El acoso digital afecta a periodistas, lo que se traduce en censura y autocensura y es una forma de violencia. Confrontaciones, estigmatizaciones y campañas de desprestigio en redes sociales son algunas de las estrategias que se utilizan, de manera coordinada, en contra de periodistas. Este fenómeno ocurre en Colombia y también se repite en otros países.

En los últimos cinco días, Orlando Villar, jefe de redacción de Caracol Radio y periodista de La Luciérnaga, ha recibido cerca de cien mensajes intimidantes en sus redes sociales como consecuencia de los señalamientos del senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como ‘Jota Pe Hernández’. El senador ha estigmatizado a Villar y al medio de comunicación a propósito del artículo ‘Diputado salvadoreño revela cómo senador Jota Pe pidió invitación para posesión de Bukele’, que desmentía la presencia de Hernández en la posesión del presidente salvadoreño.

Rechazamos la difusión del contenido estigmatizante en contra de Semana y su directora Vicky Dávila por parte del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. El pasado 26 de mayo, Velasco compartió en su cuenta personal de X una imagen en la que se vincula a la periodista con grupos armados al margen de la ley.

Durante las últimas semanas en la FLIP hemos documentado diversos señalamientos y calificativos en redes sociales por parte del presidente Gustavo Petro, altos funcionarios públicos y miembros de la coalición de Gobierno, que estigmatizan la labor del periodismo en el país. Con estas afirmaciones, que generalizan la labor de los y las periodistas en Colombia, se agudiza el clima de hostilidad hacia la prensa, con lo cual se desconoce la obligación que tiene el Estado, y particularmente el Presidente, de garantizar condiciones óptimas para el ejercicio de la libertad de prensa.

En las últimas tres semanas, el sitio web de CAMBIO ha sido víctima de al menos cuatro ciberataques que han sacado su contenido de circulación de manera temporal. La plataforma del medio ha sido blanco de hasta 550 millones de solicitudes, desde diez países diferentes, para eliminar información de su página principal y, específicamente, una investigación publicada en julio de 2023 sobre Oncocit, una empresa internacional que estaría estafando a pacientes con cáncer.

Rechazamos los comentarios misóginos y expresiones machistas realizadas por el streamer Luis Villa, conocido como ‘Westcol’, hacia las periodistas de la Revista Semana, Paola Vega y Juanita Gómez, durante una transmisión que realizó en redes sociales el 13 de marzo.

En la última semana, tres periodistas han sido objeto de amenazas y acoso en línea por parte de Luis Villa, conocido como "WestCol", y sus seguidores, en respuesta a una publicación realizada en los medios Publimetro y Última Hora Col. La publicación se refería a una foto compartida por Villa en sus redes sociales, donde se mostraba a un gallinazo amarrado en el cuello con un texto que planteaba la pregunta: "Nueva mascota. ¿Cómo le ponemos?"

Ayer, 24 de agosto, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Ariel Ortega, quien en 2018 compartió en su cuenta de Twitter mensajes en contra de los periodistas Julio César González (conocido como Matador), Daniel Samper Ospina y María Antonia García de la Torre. En las publicaciones se hacía alusión a la falta que hacían las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para callar a la prensa. Esta decisión no evalúa el impacto de mensajes violentos en línea contra la prensa porque desconoce las dinámicas propias de las interacciones en Internet. 

El año pasado,, Ortega fue condenado a 76 meses de prisión, pero su defensa apeló la decisión. En el proceso, Ortega negó que los mensajes hubieran sido emitidos por él; sin embargo, para el Tribunal no hay duda de que él es el autor de las publicaciones. No obstante, el juez decidió que dichos mensajes no constituyen el delito de amenaza, pues consideró que no tenían una probabilidad de llevarse a cabo, ya que para él las AUC están extintas y Ortega no tiene ningún poder sobre grupos armados ilegales.

Sin embargo, para la FLIP esta decisión no tiene en cuenta que los mensajes de Ortega son violentos y podrían ser tomados por otros usuarios como determinación para actuar en contra de los y las periodistas. La Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido consistente en identificar que los actos de violencia contra periodistas generan un efecto amedrentador y vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información. Para la FLIP estos mensajes también pretenden que los periodistas dejen de participar de espacios cívicos como las redes sociales.

El ciberacoso contra la prensa es una problemática en aumento a nivel mundial. De hecho, en mayo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya reconoció la existencia de la violencia en línea contra periodistas y el efecto diferenciado que tiene en las mujeres. En el 2019 la FLIP documentó 82 de estas agresiones; 117 en 2020; 114 en 2021 y, a corte de julio de 2022, van 122. 

Hacemos un llamado para que el gobierno nacional impulse la formación especializada en libertad de expresión de jueces, juezas, fiscales y otros operadores y operadoras de justicia. El rol de los jueces es central para la protección de la prensa y la creación de espacios seguros de participación, tanto para la prensa como para toda la ciudadanía.

También le hacemos un llamado a la delegada de la Defensoría del Pueblo para la Protección de Derechos en Ambientes Digitales y Libertad de Expresión, para que haga un diagnóstico urgente de la violencia en línea contra la prensa. A partir de esto considere formular recomendaciones enfocadas en la protección de los derechos de la prensa, que articulen al Estado para dar una respuesta preventiva y de protección.

La FLIP valora de manera positiva la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 26 de mayo de 2022. Por primera vez, una autoridad judicial reconoce que en Colombia existe un marcado patrón de violencia en línea, ejercido en redes sociales, contra mujeres periodistas. Además, estableció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los Comités de Ética pueden sancionar a partidos y movimientos políticos y políticos, respectivamente, por utilizar o permitir este tipo de violencia para el ejercicio de la participación política y electoral. Ambos deben, conforme a sus competencias, adoptar los correctivos pertinentes en aras de cesar este tipo de violencia.

En octubre de 2020, la FLIP interpuso una acción de tutela, en representación de nueve comunicadoras, en la que se exponía el problema de la violencia en línea contra mujeres periodistas por parte de actores políticos. Estas acciones tuvieron un impacto negativo sobre la libertad de expresión e inhibieron la participación de las periodistas. Indistintamente de su origen y de sus líneas editoriales, todas sufrieron ataques en línea que fueron difundidos y alentados por líderes políticos, como represalia a su oficio; las agresiones buscaban desacreditar su trabajo. Esta violencia en línea y  de género, fue avalada por la pasividad de movimientos y partidos políticos y del CNE, que no adoptan medidas tendientes a sancionar y excluir este tipo violencia.

Destacamos cinco determinaciones claves de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca:

1. Reconoce que la violencia en línea es un fenómeno que, de forma creciente, afecta la privacidad y seguridad de las mujeres periodistas. El tribunal reconoció que esta violencia en línea se produce mediante el “uso inadecuado e irresponsable de las redes sociales, especialmente en el ejercicio de la actividad política”.
   
   
2. Las agresiones en línea siguen un patrón en donde los comentarios de líderes y figuras políticas son determinantes en su amplificación.
   
   
3. Aclara la ruta para denunciar los actos de violencia de actores políticos. Explicó que no existe un mecanismo especial para denunciar la violencia en línea de actores políticos pero que se puede reportar a través del derecho de petición. La ciudadanía y la prensa pueden acudir a los comités de ética de los partidos y movimientos políticos y del CNE, respectivamente, las faltas de los integrantes de dichas organizaciones políticas y aquellas cometidas por los partidos y movimientos políticos, cuando se advierta que han asumido una actitud permisiva respecto al uso o incitación a la violencia en línea.
   
   
4. Establece que el CNE y los comités de ética tienen competencia para sancionar a partidos y movimientos políticos y a sus afiliados, respectivamente, y deben adoptar un papel más proactivo en aras de prevenir y sancionar la incitación de la violencia en línea en ejercicio de la actividad política.
   
   
5. Dispone diversas medidas para prevenir que las redes sociales de miembros y afiliados a partidos políticos, se conviertan, amparados en una falsa legitimación del ejercicio de la actividad política, en instrumentos de violencia contra la mujer periodista.

Esta decisión se convierte en un importante precedente y sienta las bases para abordar el fenómeno de la violencia en línea, que impacta de manera diferencial a periodistas mujeres, y que, además, se incorpora dentro de la actividad política y pone en riesgo la participación de las mujeres en espacios públicos y la vida democrática. Esto ha sido condenado recientemente por parte de los Relatores y Expertos de Libertad de Expresión. La violencia contra la prensa como parte de la actividad electoral tiene un efecto inhibidor directo sobre el debate público.

La garantía de espacios seguros donde las mujeres puedan participar libres de violencia podrá ser desarrollada en mayor medida por la Corte Constitucional, que decidirá el caso en sede de revisión. La Corte ya conocía del caso, pero declaró la nulidad de lo actuado en febrero, por lo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió en primera instancia de nuevo. Ahora, la Corte deberá retomar el caso que fue seleccionado para revisión desde el 29 de junio de 2021.

Esperamos que en su decisión, la Corte dé lineamientos concretos para que partidos, movimientos políticos y las autoridades electorales respondan de forma concreta a las necesidades actuales. Además de la violencia en línea con un componente de género, existe un riesgo de uso de discurso de odio y una narrativa negativa contra la prensa, que es impulsada por mensajes de líderes políticos y funcionarios públicos en sus redes sociales. Esto ha generado un efecto cascada que ha afectado al gremio periodístico en general y a la ciudadanía cuando se informa y opina a través de espacios digitales. Resulta urgente que se adopten medidas para garantizar las condiciones óptimas para la participación y deliberación libre de violencia.