El pasado 9 de septiembre se hizo público que Jesús Emiro Pereira Rivera, alias “Huevo de Pisca”, condenado a 40 años por los delitos de secuestro, tortura agravada y acceso carnal violento contra la periodista Jineth Bedoya, se encuentra prófugo. Ante estos hechos la Fiscalía General de la Nación se ha limitado a informar que Jesús Emiro salió en libertad a causa de una decisión tomada por un magistrado de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín y que a pesar de que esa orden fue revocada poco tiempo después, no conocen el paradero del victimario.

Este lunes 9 de septiembre, el Gobierno de Colombia presentó el Fondo No es Hora de Callar -Ley 2358 de 2024-, creado para financiar programas municipales, departamentales y nacionales orientados a prevenir, proteger y asistir a las mujeres periodistas y comunicadoras víctimas de violencias, en el marco del cumplimiento de la Sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Jineth Bedoya.

Hoy, 7 de marzo, la Cámara de Representantes aprobó en cuarto debate el proyecto de ley que crea el Fondo No es Hora de Callar para la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia de género. Este Fondo hace parte de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Caso Bedoya Lima y otra vs Colombia, y es fundamental para disminuir el déficit de atención diferencial y oportuna de estos casos.

The Inter-American Court of Human Rights (IACtHR) issued a historic ruling in the case of journalist Jineth Bedoya Lima against Colombia, in which it analyzes for the first time the use of sexual violence as a form of silencing and control against a woman journalist in the context of the Colombian armed conflict.

18 de abril de 2022. Seis meses después del fallo de una sentencia histórica por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima en contra del Estado colombiano, culminó la primera ronda de trabajo.

En esta primera fase se mantuvieron diez reuniones con los ministerios y entidades responsables de poner en marcha la implementación de las medidas ordenadas por la Corte IDH, entre los que se encuentran el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Función Pública, MinTIC, Ejército, Policía, Centro Nacional de Memoria Histórica, entre otros.

Este primer ciclo terminó el pasado 4 de abril y la única entidad que no atendió la solicitud de reunión realizada por la Cancillería fue la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía está llamada a cumplir la orden de la Corte y su deber de investigar, determinar, enjuiciar y sancionar a todos los responsables, en los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000, cuando Jineth Bedoya Lima fue interceptada secuestrada y sometida a numerosas agresiones físicas, sexuales y verbales mientras se encontraba cumpliendo labores periodísticas sobre distintos crímenes y violaciones de derechos humanos que ocurrían dentro de la cárcel La Modelo en Bogotá.

Sin la participación activa de la Fiscalía la implementación de la sentencia no será adecuada ni efectiva. A lo largo de estos veinte años, esta entidad ha resultado inoperante frente a los hechos victimizantes, que completan más de dos décadas. Sin avances en las investigaciones resulta imposible proyectar lo que es la columna vertebral de una reparación verdadera y una garantía de no repetición.

Jineth Bedoya Lima y sus representantes (FLIP y CEJIL) reconocen la voluntad y disposición que la Cancillería, a través de sus delegados, ha tenido para iniciar el trabajo de ejecución de las reparaciones. Desde el 31 de enero de 2021, cuando se tuvo la primera reunión con los delegados de Cancillería, se marcó una hoja de ruta para dar inicio a la implementación de cada una de las medidas. Entre estas se encuentran: la creación del “Centro Investigativo No es Hora de Callar”; el diseño e implementación de un sistema público de recopilación de datos y cifras actualizadas sobre de violencia de género y sobre amenazas y violencia contra periodistas y defensores/as de derechos humanos; la creación de un fondo de prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia de género, entre otras.

“El trabajo que se ha podido adelantar sin lugar a dudas nos deja un panorama claro sobre el legado que le vamos a dejar al país, pero sobre la necesidad de hacerle entender también, a este país, que esta es una sentencia colectiva, que no solo beneficia a una persona si no a millones de personas que han tenido que enfrentar el conflicto armado, la violencia sexual y la persecución por su condición de periodistas”, afirma Jineth Bedoya Lima.

Del mismo modo, Jineth Bedoya Lima y sus representantes reconocen y celebran el compromiso de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabeza de la alcaldesa Claudia López, de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, y de la Secretaría Distrital de la Mujer, quienes se comprometieron a apoyar la implementación de la sentencia en la capital del país, y a sumarse específicamente en dos medidas: la consecución del predio y el acompañamiento para la construcción del Centro Investigativo No Es Hora De Callar y el Plan de capacitación y sensibilización a funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y operadores de justicia.

La segunda semana de mayo se dará inicio al segundo ciclo de trabajo, con el que se espera avanzar satisfactoriamente en todas las medidas para que se genere una base sólida en su ejecución.

18 de octubre de 2021, Washington, D.C., Bogotá.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió histórica sentencia en el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima contra Colombia, donde analiza por primera vez el uso de la violencia sexual como forma de silenciamiento y control en contra de una mujer periodista en el marco del conflicto armado colombiano. 

"El 18 de octubre de 2021 pasa a la historia como el día en que una lucha, que empezó por un crimen individual, llevó a la reivindicación de los derechos de miles de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y de mujeres periodistas que dejan parte de su vida en su oficio" señaló Jineth Bedoya, periodista, víctima y sobreviviente.

En su sentencia, la Corte declaró al Estado de Colombia responsable por la violación diversos derechos  incluidos el derecho a la integridad personal, libertad personal, honra y dignidad y libertad de pensamiento y expresión de la periodista Jineth Bedoya Lima, como resultado de los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000, cuando fue interceptada secuestrada y sometida a numerosas agresiones físicas, sexuales y verbales mientras se encontraba cumpliendo labores periodísticas sobre distintos crímenes y violaciones a derechos humanos que ocurrían dentro de la cárcel la Modelo en Bogotá. 

La Corte IDH reconoció la existencia de actos de tortura que tuvieron una clara conexión con su actividad periodística y tenían como fin castigarla, intimidarla y silenciarla. La Corte dio cuenta que las agresiones en contra de la periodista, no solo vulneran su libertad de expresión en el ámbito individual, sino que tuvieron un impacto colectivo, tanto en la sociedad colombiana en su derecho a la información como en otras personas que ejercían el periodismo. Por su parte, en relación con las amenazas que Jineth Bedoya ha recibido al menos desde el año 1999, la Corte resolvió que debido a la falta de investigación estas constituyen actos de tortura.

En su sentencia, la Corte da cuenta de la existencia de indicios graves, precisos y concordantes de la participación estatal en los hechos de tortura física, sexual y psicológica en contra de la periodista. La Corte determinó que estos hechos no pudieron llevarse a cabo sin la aquiescencia y colaboración del Estado, o cuanto menos con su tolerancia. Esto es aún más grave teniendo en cuenta que Jineth investigaba precisamente delitos cometidos en un contexto de criminalidad organizada con intervención de agentes estatales dentro de la cárcel La Modelo.

Debido al grave clima de impunidad y el uso de estereotipos de género y discriminación dentro de la investigación que ha rodeado el caso de Jineth Bedoya por más de dos décadas, la Corte declaró la responsabilidad internacional de Colombia por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley por la falta de debida diligencia en las investigaciones.

La sentencia reconoce que en la actualidad persiste en Colombia un contexto grave de amenazas, ataques y asesinatos contra líderes y lideresas sociales, así como contra defensores y defensoras de derechos humanos, dentro de los que se encuentra la categoría de periodistas. 

La Corte ordenó una serie de medidas de reparación incluyendo medidas simbólicas y garantías de no repetición a fin de reparar los daños causados a Jineth Bedoya y a la sociedad en general.

Entre las medidas de reparación ordenadas por la Corte destacamos la obligación de investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de los crímenes cometidos contra la periodista, particularmente tomando en cuenta que la Corte determinó que a la fecha no se ha determinado la autoría intelectual de los hechos ni de otros coautores que pudieran haber participado.

Además, la Corte ordenó al Estado de Colombia  llevar a cabo; “una política integral para la protección de los y las periodistas, la creación del “Centro Investigativo No es Hora de Callar”; el diseño e implementación de un sistema público de recopilación de datos y cifras actualizadas sobre de violencia de género y sobre amenazas y violencia contra periodistas y defensores/as de derechos humanos; y la creación de un fondo de prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia de género.

La sentencia de la Corte da cuenta de la existencia del uso sistemático de la violencia sexual contra las mujeres durante el conflicto armado colombiano y del riesgo particular que enfrentan las mujeres periodistas. Además, evidencia la existencia de una impunidad sistemática y generalizada en relación con la violencia sexual durante el conflicto.

Jineth Bedoya lleva más de 20 años buscando justicia incansablemente y se ha convertido en un símbolo y referente en la lucha contra la violencia sexual, particularmente en relación con las mujeres periodistas. Esta decisión de la Corte Interamericana es dignificante no solo para Jineth, sino que representa una esperanza para las miles de victimas de violencia sexual durante el conflicto armado colombiano.

Las organizaciones representantes del caso en el proceso internacional son el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). 

Rueda de prensa: 

Contacto de prensa:
3103419744 - Andrea Torres Perdomo (FLIP)

October 18, 2021, Washington, D.C., Bogotá - The Inter-American Court of Human Rights (IACtHR) issued a historic ruling in the case of journalist Jineth Bedoya Lima against Colombia, in which it analyzes for the first time the use of sexual violence as a form of silencing and control against a woman journalist in the context of the Colombian armed conflict.

"October 18, 2021 goes down in history as the day that a struggle, which began with an individual crime, led to the revindication of the rights of thousands of women victims and survivors of sexual violence and women journalists who leave part of their lives in their profession" said Jineth Bedoya, journalist, victim and survivor.

In its ruling, the Court declared Colombia responsible for the violation of various rights, including the right to personal integrity, personal liberty, honor and dignity, and freedom of thought and expression of journalist Jineth Bedoya Lima, as a result of the events that occurred on May 25, 2000, when she was intercepted, kidnapped and subjected to numerous physical, sexual and verbal assaults while reporting on crimes and human rights violations committed inside the Modelo prison in Bogotá.

The Inter-American Court recognized the existence of acts of torture that had a clear connection with her journalistic activity and were intended to punish, intimidate and silence her. The Court found that the attacks against the journalist not only violated her freedom of expression at the individual level, but also had a collective impact, both on Colombian society in its right to information and on other people who practiced journalism. In relation to the threats that Jineth Bedoya has received since at least 1999, the Court ruled that due to the lack of investigation these constitute acts of torture.

In its judgment, the Court found that there was serious, precise and consistent evidence of State involvement in the acts of physical, sexual and psychological torture against the journalist. The Court determined that these acts could not have been carried out without the acquiescence and collaboration of the State, or at least with its tolerance. This is even more serious considering that Jineth was investigating crimes committed by organized crime with the intervention of state agents inside the Modelo prison.

 Due to the severe climate of impunity and the use of gender stereotypes and discrimination in the investigation of Jineth Bedoya's case for more than two decades, the Court declared Colombia's international responsibility for the violation of the rights to due process, judicial protection and equality before the law due to the lack of due diligence in the investigations.

The ruling recognizes that Colombia is currently experiencing a serious context of threats, attacks and murders against social leaders and human rights defenders, including journalists.

The Court ordered a series of reparation measures, including symbolic measures and guarantees of non-repetition to repair the damage caused to Jineth Bedoya and to society in general.

Among the reparation measures ordered by the Court, we highlight the obligation to investigate, prosecute and punish all those responsible for the crimes committed against the journalist, particularly taking into account that the Court determined that to date the masterminds and other co-perpetrators who may have participated in the kidnapping and assault of Jineth Bedoya and subsequent threats have not been determined.

 In addition, the Court ordered Colombia to carry out "a comprehensive policy for the protection of journalists, the creation of the "Investigative Center No es Hora de Callar," the design and implementation of a public system for the collection of updated data and figures on gender-based violence and on threats and violence against journalists and human rights defenders; and the creation of a fund for the prevention, protection and assistance of women journalists who are victims of gender-based violence.

The Court's judgement demonstrates the existence of the systematic use of sexual violence against women during the Colombian armed conflict and the particular risk faced by women journalists. It also demonstrates the existence of systematic and widespread impunity in relation to sexual violence during the conflict.

Jineth Bedoya has been tirelessly seeking justice for more than 20 years and has become a symbol and leader in the fight against sexual violence, particularly in relation to women journalists. This decision by the Inter-American Court is dignifying not only for Jineth but represents hope for the thousands of victims of sexual violence during the Colombian armed conflict.

The organizations representing the case in the international process are the Center for Justice and International Law (CEJIL) and the Foundation for Press Freedom (FLIP). 

Press conference:

Rueda de prensa: 

 En relación con la carta difundida en redes sociales por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y por su director Camilo Gómez, Jineth Bedoya y sus representantes se permiten manifestar lo siguiente: 

1. Los canales escogidos por el director de la Agencia de Defensa del Estado no son los apropiados en el marco de un litigio en curso y denotan las malas prácticas de la defensa del Estado. La audiencia prevista para el día martes 16 de marzo fue suspendida como consecuencia de la solicitud de recusación del Estado. De igual modo, como corresponde en la práctica profesional ética, este tipo de comunicaciones deben ser dirigidas a través de los representantes legales de la parte.
   
   
2. Durante la tarde de hoy, 17 de marzo, la Agencia Jurídica envió una comunicación al  correo personal de Jineth y por distintos conductos buscó forzar una respuesta inmediata. La posterior publicación de esta comunicación privada, por medio de diferentes redes sociales, constituye un acto de hostigamiento y de litigio malicioso, que desde ningún punto de vista responde a la solemnidad y la dignidad del proceso.
   
   
3. Las tácticas de dilación en el proceso, así como la ausencia de justicia por más de veinte años es responsabilidad de la ineficacia y falta de voluntad política del Estado colombiano.
   
   
4. Si el Estado desea aceptar su responsabilidad por las violaciones cometidas y comprometerse a la implementación de las reparaciones requeridas, debe hacerlo ante la Corte Interamericana, en el marco del proceso en curso. Para Jineth Bedoya como para sus representantes la instancia legal y legítima es la Corte IDH.
   
   
5. Quedamos a la espera de la comunicación que la representación estatal remita a la Corte, señalando los hechos y las responsabilidades que acepta y las reparaciones a las que se allana.  

Jineth Bedoya Lima
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional - CEJIL
Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

On Monday, March 15, the public hearing in the case of Jineth Bedoya Lima began at the Inter-American Court of Human Rights. At issue before the court is the State’s responsibility for threats against Jineth Bedoya, as well as her kidnapping, torture and rape in May 2000. During the hearing, the National Agency for Legal Defense of Colombia, represented by Camilo Gómez, alleged that the majority of the Court’s judges are not impartial in the case, and announced that it will present a request for recusal against five of the six judges due to an alleged lack of procedural guarantees. The State decided to leave the hearing, and the State’s witness did not appear to testify before the Court.

For the Colombian State, the questions and comments made by the judges, including Judge Elizabeth Odio Benito, President of the Court, revealed bias in favor of Jineth Bedoya. As her legal representatives, we, CEJIL and FLIP, state unequivocally that the comments from the judges were dignifying and appropriate, as they had just heard the courageous testimony from a survivor of grave human rights violations; the comments did not in any way prejudge the State’s responsibility in the case.  

In fact, it is the job and the obligation of judges to question witnesses about facts germane to the case—this includes context, which helps the judges to understand the scope of violations and the measures that could constitute reparation for the victim. In her testimony, Jineth Bedoya answered questions related to the object of her declaration, as pre-approved by the Court. This included: her work as a journalist and the journalistic investigations she carried out in and prior to 2000, the risks she faced as a result, her requests for protection and the State response to this situation. Likewise, she narrated the events of May 25, 2000 and the impact that these events have had on her life ever since.

In her testimony, Jineth stated that National Police officers suggested that she interview paramilitary leaders at La Modelo prison in order to mitigate the threats against her as a result of her investigative journalism. She stated that this interview was a “trap” that led to her kidnapping, torture, and rape. She also described how the perpetrators stated to her that their acts were a “lesson” or “punishment” for her journalism. She described multiple pieces of evidence of the responsibility of State agents for her kidnapping, which have been ignored in the prosecutor’s investigation; in contrast, she described how she was revictimized in the course of the investigation, being called twelve times to make statements describing the torture and rape to which she was subjected. The State’s representative recognized this revictimization at the public hearing.

As organizations that represent Jineth Bedoya, we denounce the State’s attitude in this case, which demonstrates the State’s indifference to the victims of sexual violence during Colombia’s armed conflict and denies dignified spaces for access to justice. Colombia’s decision to leave the public hearing is unprecedented and gives cause for concern about its commitment to justice for human rights violations and its eventual compliance with the decision of the Court.

Moreover, we denounce this action as part of a strategy to delegitimize the Inter-American Court and create new obstacles in this process, which continues to punish Jineth Bedoya for making her voice heard. This is a new attempt to silence her.

As legal representatives, we call on Colombia to reappear at the scheduled hearing, in compliance with its international human rights obligations and in accordance with the Court’s order. Appearance at the hearing will contribute to the dignity and redress that this international legal process can provide, regardless of the eventual content of the decision.

Este lunes 15 de marzo comenzó la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el marco del proceso en el cual se determinará la responsabilidad del Estado en los hechos de amenazas, secuestro, tortura y violencia sexual que enfrentó la periodista Jineth Bedoya Lima en el año 2000. Durante la audiencia, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano, en cabeza de Camilo Gómez, señaló la presunta falta de imparcialidad de la mayoría de los jueces y de la presidenta de la Corte IDH y anunció que presentará una solicitud de recusación contra cinco de los seis jueces, debido a una supuesta falta de garantías procesales. El Estado tomó la decisión de retirarse de la audiencia y, además, la testigo ofrecida por el Estado no compareció a rendir su declaración.

Para Colombia, las preguntas y los comentarios realizados por los cuatro jueces y la jueza Elizabeth Odio Benito, presidenta de la Corte, estaban cargados de parcialidad a favor de la víctima. Ante esto, CEJIL y la FLIP,  representantes de Jineth Bedoya Lima, sostenemos que los comentarios de los magistrados fueron dignificantes y oportunos en la medida que acababan de escuchar el valiente testimonio de una sobreviviente de graves violaciones a derechos humanos, pero de ninguna manera prejuzgaron sobre la responsabilidad del Estado, tal y como alega la defensa. 

Precisamente, es facultad y deber de los jueces indagar sobre los hechos objeto del litigio, es decir, aquellos que fundamentan el caso como el contexto para comprender su alcance y las medidas que para la víctima pueden significar la reparación. En su testimonio, Jineth Bedoya contestó a preguntas relacionadas con el objeto de su declaración tal como fue aprobado por la Corte. Esto incluye: su labor periodística y las investigaciones que llevaba a cabo en la época de los hechos, el riesgo al que se encontraba expuesta, sus solicitudes de protección y la respuesta estatal ante esta situación. De igual forma, la periodista narró los hechos del 25 de mayo del 2000 y el impacto que estos tuvieron en su vida desde entonces hasta la fecha. 

En su declaración, Jineth señaló que agentes de la Policía fueron quienes le sugirieron entrevistarse en la cárcel La Modelo con jefes paramilitares, para contener el riesgo que había generado su cubrimiento periodístico. Esta entrevista fue la trampa que ocasionó su secuestro, tortura y violencia sexual. También entregó detalles de cómo los perpetradores justificaron que estas agresiones eran un escarmiento contra sus denuncias periodísticas. Además, mencionó los numerosos indicios de la responsabilidad de agentes estatales sobre los hechos, que han sido ignorados en la investigación a nivel interno. Del mismo modo, Jineth cuestionó la revictimización que debió afrontar al ser llamada doce veces a declarar sobre el ataque sexual. Esto último fue reconocido por parte del agente del Estado en la audiencia pública. 

Las organizaciones que representamos a la periodista consideramos que la actitud del Estado demuestra la desidia contra las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado y niega espacios dignos para acceder a la justicia. El retiro del Estado de la audiencia es un acto sin precedentes, lo que genera preocupación sobre el compromiso del Estado colombiano frente al juicio por violaciones de derechos humanos y al sometimiento frente a la decisión que adopte la Corte.

Además, esta actuación hace parte de una estrategia que busca deslegitimar a la Corte IDH y significa un nuevo obstáculo en el proceso, que continúa castigando a Jineth Bedoya por hacer escuchar su voz, resultando así en un nuevo intento de silenciarla.

Los representantes de las víctimas instamos al Estado colombiano a que, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, comparezca a la audiencia programada de conformidad con lo dispuesto por la Honorable Corte. Así se contribuye a que el proceso internacional sea digno y tenga un componente reparador, independientemente del posterior fallo.

Los representantes de Bedoya Lima alertamos sobre la constante negligencia, falta de compromiso e irrespeto hacia la víctima por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Durante 20 años, la periodista Jineth Bedoya Lima ha luchado incansablemente para acceder a la justicia en relación con los hechos de secuestro, tortura y violencia sexual de los que fue víctima el 25 de mayo del 2000.

El próximo 25 de mayo se conmemora el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el Marco del Conflicto Armado, fecha emblemática establecida como medida de reparación con impacto colectivo.

Today, April 30, 2020, UNESCO announced that Colombian journalist Jineth Bedoya Lima has been awarded with the Guillermo Cano Press Freedom Prize, 2020 edition.

The UNESCO Guillermo Cano Award is led by the Guillermo Cano Isaza Foundation and Unesco, with the support of the Helsingin Sanomat Foundation and the Namibia Media Trust. It is the highest worldwide recognition in the field of press freedom.

In all its editions, this award has been a tribute to the legacy and courage of Colombian journalist Guillermo Cano Isaza. For 24 years, the award has traveled the world, recognizing courageous journalists who have stood out for their contributions to the defense and promotion of free journalism.

This year, the global award for an outstanding Colombian journalist arrives for the first time to its home country, to highlight journalist Jineth Bedoya, deputy editor of El Tiempo newspaper, director of the No es Hora de Callar (This is no Time to Remain Silent) campaign, defender of women's rights, and champion against impunity for crimes against the press. Jineth is a survivor of the kidnapping, torture and sexual violence she suffered in 2000, when he was part of the judicial newsroom of El Espectador newspaper, the same media that mister Guillermo Cano Isaza led until the last day of his life.

For FLIP, today is an incredibly special and emotional day. We have had the honor of first-hand knowing the rigor and persistence of Jineth Bedoya in the struggle for a free press and against the impunity of her own case. Since 2010, we have supported the judicial representation of her case before the Colombian criminal system and before the Inter-American Court of Human Rights, an organization that this year will evaluate the international liability of the Colombian State in her case, that was declared as a crime against humanity since 2012.

We call on the Colombian society to applaud Jineth Bedoya for this well-deserved recognition. Her story and struggle are as inspiring as they are important for a country where violence against women, attacks on the press and censorship continue to be attacks on civil liberties that, unfortunately, exist in Colombia.

“I believe that UNESCO’s Guillermo Cano Award is that: to show the world that voices often are much more powerful than the anger and rage of those who want to silence us”: Jineth Bedoya.

“When I met Jineth, I was struck by her tenacity and courage, but I was also shocked to realize how hard the struggle for justice is. Your story, Jineth, is an example for everyone, to continue to advance in the search for justice without hesitation": Guilherme Canela, advisor on Communication and Information of the UNESCO Office.

Today, April 30, 2020, UNESCO announced that Colombian journalist Jineth Bedoya Lima has been awarded with the Guillermo Cano Press Freedom Prize, 2020 edition.

The UNESCO Guillermo Cano Award is led by the Guillermo Cano Isaza Foundation and Unesco, with the support of the Helsingin Sanomat Foundation and the Namibia Media Trust. It is the highest worldwide recognition in the field of press freedom.

In all its editions, this award has been a tribute to the legacy and courage of Colombian journalist Guillermo Cano Isaza. For 24 years, the award has traveled the world, recognizing courageous journalists who have stood out for their contributions to the defense and promotion of free journalism.

This year, the global award for an outstanding Colombian journalist arrives for the first time to its home country, to highlight journalist Jineth Bedoya, deputy editor of El Tiempo newspaper, director of the No es Hora de Callar (This is no Time to Remain Silent) campaign, defender of women's rights, and champion against impunity for crimes against the press. Jineth is a survivor of the kidnapping, torture and sexual violence she suffered in 2000, when he was part of the judicial newsroom of El Espectador newspaper, the same media that mister Guillermo Cano Isaza led until the last day of his life.

For FLIP, today is an incredibly special and emotional day. We have had the honor of first-hand knowing the rigor and persistence of Jineth Bedoya in the struggle for a free press and against the impunity of her own case. Since 2010, we have supported the judicial representation of her case before the Colombian criminal system and before the Inter-American Court of Human Rights, an organization that this year will evaluate the international liability of the Colombian State in her case, that was declared as a crime against humanity since 2012.

We call on the Colombian society to applaud Jineth Bedoya for this well-deserved recognition. Her story and struggle are as inspiring as they are important for a country where violence against women, attacks on the press and censorship continue to be attacks on civil liberties that, unfortunately, exist in Colombia.

“I believe that UNESCO’s Guillermo Cano Award is that: to show the world that voices often are much more powerful than the anger and rage of those who want to silence us”: Jineth Bedoya.

“When I met Jineth, I was struck by her tenacity and courage, but I was also shocked to realize how hard the struggle for justice is. Your story, Jineth, is an example for everyone, to continue to advance in the search for justice without hesitation": Guilherme Canela, advisor on Communication and Information of the UNESCO Office.

We worked in partnership with IFEX to produce this video about the role played by journalists in defending freedom of expression and the right to information.

See the story of Guillermo Cano Isaza, Jineth Bedoya Lima and Edison Molina and their fidhts against impunity.

This video pays tribute to all Colombian journalists who have been threatened, attacked, or murdered because of their work.

La FLIP tuvo conocimiento de que el 6 de agosto de 2019 Jineth Bedoya recibió varias llamadas y mensajes intimidantes provenientes de un número desconocido. 

Paradójicamente, este mismo día la periodista fue galardonada con el Gran Premio Libertad de Prensa 2019 que otorga la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Con este premio, según  María Elvira Domínguez, presidenta de la SIP, buscan honrar la lucha de Bedoya y generar conciencia sobre los riesgos que sufren muchas las mujeres periodistas. 

Teniendo en cuenta los hechos de los que ha sido víctima la periodista y que lo anterior se enmarca en un contexto de avances en la justicia nacional e interamericana en relación con este caso, esta es una situación que genera una alerta sobre su seguridad y el riesgo al que está expuesta Jineth Bedoya. 

El 16 de enero de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la aprobación de su informe de fondo por los hechos de los que fue víctima la periodista. En este informe la Comisión declaró la responsabilidad del Estado colombiano en los hechos cometidos contra Jineth Bedoya y dictó una serie de recomendaciones para la reparación de las víctimas. 

Posteriormente, el 16 de julio, la CIDH decidió someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que este tribunal determine la responsabilidad del Estado en el caso.  

A nivel nacional, el 6 de mayo de 2019, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bogotá condenó a Jesús Emiro Pereira Rivera (alias 'Huevoepizca') a cuarenta años y seis meses de prisión, por los delitos de secuestro, tortura y violencia sexual. Por su parte, a Alejandro Cárdenas Orozco (alias 'JJ'), sobre quien ya pesaba una condena previa por secuestro y tortura por este mismo caso, se le impuso una pena de treinta años de prisión por el delito de acceso carnal violento.

Teniendo en cuenta lo anterior, la FLIP expresa su preocupación por la vida y la integridad de la periodista Jineth Bedoya Lima. Así mismo resalta la pronta respuesta de la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales en relación a este caso y espera que la respuesta sea igual de eficiente en otros casos. Es importante que estas entidades investiguen activamente los hechos y tomen prontamente las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad de los periodistas.

Tras culminar su análisis sobre las violaciones a los derechos humanos sufridas por la periodista Jineth Bedoya a partir del 25 de mayo de 2000, el 16 de julio de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió presentar el caso de la periodista contra el Estado de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el más alto tribunal de derecho humanos de la región.

Este 25 de mayo, se cumplen 19 años de los hechos de secuestro, tortura y violencia sexual de los que fue víctima Jineth Bedoya Lima, tiempo durante el cual la periodista ha luchado incansablemente por acceder a la justicia.

En lo que ha transcurrido del 2019 se han logrado importantes avances en la justicia nacional e internacional, sin embargo, los mismos son tan solo el punto de partida para llegar al esclarecimiento total de los crímenes de los que fue víctima la periodista.

A nivel nacional, el 6 de mayo, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bogotá condenó a Jesús condenó a Jesús Emiro Pereira Rivera (alias 'Huevoepizca') a cuarenta años y seis meses de prisión, por los delitos de secuestro, tortura y violencia sexual. Por su parte, a Alejandro Cárdenas Orozco (alias 'JJ'), sobre quien ya pesaba una condena previa por secuestro y tortura por este mismo caso, se le impuso una pena de treinta años de prisión por el delito de acceso carnal violento.

En su fallo el juez consideró que a partir de las pruebas allegadas al proceso se puede evidenciar la posible responsabilidad penal de terceras personas, especialmente de servidores públicos. Por lo tanto, compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se adelante una investigación en contra del General (r) José Leonardo Gallego Castrillón, quien para la fecha de los hechos se desempeñaba como director de la DIJIN.

Por otro lado, en el ámbito internacional, el 16 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó su informe de fondo en el caso que se adelanta por las violaciones a los derechos humanos sufridas por la periodista Jineth Bedoya Lima, con lo cual se abre la puerta para que el Estado colombiano pueda ser juzgado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La FLIP reconoce que estas decisiones son fundamentales para el esclarecimiento de los hechos de los que fue víctima la periodista, sin embargo, la justicia en este caso va llegando de manera tardía. El panorama de impunidad persiste, pues de la investigación se extrae que en la comisión de los hechos están presuntamente vinculadas 25 personas, de las cuales sólo se ha logrado judicializar a tres de los autores materiales y se tienen pocos avances frente a los determinadores de los hechos.

En esta fecha, en la que se conmemora el Día nacional por la dignidad de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, la FLIP resalta la valentía con la cual Jineth Bedoya se ha enfrentado a la administración de justicia para lograr el esclarecimiento de sus hechos y su papel como activista a través de la campaña No es hora de callar, por medio de la cual se ha incentivado y acompañado a mujeres víctimas de violencia sexual, para que rompan su silencio y denuncien a sus agresores.

En Colombia no se puede llegar a hablar de una prensa libre si no se garantiza la participación de las mujeres, es por ello que la FLIP reafirma su compromiso de acompañar a todas las periodistas que en el marco del ejercicio de la labor periodística han sido víctimas de diversas formas de violencia; sólo en el año 2018 la FLIP registró 11 agresiones a periodistas por razón de género, de las cuales dos fueron casos de violencia sexual.

Como la periodista lo explicó esta semana en una columna, el color violeta significa dignidad en la cultura oriental. Por esa razón la FLIP se une a la invitación a portar un pañuelo violeta como un símbolo que recuerde la importancia de reivindicar la dignidad de quienes han sido víctimas de violencia sexual en el conflicto que por tantos años ha atravesado Colombia.

El 6 de mayo de 2019, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá emitió sentencia condenatoria contra Alejandro Cárdenas Orozco y Jesús Emiro Pereira Rivera por secuestro, tortura y violencia sexual en contra de la periodista Jineth Bedoya cuando realizaba un cubrimiento periodístico en la cárcel La Modelo de Bogotá el 25 de mayo del año 2000.

Pereira Rivera (alias “Huevoepizca”) fue condenado a 40 años y seis meses de prisión por los delitos de secuestro, tortura y acceso carnal violento. Por su parte a Cárdenas Orozco (alias “JJ”), sobre quien ya pesaba una condena previa por secuestro y tortura por este mismo caso, se le impuso una pena de 30 años de prisión por el delito de acceso carnal violento.

El juzgado confirmó que en el caso de la periodista Jineth Bedoya 'las conductas punibles ejecutadas necesariamente son catalogadas como de ‘Lesa Humanidad’”. En la sentencia, el juez resaltó que “no queda duda de los vejámenes y agresiones físicas y psicológicas contra la señora BEDOYA LIMA, como parte de un plan sistémico y bien estructurado, que incluso, también fue ejecutado contra otros periodistas que igualmente fueron amenazados de muerte, por las investigaciones periodísticas que realizaban, a raíz de los hechos de corrupción que, entre otros, venían suscitándose en la Cárcel Modelo de esta ciudad, con responsabilidad de grupos de Autodefensas y funcionarios de la Fuerza Pública”.

La decisión reconoce que las amenazas que la periodista Jineth Bedoya recibió con anterioridad al secuestro -y que eran de conocimiento de las autoridades- se cumplieron y advierte que a partir de las pruebas allegadas al proceso se puede evidenciar la posible responsabilidad penal de terceras personas, especialmente de servidores públicos. Por lo tanto compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se adelante una investigación en contra del General (r) José Leonardo Gallego.

La FLIP, que desde el año 2011 obra como representante judicial de Jineth Bedoya, reconoce esta decisión como un avance en el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, advierte enfáticamente que esta sentencia no puede entenderse como la superación de la impunidad en el caso. Lejos de ser un punto de llegada, la justicia ha tomado casi 19 años en condenar a dos de los autores materiales. Esta es una contribución valiosa pero ínfima y tardía, sobre todo si se tiene en cuenta que en el marco de la investigación se han mencionado a por lo menos 25 personas -incluyendo funcionarios públicos- que podrían estar involucrados en los hechos. Sobre la gran mayoría de la cadena criminal no se ha adelantado una investigación eficaz y los autores intelectuales siguen sin responder ante los jueces.

Por este caso el Estado Colombiano está bajo vigilancia por parte de la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La sentencia que condena a Cárdenas y Pereira no exime al Estado de su responsabilidad internacional.

Washington, D.C. y Bogotá, 29 de enero, 2019 - Luego de casi 19 años del secuestro, tortura y violencia sexual contra la periodista Jineth Bedoya Lima, el 16 de enero de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la aprobación de su informe de fondo en el caso que se adelanta por las violaciones a los derechos humanos sufridas por la periodista el 25 de mayo de 2000 que, hasta la fecha, permanecen en la impunidad. Sobre este particular la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) transmiten a la opinión pública lo siguiente:

1. Este informe concluye el análisis del caso ante la CIDH como primera instancia internacional en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y abre la puerta para que el Estado colombiano pueda ser juzgado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con sede en Costa Rica. En este supuesto, la evaluación por parte de la Corte sería una valiosa oportunidad para revisar el cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de Colombia en cuanto a la garantía de los derechos de los periodistas en Colombia y, particularmente, implicaría que por primera vez este tribunal internacional se pronuncie sobre la situación de las mujeres periodistas en contextos de conflicto armado.

2. La emisión de este informe representa un paso muy importante en la incansable lucha que la periodista Jineth Bedoya ha librado por la justicia y la verdad en su caso. El mismo también tiene el potencial de poner freno a las dinámicas de impunidad generalizada en casos de violencias contra la mujer y de restricciones de hecho a la libertad de prensa.

3. Si bien los hechos denunciados acaecieron durante gobiernos anteriores, esperamos que el gobierno actual, en representación del Estado, cumpla con lo decidido por la CIDH a fin de garantizar los derechos de Jineth Bedoya y evitar la repetición de hechos de violencia contra las mujeres y su impunidad. Recordamos así mismo que este caso tiene un enorme potencial de brindar justicia no solo a nuestra representada sino a otras víctimas de violencia basada en género en el marco del conflicto armado en Colombia.

4. Una vez la CIDH corra traslado del informe a la víctima y sus representantes, daremos respuesta a los requerimientos de la Comisión de acuerdo con la normativa interamericana, la cual requiere que presentemos nuestra posición sobre el envío a la Corte.

5. Para la FLIP y CEJIL es un honor poder acompañar a Jineth Bedoya desde el apoyo judicial en su lucha que también es nuestra. Llamamos a la comunidad internacional, que siempre ha estado acompañando el caso, a que continúe su observancia del mismo. Esperamos que la veeduría internacional de este proceso emblemático sirva para vigilar la respuesta estatal y mejor abordar los desafíos que el caso revela. 

Aquí puede leer el informe de fondo completo.

Contacto de prensa

La violación, la tortura y el secuestro que sufrió la periodista Jineth Bedoya el 25 de mayo del 2000 fueron el comienzo de una pesadilla de la que aún no despierta: “Llevo casi 19 años siendo violada todos los días”, dice. Y se refiere a la impunidad que ha rodeado su caso todo este tiempo.

El proceso judicial se ha caracterizado por investigaciones insuficientes, retrasos inexplicables y obstáculos procesales que han impedido llegar a toda la cadena de implicados en el hecho. Según la periodista, peor que la violación ha sido el después: “Te siguen violando todos los días cuando no te creen; cuando te revictimizan y te obligan a sentarte frente a tu victimario; cuando la justicia no es operante; cuando la gente no cree en tu testimonio; cuando se va a centenares de audiencias y no pasa nada”.

Bedoya no ha logrado justicia. Todavía recibe amenazas constantes por su trabajo como periodista y también por su labor como activista por los derechos de las mujeres que han padecido abuso sexual.

Hoy, Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, es preciso recordar este caso por su doble condición: crimen contra la libertad de expresión y la marcada violencia de género. Ese 25 de mayo se intentó callar y amedrentar a la periodista por revelar las irregularidades de la cárcel La Modelo.

Un obstáculo tras otro

Entre 2000 y 2011 el caso estuvo prácticamente archivado por el fiscal. Su labor se centró en investigar la vida privada de Jineth Bedoya y no los móviles del crimen o la responsabilidad de sus victimarios. Así se perdieron los años más valiosos de la investigación. “El fiscal no tuvo la diligencia ni la voluntad de sacar adelante el proceso. Probablemente porque en Colombia la violencia sexual es un delito menor, incluso con menos importancia que un robo”.

En 2011, después de años de inactividad procesal, se asignó el caso a una nueva fiscal y solo hasta 2012 se vinculó a tres paramilitares como responsables. Estos avances no necesariamente deben atribuirse a la fiscalía, sino, más bien, a la “colaboración” de los paramilitares que confesaron a cambio de beneficios procesales. Según Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, se trata de una justicia confesional y no de una que se derive de un esclarecimiento pleno de los hechos.

A la fecha se ha vinculado a varias personas y hay dos condenados: Mario Jaimes Mejía (alias El Panadero) y Alejandro Cárdenas Orozco (alias J.J.). Ambos se acogieron a un beneficio que contempla la Ley Penal, conocido como “sentencia anticipada”. Jaimes Mejía aceptó su responsabilidad en los tres cargos que le imputaron y recibió una condena de 28 años de prisión. Cárdenas Orozco aceptó cargos de secuestro y tortura, pero no de violencia sexual, por esto su responsabilidad penal no se ha definido.

El tercer paramilitar es Jesús Emiro Pereira (alias Huevoepizca), quien tiene detención preventiva por el caso de Bedoya, y además está detenido por otros delitos. La defensa de Pereira busca su libertad provisional y está pendiente un recurso de apelación donde el tribunal decidirá si continúa detenido o sale en libertad. La FLIP, como representante de la periodista, teme que el tribunal considere la segunda opción.

“Esas condenas”, dice Bedoya, “son el producto de mi persistencia, gracias al apoyo de la FLIP y otras personas”. Sin embargo, la periodista ha dicho que estas detenciones y sentencias no se pueden mostrar como una acción efectiva y reparadora de la justicia, porque se trata solo de los dos eslabones más débiles de una gran cadena de corrupción, mientras los autores intelectuales siguen sin ser mencionados.

Desde agosto de 2017 la defensa espera la sentencia que decida, de forma definitiva, la responsabilidad de los mencioandos paramilitares por los distintos crímenes cometidos en el 2000. Pero se siguen sumando días y meses de espera. 

El peso de la injusticia

El caso ha tenido cinco fiscales. El primero estuvo desde que ocurrieron los hechos hasta 2011, y fue la etapa menos productiva de la investigación. Desde 2011 se han asignado cuatro fiscales mujeres. Cada vez que un fiscal nuevo toma el caso debe leer el expediente en la Fiscalía. Son 30 cuadernos de 400 folios: unas doce mil páginas en total.

Según Pedro Vaca, solo desde mediados de 2017 la fiscalía está avanzando hacia los los otros niveles de responsabilidad. Es decir, establecer la autoría intelectual de los hechos: “Han comenzado a hacer su trabajo en el momento en el que es más difícil y dispendioso”. Vaca celebra que se retomen líneas de investigación en las que no se había avanzado desde las primeras pistas aparecidas en 2007.  Y una de estas líneas es la que involucra a funcionarios públicos como cómplices, incluidos funcionarios del INPEC.

A esto se suma otro proceso, también demorado: el caso se presentó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2011, pero solo fue admitido hasta 2014. Desde 2015, los Relatores de Libertad de Expresión de la CIDH han dicho que este es un caso priorizado, pero todavía no está en  la agenda la discusión sobre una decisión de fondo. “A veces siento que la CIDH terminó siendo igual de revictimizante que el Estado colombiano. Y lo digo con todo respeto, porque creo que hacen un muy buen trabajo en defensa de los derechos humanos, pero en mi caso no lo he sentido así”, dice Bedoya.

Ella siente que la CIDH la ha dejado en un vacío: “Hemos hecho hasta lo imposible para que entiendan que esto no solo es el caso de Jineth Bedoya. Es lo que afrontan centenares de mujeres en todo el hemisferio”.

La solicitud concreta ante la CIDH es que el Estado colombiano sea juzgado internacionalmente en este caso, porque varios de sus agentes pudieron estar vinculados en los hechos. El Estado no brindó protección a la reportera, aunque había denunciado amenazas previas al secuestro y había sufrido un atentado un año antes. El Estado, por último, tiene la obligación de brindar justicia y no lo ha hecho.

La CIDH tiene una gran oportunidad para sentar un precedente: se trata, al mismo tiempo, de un caso de violencia de género y el único ante el sistema interamericano que trata el tema de libertad de expresión. Una resolución de la CIDH podría dar un mayor impulso a las investigaciones a nivel nacional y hacer visibles las deficiencias que existen en algunas estructuras del Estado; sobre todo en el tiempo de respuesta.

Después de que la CIDH emita este pronunciamiento pueden ocurrir dos cosas: el caso se archiva, o pasa a la Corte Interamericana para que se juzgue al Estado. Bedoya no se amilana: “Si la justicia de este país no asume su responsabilidad frente a los victimarios, tenemos una última instancia que es la Corte Penal Internacional. No voy a desfallecer en ese propósito, ni para mí, ni para ninguna de las miles de mujeres violadas en Colombia”.

En 2012, la Fiscalía calificó este caso como un crimen de lesa humanidad, lo cual refuerza el deber internacional del Estado de investigar y sancionar a todos los responsables. Pero la espera se extiende como una agonía larga. “La impunidad va a ser siempre una segunda violación y una segunda muerte. Y cuando las tienes que cargar todos los días, lo único que te queda es pensar cómo vivir esa agonía, si llevarla con rabia, o como algo positivo que pueda transformar la vida de alguien”, dice Bedoya.

La periodista sabe que la impunidad padecida no es una excepción. Para muestra ofrece este dato: de los 136.000 sindicados que se llevaron a la justicia, solo hay cinco condenas por violencia sexual. “Yo no dejo de creer en la justicia, porque si no creyera, no tendría mi proceso adelante. Pero sí soy muy clara frente a lo que la justicia nos ha dado a las mujeres en Colombia”.

Para ella, solo habrá justicia cuando se esclarezcan los hechos. “Creo que ya no me importa si están cien, veinte o un año en la cárcel. Lo que me importa es que se conozca la verdad. Si no va a haber un escarmiento ante la justicia, creo que el peor escarmiento es el social: que esta sociedad conozca qué hubo detrás del secuestro de Jineth Bedoya. Eso me daría tranquilidad”.

La reportera y editora ha expuesto su caso en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Británico, en la Casa Blanca y en el Congreso de los Estados Unidos. Ha recibido premios como el que entrega cada año el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Mujeres de Coraje. Además, lidera la campaña de Intermon Oxfam, No es hora de callar, que invita a las mujeres víctimas de violencia sexual a denunciar estos crímenes. Su voz se ha vuelto relevante e influyente, pero no ha sido suficiente para conseguir justicia y reparación.

Las amenazas contra la periodista continúan, y aunque agradece el esquema de protección que le brinda el Estado, es urgente investigar de dónde viene el intento de coacción para desactivar el riesgo. Entre toda la negligencia oficial durante estos años, Bedoya piensa que la peor de todas radica en las amenazas, porque no han cesado en estos 18 años. 

“Yo aprendí que lo normal era estar amenazada”, dice resignada. Bedoya ha visto afectada su salud, por la gran angustia que le generan estos hechos. “Si esto pasa conmigo que puedo hablar directamente con el fiscal general, qué puede esperar el resto de las mujeres, a quienes ni siquiera les reciben la denuncia”.

A pesar de todo, Jineth Bedoya no se deja amedrentar en su trabajo como periodista o como activista por los derechos de las mujeres: “Esto ya no es por mí, yo solo soy un referente que aglutina miles de nombres”.

'La violación es para siempre': Jineth

“La violencia sexual nunca se supera. Es un dolor con el que uno aprende a vivir. Además de las secuelas emocionales, están las físicas. Nadie imagina cómo ha afectado mi salud todo lo que ocurrió. A veces, cuando estoy tan enferma como lo he estado en los últimos meses, pienso que esto es como el bono adicional que traía la violación. Te dañan el cuerpo, te dejan marcada, te dañan espiritualmente. Pero, además, después de casi 19 años, tienes que seguir sufriendo las secuelas de salud que deja ese hecho. Y te llenas de rabia y de impotencia porque son cosas muy difíciles de llevar. Toca agarrarse de algo para seguir viviendo. Pero hay días que no quisiera seguir viviendo. Hay días que desisto cien por ciento porque es muy difícil. A todas las mujeres les pasa eso. Hay mujeres que quedan con el útero destrozado; mujeres que nunca pueden ser madres, como yo. Hay mujeres que nunca pueden volver a tener una relación y a sentir que tienen el derecho a ser amadas. Hay mujeres que no consienten que las vuelvan a tocar. Eso es matarte en vida. Es lo que logra la violación”.

Las cifras del proceso

• 18 años y cinco meses han transcurrido desde que ocurrieron los hechos. 
• 5 fiscales ha tenido el caso. El primero estuvo a cargo durante once años, sin ningún avance. 
• 99,8 % es la tasa de impunidad en los casos de amenazas a periodistas en Colombia.
• 97 % de impunidad hay en los casos de violencia sexual.
• 30 libros de aproximadamente 400 folios cada uno es el expediente del caso que reposa en la Fiscalía. 
• 11 años de prisión fue la sentencia para Alejandro Cárdenas, uno de los paramilitares que se atribuye responsabilidad material de dos de los delitos cometidos contra Bedoya. 
• 28 años de prisión le dictaron a Mario Jaimes Mejía, también confeso.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas en contra del equipo periodístico de RCN Radio y les solicita a las autoridades que investiguen y sancionen a los responsables de estos hechos.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas en contra de las reporteras y La Silla Vacía por el desarrollo de su labor periodística. Les exigimos a las autoridades diligencia para investigar y sancionar a los responsables.

Hoy, 25 de mayo de 2018, se cumplen 18 años de los hechos de secuestro, tortura y violencia sexual de los que fue víctima Jineth Bedoya Lima. La periodista lleva casi 20 años en una lucha incansable por alcanzar justicia.

La investigación de los hechos ha sido injustificablemente lenta y las autoridades han actuado de forma negligente. Los pocos avances en materia judicial se han dado por la tenacidad de la periodista en la búsqueda de verdad.

De acuerdo al expediente judicial, los autores materiales del delito son Mario Jaimes Mejía -alias Panadero-, Alejandro Cárdenas -alias J.J.- y Jesús Emiro Pereira -alias 'Huevo de Pizca'-. Hasta el momento solo se han producido dos condenas anticipadas contra Mario Jaimes Mejía por secuestro, tortura y acceso carnal violento, y en contra de Alejandro Cárdenas por los delitos de secuestro y tortura.

Estas decisiones judiciales son contribuciones muy pobres para las dimensiones de este crimen atroz. Aún es necesario determinar quiénes ordenaron y planearon estos graves delitos, y cuál fue su grado exacto de participación y responsabilidad.

En el marco de este mismo proceso y a más de 7 meses desde que la FLIP solicitara la condena de Jesús Emiro Pereira -alias 'Huevo de Pizca'- por secuestro, tortura y acceso carnal violento, y en contra de Alejandro Cárdenas por el delito de acceso carnal violento, no existe una decisión definitiva sobre el caso.

En estos 18 años, Bedoya  ha sido llamada a declarar sobre los mismos hechos en más de 17 oportunidades, sin que con ello se generen mayores aportes a la investigación. El obligar a la periodista a repetir lo que ya está consignado en el expediente dilata el proceso de forma injustificable y la revictimiza.

El caso de Jineth Bedoya ilustra los miles actos de violencia cometidos contra las mujeres periodistas en el marco del conflicto armado colombiano con el objetivo de silenciarlas. Ante la impunidad generalizada en estos crímenes su campaña #NoEsHoradeCallar brinda esperanza para la reivindicación de derechos de las mujeres.

Ante la ausencia de justicia en Colombia, la esperanza está hoy en la justicia internacional. En el 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos accedió a estudiar el caso y se dispone a presentar un informe de fondo sobre el caso en los próximos meses. Dicha instancia evaluará la responsabilidad del Estado Colombiano tanto en la comisión de los hechos como en la ausencia de cumplimiento en los estándares internacionales de justicia y verdad.

La FLIP reafirma su compromiso de acompañar a Jineth Bedoya en la búsqueda de la verdad y la justicia ante la comisión de los crímenes en su contra. La Fundación resalta la valentía con la que Bedoya ha enfrentado esta situación y reitera su voluntad de llevar este caso hasta las últimas instancias..

El 25 de mayo del 2000, Bedoya -quien en esa época trabaja como reportera en el diario El Espectador- se dirigía a entrevistar al jefe paramilitar Mario Jaimes Mejía, alias ´Panadero´, en la cárcel Modelo de Bogotá. La periodista investigaba irregularidades en el centro penitenciario que incluyen la desaparición forzada de detenidos y enfrentamientos armados entre distintos grupos ilegales al interior del penal. Antes de entrar al centro penitenciario, fue secuestrada secuestrada torturada y violentada sexualmente. La reportera fue encontrada 16 horas después en un sector de la Vía al Llano. Su caso es emblemático para la libertad de prensa y los derechos de las mujeres.

No es Hora de Callar

El valor de la periodista durante estos años se ha materializado en la campaña “No es hora de callar”. Desde 2009, Bedoya incentiva a las mujeres víctimas de violencia sexual a que denuncien a sus agresores y compartan su experiencia como parte de un proceso de socialización en busca el empoderamiento y la confianza en que la voz de las mujeres debe ser escuchada. Por este trabajo, Bedoya ha sido víctima de constantes amenazas de muerte y estigmatizaciones por parte de grupos al margen de la ley.

Vea aquí más información sobre la campaña.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza las amenazas del Bloque Capital de la Águilas Negras en contra de las periodistas Salud Hernández-Mora y Jineth Bedoya Lima, además de otras líderes políticas y sociales.

Este 2 de noviembre, Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la FLIP hace un llamado al Estado colombiano para que garantice la justicia en los casos de agresiones a la prensa, especialmente en los asesinatos a periodistas.

El pasado 8 y 9 de agosto se llevaron a cabo dos actuaciones clave dentro del proceso que se adelanta por el secuestro, tortura y violencia sexual de los que fue víctima la periodista Jineth Bedoya Lima en el año 2000.

Pese a todo ese tiempo, los procesos que se adelantan por estos hechos avanzan a media marcha debido a que la periodista se ha enfrentado a un sistema judicial negligente y a un Estado sin voluntad política a la hora de investigar y sancionar a los responsables de estos crímenes. Muestra de ello es que, a la fecha, sólo se han producido dos condenas anticipadas en contra de Alejandro Cárdenas Orozco y Mario Jaimes Mejía por la vía de aceptación parcial de cargos.

Este panorama evidencia el poco interés que han tenido las autoridades por buscar justicia efectiva en el caso de Bedoya y que ha derivado en la revictimización y en el desconocimiento de los derechos de la reportera como víctima del conflicto armado.

Visibilidad

En este escenario tan desolador, vale la pena resaltar la valentía con la que la periodista ha afrontado estos hechos y que la han llevado a no rendirse y seguir luchando. Un ejemplo de ello es su labor periodística en el diario El Tiempo, así como las múltiples campañas lideradas por ella, que ha contribuido a la visibilidad de las mujeres agredidas sexualmente con el fin de devolverles la dignidad a las víctimas de este flagelo.

Fruto de este esfuerzo el 25 de mayo se convirtió, desde 2014, en el Día Nacional por la Dignidad de Víctimas de Violencia Sexual y a través del cual se conmemora la lucha y la resistencia que ejercen las mujeres no sólo para evitar ser víctimas de violencia sexual sino también para lograr justicia efectiva en sus casos.

La FLIP le solicita al Estado que tome las medidas necesarias para dar celeridad a los procesos y sancionar a los responsables de estos crímenes y hace un llamado para que estos casos de agresión a mujeres periodistas sean atendidos con un enfoque diferencial de género con el fin de que no se desconozca que el hecho de ser mujeres es una de las razones que motiva las agresiones de las que son víctimas.

Sobre este punto, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha señalado que “en casos de violencia contra mujeres periodistas los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas señaladas, una obligación reforzada de actuar con debida diligencia a partir de las disposiciones existentes en materia de los derechos de las mujeres, como los establecidos en la Convención Belém do Pará”. Y añade: “[l]os Estados deben adoptar medidas de protección en casos específicos en los que determinadas mujeres periodistas corren un riesgo especial de ser víctimas de violencia, tomando en consideración las distintas formas de discriminación por otros motivos conexos como su raza, etnia, edad u orientación sexual, entre otros”.

Y concluye diciendo que “[r]esulta indispensable además que las autoridades encargadas de proteger e investigar sean debidamente capacitadas en materia de género para evitar estereotipos discriminatorios a la hora de evaluar la credibilidad de la denuncia presentada, culpabilizar a la víctima, justificar los hechos por su actitud o comportamiento, o que por sus relaciones sentimentales se cuestione su honra o se utilice un vocabulario sexista”.

De acuerdo con los registros de la FLIP, entre 2006 y 2016 al menos 191 mujeres periodistas fueron víctimas de agresiones en el marco de su ejercicio periodístico. Estas comprenden, entre otras, amenazas, estigmatización, atentados, obstrucción a su trabajo y violencia sexual; las cuales han sido cometidos por grupos guerrilleros, paramilitares, actores estatales o particulares.

Por último, la Relatoría también ha señalado que los actos de violencia contra periodistas tienen un triple efecto: “vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información, generan un efecto amedrantador y de silenciamiento en sus pares, y violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo”. Por lo anterior, de acuerdo con este mismo organismo, los Estados tienen la obligación de prevenir, proteger y procurar justicia. El caso de Jineth Bedoya es un claro ejemplo de una falla por parte del Estado en el cumplimiento de dicho deber por lo que se hace necesario que este caso siente un precedente para que las instituciones actúen y reivindiquen su responsabilidad a la hora de evitar que las agresiones contra la libertad de prensa se repliquen.

Antecedentes

El 25 de mayo de 2000 la periodista Jineth Bedoya Lima, que en ese momento trabajaba en el diario El Espectador, fue víctima de violación, tortura y secuestro luego de acudir a la cárcel La Modelo de Bogotá para entrevistar al jefe paramilitar Mario Jaimes, alias El Panadero.

Tres años después, la reportera fue nuevamente víctima de secuestro, pero esta vez por parte de las Farc en Caño Jabón, Meta. Para ese entonces, Bedoya estaba realizando seguimiento a la situación de orden público del municipio, luego del secuestro masivo perpetrado por el grupo guerrillero en el año 2002.

Por estos hechos Bedoya lidera, desde 2009, la campaña ‘No es hora de callar’, que busca que las mujeres víctimas de violencia sexual denuncien a sus agresores y socialicen sus casos con el fin de recuperar su dignidad. Estas campañas, así como otras iniciativas que lidera la reportera para promover el perdón y la reconciliación, han aumentado su situación de riesgo por las múltiples amenazas que ha recibido durante los últimos 17 años.

<Este miércoles 1 de marzo, la periodista Jineth Bedoya Lima tendrá que contar por doceava vez la agresión de la que fue víctima hace diecisiete años.  El 25 de mayo de 2000 Jineth fue secuestrada, torturada y violada mientras realizaba su trabajo periodístico en la cárcel Modelo de Bogotá, ha declarado once veces ante la Fiscalía General de la Nación sobre estos hechos, pero parece no ser suficiente para la justicia colombiana.

El 7 de septiembre de 2014 prescribió el caso del periodista Martín Eduardo Múnera del Río, quien fue asesinado en Medellín hace 20 años cuando se desplazaba hacia la emisora Radio Reloj en donde era locutor. Además, Múnera era vicepresidente nacional del sindicato de Caracol.

Durante los meses de mayo y junio ocurrieron varios hechos que evidencian la crítica situación de impunidad en los casos de agresiones contra periodistas.

Avances y retrocesos en el caso de la periodista Claudia Julieta Duque

En el mes de junio ocurrieron dos hechos de relevancia dentro de la investigación que se adelanta por tortura psicológica cometida contra la periodista Claudia Julieta Duque, a raíz de la persecución por parte del DAS de la que fue víctima la periodista.

Como parte de la celebración del Día Mundial contra la Impunidad, los miembros de la Red Intercambio Internacional por la libertad de Expresión (IFEX), entre ellos la FLIP, realizan la campaña 23 acciones en 23 días, en la que se publicará el perfil de 23 personas que hayan sido amenazadas o atacadas por expresar sus opiniones, y en cuyos casos, los responsables siguen libres.

Para conocer la carta completa que envió la periodista Jineth Bedoya al Fiscal General Eduardo Montealegre, ante el comunicado de prensa emitido por la oficina de la Fiscalía, el pasado jueves 13 de septiembre, en el que se refiere al caso de la periodista, por favor descargue el documento adjunto, ubicado en la parte inferior de esta página.

La Fiscalía General de la Nación declaró imprescriptible el caso de la actual sub editora judicial de El Tiempo Jineth Bedoya, por los hechos ocurridos el 25 de mayo del año 2000 cuando fue secuestrada a la entrada de la cárcel La Modelo en Bogotá, y luego torturada y violada por sus captores.

Con motivo del cumplimiento de los doce años del secuestro, tortura y violencia sexual contra Jineth Bedoya, la periodista compartirá los resultados de su investigación: No es hora de callar "Violencia contra las mujeres: El caso de los "Urabeños"".

Hoy, 8 de marzo, la primera dama de EEUU, Michelle Obama, entregará personalmente el premio a la periodista colombiana en la Casa Blanca, en el marco de los actos del Día de la Mujer.

El Departamento de Estado de Estados Unidos eligió a Jineth Bedoya por su valentía y su defensa de los derechos de la mujer en Colombia, como periodista y representante de las mujeres víctimas de la violencia en el país.

Jineth Bedoya y la Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP, consideran que es un avance importante la vinculación formal que hace la Fiscalía, de los paramilitares Jesús Emiro Pereira Rivera, alias "Huevo de Pisca"; Alejandro Cárdenas Orozco, alias "JJ"; y Mario Jaimes Mejía, alias "Panadero", por la presunta comisión de los delitos de secuestro, tortura y violencia sexual, contra la periodista Jineth Bedoya, ocurridos el 25 de mayo de 2000.

El próximo martes 24 de mayo, a las 9:00 AM en el Hotel Parque 97, la Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP, en compañía de Oxfam y la Campaña “Violaciones y Otras Violencias: Saquen Mi Cuerpo de la Guerra”, presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncia contra el Estado Colombiano por el secuestro, tortura y violencia sexual cometidos contra la periodista Jineth Bedoya Lima, en mayo del 2000. Once años después, el caso sigue en etapa de investigación en la Fiscalía, sin que haya alguna persona vinculada.

Jineth Bedoya Lima, editora judicial del diario El Tiempo, fue víctima de amenazas, el pasado 9 de noviembre, por parte de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), luego de la presentación de su libro sobre el jefe guerrillero ‘Mono Jojoy’, el pasado fin de semana. En su publicación, Bedoya señala que ‘Jojoy’ habría dado la orden de asesinar al periodista Néstor Morales, de Caracol Radio.

Jineth Bedoya y Jhon Wilson Vizcaíno, corresponsales del periódico El Tiempo, quienes se encontraban realizando un reportaje en el departamento del Guaviare al oriente del país, fueron secuestrados por miembros del frente 44 de las FARC durante 5 días.