Durante los últimos días, se ha dejado en evidencia la persistente intención del presidente Gustavo Petro de debilitar el debate sobre asuntos de interés público relacionados con la gestión del gobierno nacional.

En la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, realizamos un seguimiento especial al Sistema de Medios Públicos RTVC, dada su responsabilidad en la promoción del pluralismo y la diversidad de opiniones sobre temas de interés público. Este compromiso es esencial en el caso de este tipo de medios para proteger la libertad de expresión y garantizar una programación que refleje la diversidad de voces de Colombia. Por ello, hemos establecido un canal de comunicación directa con decenas de periodistas de RTVC, quienes han expresado su preocupación por prácticas que podrían comprometer estos principios.

Mientras las reglas de juego no cambien, las elecciones las perderán el periodismo y su credibilidad. No importa si se trata de las presidenciales, como las del año pasado, o si son las locales, que sucederán en unas semanas y en las que los desafíos son aún mayores.

Fernando Bahamón Molina fue corresponsal de El Espectador, de la cadena radial Caracol y del Noticiero 24 Horas. También se desempeñó como locutor deportivo y tenía un programa de música vallenata en la emisora La Voz de la Selva. Bahamón enfocó su profesión como periodista regional en velar por los derechos de las personas más necesitadas, narraba la situación de violencia que sucedía en el departamento y realizaba denuncias sobre la mafia de cocaína.

Desde la FLIP, conmemoramos el arduo trabajo que desempeñó el periodista Fernando Bahamón que con pasión ejerció su profesión. 

Para escuchar la historia completa, te invitamos a reproducir el siguiente video: 

El 24 de abril de 2022, se cumplieron 13 años del asesinato de José Everardo Aguilar. Al momento de su muerte, tenía 72 años. Dejó diez hijos tras de sí y años de trabajo en el periodismo. En Radio Súper Popayán, en el Cauca, trabajó cerca de 10 años, en donde denunciaba la corrupción y cubría temas políticos. El 24 de abril de 2009, siete disparos sepultaron su voz, en el barrio Las Ferias, del municipio de Patía, Cauca. El asesino entró a su hogar haciéndose pasar por un mensajero que le traía fotografías y documentos. Ese día, José Everardo se encontraba con su esposa e hija. 

En la FLIP, no olvidamos a José Everardo Aguilar y su compromiso con la verdad y la comunidad. Gracias por recordar con nosotros. 

En Magangué, Bolívar, los medios de comunicación estuvieron silenciados durante la administración del alcalde Jorge Luis Alfonso López. Esto cambió gracias al periodista Rafael Enrique Prins y a su medio Apocalipsis, que comenzó a realizar críticas sobre la Alcaldía. No obstante, esto terminó por costarle la vida: Rafael Enrique fue asesinado el 19 de febrero de 2005.

Al igual que varios ciudadanos de Magangué, Prins creía que su municipio podía tener un futuro distinto. Por ello, trabajó en la campaña de Jorge Luis Alfonso López, hijo de la conocida exempresaria Enilce López.

El documental “Homenaje a Rafael Enrique Prins” cuenta que meses después de las elecciones en las que Alfonso López salió victorioso, el periodista se percató de que los cambios que prometía este nunca se realizarían. Por eso, Prins decidió renunciar al Fondo Municipal de Tránsito, y emprendió con Apocalipsis, un medio independiente en donde comenzó a denunciar las problemáticas de la administración de Alfonso López. El medio, aunque solo era una hoja impresa de ambos lados, y que además se distribuía de forma clandestina, logró incomodar al entonces alcalde. “Las denuncias sobre cómo manejaron los recursos de la salud y quién se quedó con esos dineros fueron las que probablemente enojaron a Jorge Luis Alfonso”, cuenta Edison Lucio Torres, periodista y amigo de Prins desde la niñez. 

Según La Silla Vacía, cuando Alfonso López llegó a la Alcaldía, Magangué estuvo repleto de personas armadas. El temor y el silencio comenzaron a apoderarse de la población y los medios de comunicación se silenciaron frente a las sospechas de corrupción de la administración. Pero Apocalipsis fue la excepción.

El día de su asesinato, según un testigo anónimo, hombres desconocidos buscaron a Prins y lo hirieron con disparos cerca de las ocho de la noche, en el Parque de la Electricidad en Magangué. El periodista falleció en el Hospital San Juan de Dios cuatro horas después del ataque. 

Lucio Torres, colega de Prins, cuenta que luego de la muerte del periodista, desde 2005 al 2010, hubo una presión a nivel regional y nacional sobre la familia del alcalde Alfonso López, que desencadenó en la persecución y futura condena de los implicados en el asesinato de Prins. En palabras de Lucio Torres: “ellos se ganaron una enemistad con sectores importantes de la política. Estos sectores jugaron un papel determinante para llevar a los estrados judiciales a diferentes individuos de la misma familia”. 

En 2015, un juzgado de Bogotá condenó a Jorge Luis Alfonso López a 39 años de prisión. Posteriormente, en 2017, el Tribunal Superior de Bogotá rebajó su condena a 29 años. Pedro Vaca, exdirector de la FLIP y relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirmó que este fue el primer caso de una condena efectiva al autor intelectual del asesinato a un periodista en el país. Para Lucio Torres “la efectividad en la condena se dio porque hubo voluntad política de sectores políticos del país”. 

Desde la FLIP intentamos comunicarnos con tres personas cercanas a Prins. Sin embargo, todas decidieron no dar entrevistas, pues temen a las amenazas que esto podría conllevar. 

En la FLIP no olvidamos a Rafael Enrique Prins y su lucha por la libertad de expresión. Gracias por recordar con nosotros.

La periodista Claudia Julieta Duque hizo entrega de su esquema de protección a la Unidad Nacional de Protección (UNP) tras las reiteradas violaciones a sus datos personales. La UNP usó el esquema proporcionado a la periodista para recolectar y manejar datos sensibles. Esta situación es un claro incumplimiento del Estado colombiano a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la vida, integridad y libertad de expresión de la periodista.

El 27 de octubre de 2021, la FLIP alertó sobre la recolección de manera masiva y sin autorización de datos altamente sensibles de la periodista por medio de un dispositivo GPS instalado en el vehículo que hace parte de su esquema de protección. Dentro de la información recolectada se incluyen direcciones exactas y localización de Google Maps. Esto pone en riesgo la seguridad de la periodista, sus familiares y sus fuentes periodísticas. Además, preocupa que la UNP no haya garantizado el acceso a la información ni proporcionado alternativas para la protección de la periodista.

El 11 de noviembre la UNP respondió a un derecho de petición enviado por la FLIP en el que solicitamos información sobre el uso y la protección de los datos que se recolectan por medio de los dispositivos GPS. Según la entidad, la información era de carácter reservado, pero desconoce que los datos que solicitó la FLIP son de carácter general y estadístico, y no comprometen información privada de las personas protegidas. Por eso, el 17 de noviembre se presentó un recurso de insistencia, del cual se desconoce el trámite que haya adelantado la entidad. 

A raíz de todos estos hechos, el 9 de diciembre la Cancillería convocó a una reunión con la periodista y Alfonso Campo, director de la UNP. En el encuentro discutieron sobre el uso de los GPS en los vehículos de la entidad y Claudia Julieta Duque solicitó que se retirara dicho dispositivo. Sin embargo, no se llegó a una solución concreta.

El 13 de diciembre de 2021 la periodista reiteró la solicitud del retiro del GPS del vehículo, por medio de un derecho de petición. Diez días después, la entidad negó la solicitud alegando que el GPS “es la única herramienta con la que cuenta la UNP, para poder controlar la actividad de protección de manera idónea y eficaz”.

Luego de tres meses de dar a conocer la denuncia y de agotar infructuosamente distintas vías para llegar a una solución que sea acorde a su situación de riesgo, Claudia Julieta Duque tomó la decisión de entregar el vehículo de protección a la UNP. 

Esta es la segunda vez que se vulneran los derechos fundamentales de la periodista por medio del esquema de protección asignado por el Estado, pues anteriormente Claudia Julieta ya había sido víctima actividades de vigilancia realizadas por parte de los hombres de protección asignados al esquema que pertenecían al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

La FLIP manifiesta su preocupación por la situación de seguridad de la periodista, que puede agudizarse por la falta de adopción de medidas de protección integrales por parte del Estado. Por eso, le solicitamos a la CIDH que realice un seguimiento especial a las medidas cautelares otorgadas a favor de la periodista, en el que evalúe los riesgos del uso de tecnologías en el mecanismo de protección, y reitere al Estado a que las mismas sean concertadas con la beneficiaria y acordes a su situación de riesgo. 

Al periodista Martín La Rotta lo recuerdan como un hombre comprometido con la comunidad, alegre y jovial. Era la voz crítica de San Alberto, César, donde fue asesinado el 7 de febrero del 2004. Todo porque Martín decidió hacerles frente a los paramilitares.

Martín empezó a hablar con las personas del municipio y hacer declaraciones en contra del paramilitarismo en la emisora Las Palmas Estéreo, del cual era gerente y propietario. Y fue así, como se convirtió en su enemigo.

En la FLIP no olvidamos a Martín, gracias por recordar con nosotros.

Se cumplen 20 años del asesinato del periodista y subdirector del diario La Patria, Orlando Sierra, en Manizales, Caldas. De los 163 casos registrados de asesinatos a periodistas, este es el único en el que se ha condenado a toda la cadena criminal: desde autores materiales hasta determinadores. Sin embargo, tuvieron que pasar 17 años para que eso sucediera. En Colombia, la impunidad en casos de homicidios a periodistas alcanza el 78.8%.

El 30 de enero de 2002, mientras llegaba de almorzar junto a su hija, Orlando Sierra recibió dos disparos en frente de la sede del diario La Patria. Tras el ataque, Orlando fue trasladado de urgencia al Hospital de Caldas e intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, dos días después, el 1 de febrero, falleció. Orlando era el subdirector de La Patria y en su columna Punto de Encuentro denunciaba la corrupción en Caldas.

La justicia encontró como determinador del crimen a Ferney Tapasco, excongresista y exdirector del Partido Liberal en Caldas. Además, los hermanos Fabio y Jorge López Escobar fueron condenados como cómplices del homicidio. Luis Fernando Soto Zapata, el sicario, y Luis Miguel Tabares, el jefe de sicarios, fueron condenados como autores materiales. Así mismo, Luis Arley Ortiz Orozco y Francisco Antonio Quintero Tabares fueron condenados como coautores del crimen.  

Días después del homicidio, varios medios de comunicación, invitados por la FLIP, decidieron unir sus esfuerzos para investigar el crimen. En el caso de Orlando Sierra fue determinante la presión que ejerció la prensa para que se juzgaran a los responsables del asesinato. Sin embargo, la justicia tardó 17 años en llegar. 

Contrario a la disminución mundial de asesinatos a periodistas entre 2016 y 2020, que ha reportado Unesco, en Colombia en los últimos cinco años fueron asesinados ocho periodistas en el país, mientras que entre el 2011 y 2015 fueron asesinados siete. 

Para encontrar justicia en crímenes contra periodistas es necesario que las entidades hagan un trabajo conjunto en la investigación de estos ataques, teniendo en cuenta el contexto de violencia diferenciada contra la prensa y las características regionales de cada caso. Además, es vital que los casos sean investigados sólidamente y, posteriormente, judicializados en plazos razonables, las dilaciones hacen que se pierda la posibilidad de juzgar debidamente a los responsables de los crímenes. 

Recientemente, se aprobó una nueva ley de seguridad ciudadana, en la que se incrementan las penas a quienes sean encontrados responsables de homicidios contra periodistas. Esta medida solo podrá contrarrestar la violencia en la medida que se reduzca el índice de impunidad y se concluyan los procesos en sanciones a toda la cadena de responsables. Para ello, es indispensable que la Fiscalía se enfoque en entender las particularidades de la violencia contra la prensa y en investigar diligentemente para dar con los determinadores y autores materiales de los asesinatos.

El legado de Orlando Sierra sigue vivo, en la redacción de La Patria y en sus compañeros, familiares y amigos. A continuación podrá ver un video realizado en conjunto con La Patria, en el que excompañeros recuerdan su trabajo y cómo éste impactó en ellos y en la sociedad caldense. 

También podrá escuchar nuestra cápsula de audio conmemorativa y navegar por la línea de tiempo de este caso. 

En la FLIP no olvidamos. 

En 2018, la FLIP registró el número más alto de violaciones a la libertad de prensa; en 2019, la prensa sigue asediada por la violencia y la censura. Por esa razón, los miembros del proyecto Antonio Nariño (PAN), del que hace parte la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), han convocado a todos los partidos políticos y movimientos significativos de ciudadanos a firmar el Pacto por la Libertad de Prensa y contra la desinformación en elecciones.