El Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, en su sentencia de primera instancia, le ordenó al periodista Daniel Coronell y a la editorial Penguin Random House a suprimir parte de la información publicada en las nuevas ediciones del libro “Los niños del Amazonas: 40 días perdidos en la selva”, pues consideró que se había vulnerado la intimidad de los menores porque se mencionaban sus nombres y otros datos personales.

Ayer, a través de su cuenta de Twitter, el expresidente Álvaro Uribe Vélez acusó al periodista Daniel Coronell de ser financiado por el narcotráfico, de cometer delitos y de hacer periodismo sesgado. Estos señalamientos son irresponsables y peligrosos pues incrementan su riesgo. Como figura pública Uribe debe abstenerse de emitir mensajes estigmatizantes y acusaciones de este tipo.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresan su preocupación por la seguridad del periodista Daniel Coronell. En días pasados se dio a conocer la conversación entre el abogado Diego Cadena y su hermano Álvaro Cadena en la que señalan que hay que “hacerle una fiesta” al periodista. El CPJ y la FLIP hacen un llamado a las autoridades a investigar con prontitud y precisión el alcance de esta amenaza al ejercicio periodístico de Coronell.

El domingo 29 de septiembre de 2019 el periodista Daniel Coronell publicó en la revista Semana su columna titulada ‘La fiesta sorpresa’, en la cual dio a conocer una grabación de una conversación entre Diego Cadena, uno de los abogados del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, y su hermano Álvaro Cadena. En la interceptación que Coronell manifiesta es legalmente “ordenada y ejecutada por los organismos judiciales” y se encuentra “en manos de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación”, se escucha cuando Álvaro Cadena le sugiere a su hermano “hacerle fiesta a ese hijueputa”, refiriéndose al columnista y a lo que el abogado responde que ya se comunicó con alguien al que llama “Vinagre”. 

Coronell manifiesta que a lo que se refiere Diego Cadena en la grabación es a la columna llamada “Cortinas y realidades” publicada en julio de 2018 en la revista Semana. Por lo que sería ese trabajo periodístico lo que llevó a Cadena y a su hermano a pensar en represalias contra el periodista. En el escrito el columnista denuncia que Cadena habría estado intentando persuadir a un testigo para que cambie su testimonio en un caso de Uribe ante la Corte Suprema de Justicia, además publicó tres fotografías en las que salía Cadena con el senador Álvaro Uribe y que se encontraban en la cuenta de Instagram del abogado. 

De acuerdo a lo anterior, la FLIP y el CPJ dan a conocer que: 

• Estos hechos hacen parte de una serie de intimidaciones que el periodista Daniel Coronell ha recibido por el desarrollo de su labor periodística desde hace varios años que lo llevaron a exiliarse en el 2005.  Hasta la fecha la FLIP ha registrado diez ataques contra el columnista, varias de ellos relacionadas con temas que involucran al senador Álvaro Uribe Vélez.
• El caso del senador Álvaro Uribe Vélez ante la Corte Suprema de Justicia es un tema de alta relevancia nacional para el país y por lo tanto el Gobierno Nacional debe garantizar la seguridad de todos los periodistas que publiquen información relacionada con este proceso. 
• Es deber del Estado colombiano tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del periodista durante su estadía en Colombia. 

El 7 de abril de 2019, el periodista Daniel Coronell publicó la columna '¿Por qué quieren silenciarme?' en la cual denunció que el congresista Álvaro Uribe Vélez presentó una demanda civil en los Estados Unidos en su contra. Esto sucedió luego de que el columnista revelara, en su habitual espacio de la Revista Semana, información relacionada con el expresidente y senador.

En la columna de Coronell se hace referencia a pruebas que acreditarían una instrucción del expresidente Uribe, el 23 de junio de 2018, para “proceder con ése tipo muy drásticamente” —refiriéndose a Coronell— y derivando en el pleito judicial que se inició en contra del periodista en los Estados Unidos.

Desde que la FLIP monitorea casos judiciales contra la prensa, es la primera vez que se registra una prueba sobre la instrucción de un funcionario público para llevar a cabo este tipo de acciones en contra de un periodista. En ese sentido, es importante recordar que organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han catalogado el acoso judicial como un mecanismo de censura indirecta.

La activación de este pleito judicial se suma a los antecedentes de reacciones estigmatizantes y contrarias a estándares internacionales sobre derechos humanos, que en el pasado ya han puesto en riesgo al periodista Coronell.

La FLIP manifiesta su preocupación por el alcance de censura que puede tener este pleito y teme que estas acciones inhiban el debate público al causar restricciones para el trabajo de la prensa en el marco de la democracia. De igual forma, la FLIP expresa su solidaridad con Daniel Coronell.

La FLIP recuerda que el inicio de acciones legales contra periodistas o medios de comunicación, como represalia por hacer publicaciones sobre asuntos de interés público, se conoce como acoso judicial o “pleito estratégico contra la participación pública” (SLAPP).

Lo que se busca con este tipo de agresión, más que una condena contra los periodistas, es intimidarlos y someterlos al desgaste de años de defensa judicial. En este caso, en particular, también resulta preocupante que se activen acciones judiciales en otros países sobre controversias públicas relevantes para la democracia colombiana.

El pasado 5 de marzo, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó tutelar los derechos al buen nombre y la honra del periodista Daniel Coronell. La sentencia da al senador Uribe Vélez un de máximo 48 horas para “rectractarse de las afirmaciones realizadas el 10 de febrero” a través de Twitter.

Ese día, Uribe trinó: “Daniel Coronel procede con una actitud mafiosa para hacer daño electoral, sus negocios con el narcotráfico siguen impunes y me ha demandado porque pienso que sería extraditable”. El tuit era la respuesta pública a una crítica de Daniel Coronell, quien a través de sus columnas en Revista Semana ha denunciado el actuar de Uribe durante su periodo presidencial.

En el proceso, el apoderado de Uribe habría argumentado que los señalamientos los hizo como particular. Ante esto, el Tribunal consideró que “las manifestaciones de un senador, que cuenta con millones de seguidores en la red, no se quedan en un ámbito privado. Trascienden, se propagan rápidamente y repercuten en el ánimo y memoria de la colectividad”.

En el mismo sentido, la sala hizo énfasis en que si Uribe considera las publicaciones de Coronell como injuriosas, debería acudir a las autoridades competentes. Para el magistrado, la forma en la que respondió el senador no es la esperada. “El senador URIBE, si estimaba violada su integridad moral bien hubiese podido ejercer el derecho a la rectificación en condiciones de equidad”, puede leerse en el fallo.

Uribe en su trino vinculó al periodista con acciones ilegales asociadas al narcotráfico. Así no solo estigmatiza a Coronell, sino que lo pone en un riesgo injustificado. Para el Tribunal, la respuesta del senador ataca el buen nombre del periodista relacionándolo, sin pruebas, con actividades ilíciltas.

No es la primera vez que Álvaro Uribe acude a la estigmatización de periodistas como mecanismo ilegítimo para responder a las críticas que le formulan. Tampoco la primera vez que la Justicia le obliga a rectificar sus afirmaciones estigmatizantes. Uribe, como presidente y ahora como senador, ha atacado a Gonzalo Guillén, Hollman Morris, Yohir Akerman, Daniel Samper Ospina, Julián Martínez y Noticias Uno . (Aquí puede ver un recuento detallado de estos señalamientos)

La FLIP exige al senador Uribe acatar el fallo, de igual forma le invita a que responda a las críticas de manera responsable y de acuerdo con los estándares de libertad de expresión. Como persona pública, Uribe tiene el deber de evitar señalamientos que pongan en riesgo a los periodistas y que no contribuyan a una ambiente de respeto a la prensa.

Lea aquí el fallo en línea.