Hace tres años, el presidente de Ecuador Lenín Moreno confirmaba la muerte de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico del diario El Comercio. Durante estos años el Estado colombiano le ha fallado una y otra vez a las familias de las víctimas. La verdad, la justicia y la reparación se encuentran ausentes en este caso.

El pasado martes 4 de agosto el Juzgado Primero Penal Municipal de Tumaco le concedió la libertad por vencimiento de términos a Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry. Angulo Arboleda se encontraba con medida de aseguramiento por el juicio que se adelanta por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir, en el caso del secuestro y homicidio de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico del diario El Comercio. Los crímenes ocurrieron en marzo y abril de 2018 en la frontera entre Colombia y Ecuador.

El 17 de junio de 2020, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tumaco, en decisión de segunda instancia, concedió la libertad por vencimiento de términos a favor de Gustavo Alonso Ospina Hernández, alias Barbas. El juez consideró que la Fiscalía General de la Nación no cumplió con uno de los requisitos exigidos para dar aplicación a la Ley 1809 de 2018, según el cual se debe contar con la certificación del Consejo de Seguridad Nacional sobre la calificación del Frente Oliver Sinisterra como un grupo armado organizado.

La ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo, y el presidente Lenín Moreno informaron en Twitter sobre la captura de un hombre que supuestamente participó en el secuestro de Javier Ortega Reyes, Paúl Rivas Bravo y Efraí;n Segarra Abril.

En la mañana de hoy, 11 de abril de 2018, algunos medios de comunicación colombianos publicaron información en la que se afirmaba que los tres trabajadores de El Comercio de Ecuador, quienes fueron secuestrados el pasado lunes 26 de marzo, habrían sido asesinados. Sin que se hubiera confirmado su autenticidad, en redes sociales circuló un comunicado firmado por el grupo disidente “Frente Oliver Sinisterra FARC-EP” en el que afirmaban que el periodista, el reportero gráfico y el conductor habrían muerto.

En posterior rueda de prensa, el ministro del Interior de Ecuador, César Navas, dijo que “se están realizando las verificaciones tanto de la veracidad de los hechos descritos ahí como también del origen de la fuente de este documento”.  Así, el gobierno ecuatoriano afirmó estar realizando acciones de verificación. 

Respecto a esto, las organizaciones abajo firmantes presentamos los siguientes planteamientos:

1.  El grupo disidente “Frente Oliver Sinisterra FARC-EP” debe liberar de manera inmediata e incondicional a los trabajadores del diario El Comercio de Quito.
   
   
2. Reafirmamos nuestro compromiso y solidaridad con los familiares y hacemos un llamado a todos los actores políticos para rodearlos en su dolor.
   
   
3. Es inadmisible la forma en la que los gobiernos de Colombia y Ecuador han manejado la información pública relacionada con el paradero de los periodistas. Durante estos 16 días las autoridades ecuatorianas señalado que los periodistas se encuentran en territorio colombiano en contradicción a lo planteado por las autoridades colombianas que han afirmado que los periodistas se encuentran del lado ecuatoriano de la frontera. Los gobiernos no pueden continuar evadiendo responsabilidades mientras entregan información contradictoria a los medios de comunicación. El gobierno ecuatoriano no puede pretender ser la única fuente de información.
   
   
4. Así como el gobierno de Ecuador declaró que no se han realizado operaciones ofensivas en contra de los secuestradores, el gobierno de Colombia debe rendir un informe detallado sobre las operaciones militares realizadas contra las disidencias de las Farc en la región en los últimos 16 días.
   
   
5. En el marco de la Cumbre de las Américas los gobiernos de Ecuador y Colombia deben entregar a la opinión pública un reporte sobre todas las acciones emprendidas para la liberación de los secuestrados.
   
   
6. Es urgente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgue medidas cautelares para la protección de los reporteros atendiendo a la solicitud presentada por Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa.

Fundamedios
Fundación para la libertad de prensa  (FLIP)
Reporteros Sin Fronteras (RSF)
Comité para la Protección de Periodistas (CPJ)