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Ministro Alejandro Ordóñez convierte un canal oficial del Estado en herramienta para intimidar a la prensa

Ministro Alejandro Ordóñez convierte un canal oficial del Estado en herramienta para intimidar a la prensa

El Frente

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Thursday, 19 November 2026

Ministro Alejandro Ordóñez convierte un canal oficial del Estado en herramienta para intimidar a la prensa

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza categóricamente que el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, haya usado la cuenta oficial de su cartera para desacreditar a Daniel Coronell, luego de su discurso en la ceremonia de los Premios Simón Bolívar, del 18 de noviembre. Es inaceptable que desde un canal del Estado, un ministro cuestione la credibilidad de un periodista, le advierta que “asuma las consecuencias” por su trabajo y, condicione el respeto del Gobierno solo al periodismo “que actúa con la verdad”. Aún más grave, que haya mencionado la asignación de los recursos públicos. Esto es un uso abusivo de la autoridad del cargo y una afrenta a la libertad de prensa.

En el mensaje publicado en la cuenta oficial del Ministerio, y que aparece firmado con el nombre del ministro, Ordóñez respondió a las advertencias hechas por Coronell sobre las presiones que llevan a la prensa a autocensurarse. El ministro respondió a esa denuncia con un ataque personal, atribuyó las críticas del periodista a la pérdida de supuestos beneficios económicos y puso en duda su integridad profesional. Además, afirmó que el Gobierno no destinaría recursos públicos a lo que llamó como “mentira disfrazada de información”, dando a entender que el Gobierno debe determinar qué es verdadero o falso de las noticias publicadas por los medios.

Al publicarlo en la cuenta oficial, Ordóñez comprometió al Ministerio del Interior y utilizó la voz de una entidad que tiene responsabilidades en la protección de periodistas para exponer y desacreditar a uno de ellos. La Corte Constitucional ha recordado que quienes ejercen autoridad tienen deberes reforzados al pronunciarse en público, precisamente por el alcance de sus palabras y el poder del cargo desde el que hablan. Al difundir esa advertencia desde la cuenta oficial del Ministerio, Ordóñez usó la autoridad de su cargo para intimidar a Coronell y, así mismo, a la prensa crítica. El mensaje también llega a las redacciones que investigan al Gobierno y puede disuadirlas de publicar información de interés público por temor a represalias o señalamientos públicos a través de los canales oficiales.

También es inadmisible que, en ese mismo mensaje, el ministro invoque la pauta oficial para advertir qué clase de periodismo está dispuesto a financiar el Gobierno. Esto es aún más preocupante luego del trino publicado por Carlos Suárez Rojas, el pasado 12 de noviembre, en el que se relaciona la asignación de los recursos públicos en pauta de acuerdo con el cubrimiento que hacen los medios de comunicación. Estos recursos deben asignarse con criterios objetivos y transparentes. Usarlos para premiar la aprobación o castigar el escrutinio es una forma de censura indirecta, como ha advertido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) le exige a Alejandro Ordóñez que retire la publicación y se retracte de sus señalamientos contra Daniel Coronell desde la misma cuenta oficial. Así mismo, le pide al presidente Abelardo de la Espriella que rechace lo ocurrido y garantice que los canales institucionales de su Gobierno se usen con respeto por la libertad de prensa. Por otro lado, la FLIP le solicita a la Procuraduría General de la Nación que examine el uso indebido que el ministro hizo de la cuenta del Ministerio, pues los funcionarios tienen la obligación de cuidar que sus declaraciones no ataquen ni expongan a la prensa a mayores riesgos.

Así mismo, la Fundación expresa su solidaridad con Daniel Coronell por lo ocurrido que, ante los constantes ataques a la prensa, debe indignar a toda la sociedad, especialmente luego de espacios donde se exalta el periodismo crítico en el país . Cuando un ministro usa el poder de su cargo para intimidar a quien lo cuestiona, también pone en riesgo el derecho de la ciudadanía a saber qué hace el Gobierno con el poder y los recursos que se le han confiado.