noticia. Entre sus conocidos, Orlando destacaba como un hombre de un humor singular e inquieto, rebosaba energía y una sagacidad que lograba picar a las clases dirigentes de Manizales. Alba cuenta que “él se volvió la piedra del zapato para muchos aquí, porque empezó a denunciar todas las corruptelas y las arbitrariedades que hacían aquí en la ciudad y en el departamento”.

La manera que tenía de escribir y, como algunos llaman, su “desfachatez” para denunciar, lo convirtieron en una incomodidad recurrente en el caminar de los poderosos. En particular para Ferney Tapasco, político que controló durante veinte años la Asamblea de Caldas. Gracias a una columna hecha por Orlando, en 1998, se descubrió la nulidad en su elección como diputado y, posteriormente, se logró la pérdida de su investidura.

Su labor periodística le ocasionó momentos de temor. En una oportunidad Tapasco agredió físicamente a Orlando: le quitó las gafas y las pisoteó en el suelo. Nelfy, su amiga, afirma que pese a que él manifestaba su miedo en sus escritos aún así seguía atento a la realidad política de la región.

Proyecto Manizales, un triunfo

Su muerte fue un precedente para el diario y para sus compañeros. Desde el momento de su asesinato, comenzó a conformarse un equipo mediático que contó con el apoyo de periodistas de La Patria, Semana, Cambio, El Espectador, El País, El Colombiano y El Tiempo. Todo con el fin de hacer reportería para esclarecer el caso. “Este movimiento lo que hizo fue presionar para que se esclareciera lo más pronto posible quién era el autor intelectual, porque el autor material lo cogieron”, afirmó Alba Nelfy refiriéndose a Luis Fernando Soto, el joven que disparó contra Orlando, y quien fue reconocido rápidamente, ya que quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector. 

Efectivamente, la movilización periodística y la presión de sus compañeros contribuyó a que la muerte de Orlando no cayera en el olvido. Entre los más de 160 casos de asesinato a periodistas de los que la FLIP tiene registro, el de Orlando es el único en el que hay una condena a toda la cadena criminal; es decir, desde quien accionó el arma hasta quien dio la orden. “Para mí la suerte que tuvo ese proceso se logró gracias a que el caso de Orlando se mantuvo siempre vigente, ahí en la línea de trabajo. Ese fue el éxito”, explicó Martha. 

Y aunque Ferney Tapasco pretendía quedar en libertad alegando que el Tribunal Superior de Manizales no le había garantizado el derecho a la doble instancia, pero, para el 25 de septiembre de 2019, la Corte Suprema negó la petición. Actualmente, el caso se encuentra cerrado y Tapasco González, reconocido como el autor intelectual del asesinato, fue sentenciado a 36 años y tres meses de cárcel. Mientras que los hermanos Fabio y Jorge Hernando López Escobar, fueron condenados por complicidad, a una pena de 28 años y 10 meses, al haber contratado a la banda sicarial, según la Fiscalía.

En la FLIP no olvidamos los ataques y pedimos justicia por los periodistas que han sido asesinados por culpa de la violencia y de la corrupción política. La celeridad en los procesos no debería depender de acciones de terceros, como lo fue en el caso de Orlando. Esta garantía la debe otorgar el Estado en los cientos de casos de periodistas asesinados que aún se encuentran en la impunidad.

El pasado 6 de diciembre, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar condenó a John René Gélvez Gélvez, alias "Orbitel", a 80 meses de prisión por el delito de amenazas contra los periodistas Juan Pablo Latorre y Katherine Leal. Esta es la cuarta sentencia que se emite en lo corrido del año por amenazas contra periodistas y es la condena más alta. 

Gélvez admitió haber amenazado telefónicamente a Latorre y a Leal desde el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, donde se encuentra recluido. Esta es la segunda sentencia en contra de Gélvez por hechos similares. En agosto de este año, fue condenado a 53.33 meses de prisión por amenazar al periodista Jorge Eduardo Espinosa Ahumada.

Los cuatro fallos se enmarcan en la estrategia de priorización de investigación y judicialización de amenazas contra defensores de derechos humanos, creada por la Fiscalía General de la Nación en la Resolución 00339 de 2018. En este momento continúan en etapa de juicio otros casos por amenazas contra los periodistas Claudia Gurisatti, Luis Carlos Vélez, María Jimena Duzán y Juanita Gómez.

La FLIP reconoce el trabajo realizado para avanzar en la investigación y judicialización de las amenazas contra periodistas. No obstante, vale la pena señalar que de los casos reportados a la FLIP en 2018 de amenazas el 99% permanece en la impunidad. En consecuencia, la FLIP hace un llamado a la Fiscalía y a las autoridades judiciales para que continúen y amplíen sus esfuerzos en el tema, la lucha contra la impunidad por estos hechos es fundamental para la garantía de la libertad de prensa en Colombia.

El pasado 28 de octubre de 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá profirió fallo de segunda instancia, confirmando la pena impuesta a Jesús Emiro Pereira Rivera, alias ”Huevoepizca”, a 40 años y seis meses de prisión por los delitos de secuestro, tortura y acceso carnal violento y a Alejandro Cárdenas Orozco, alias “J.J”, a 30 años por el delito de acceso carnal violento, contra de la periodista Jineth Bedoya cuando realizaba un cubrimiento periodístico en la cárcel La Modelo de Bogotá el 25 de mayo del año 2000.

Los procesados habían apelado el fallo de primera instancia argumentando que las pruebas practicadas no comprobaban la existencia de las conductas y la responsabilidad de los condenados.

La Fiscalía General de la Nación y la FLIP solicitaron al Tribunal confirmar la decisión adoptada por el juez de primera instancia, pues existen pruebas directas que vinculan Cárdenas y Pereira en la participación de los hechos. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, luego de analizar las múltiples declaraciones brindadas por víctima, concluyó que no quedaba duda sobre la ocurrencia de las conductas delictivas y de la participación de los procesados en las mismas.

Sin embargo, en virtud del principio de legalidad, el Tribunal decidió no clasificar las conductas como delitos de acceso carnal violento y tortura en persona protegida, pues estos tipos penales fueron incorporados mediante una norma que no estaba vigente al momento de los hechos. Por lo anterior, resolvió condenarlos por los delitos de acceso carnal violento agravado y tortura, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 100 de 1980. Pese a lo anterior, el monto de la pena se mantuvo, pues el juez de primera instancia al momento de fijar la sanción, utilizó las penas establecidas para dichos delitos en el Decreto Ley 100.

Por otro lado, el Tribunal compulsó copias para que se investigue la posible comisión del delito de prevaricato por acción, por parte de la funcionaria de la Fiscalía General de la Nación, quien el 1 de junio de 2015 precluyó la investigación y ordenó la libertad inmediata de Alejandro Cárdenas Orozco. La actuación de la fiscal es cuestionada pues para la fecha Cárdenas Orozco había aceptado los cargos por los delitos de secuestro y tortura, razón por la cual la funcionaria únicamente era competente para remitir la actuación a los jueces de conocimiento.

La FLIP reconoce la importancia de la decisión adoptada por el Tribunal y hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que avance en la investigación de los demás autores materiales y determinadores de los hechos de los que fue víctima la periodista, incluyendo la investigación ordenada por el Juzgado Quinto Especializado de Bogotá contra el General (r) José Leonardo Gallego.