En esta edición de Páginas, examinamos un problema estructural: la precarización del trabajo periodístico en Colombia; un fenómeno atravesado por la crisis del modelo de negocio, la presión de las plataformas digitales y un ecosistema informativo cada vez más hostil para la libertad de expresión. Como si fuera poco, la violencia contra la prensa mantuvo patrones más agresivos y con impactos devastadores, en un contexto de riesgos persistentes para la prensa y un escenario especialmente exigente para preservar la independencia y el rigor periodístico de cara a las elecciones de 2026.

Recortes al aire: el síntoma de una crisis de los medios de comunicación en Colombia

El periodismo colombiano cerró 2025 con menos periodistas, más miedo y redacciones más frágiles. Los despidos masivos de noviembre en cadenas como Caracol Radio y W Radio, sumados a recortes en otros medios, tanto tradicionales como alternativos, dejaron una radiografía más nítida de la fragilidad del sector.

W Radio y Caracol Radio, las dos principales cadenas radiales del grupo español Prisa en Colombia, iniciaron una ola de despidos que dejó por fuera a 42 periodistas y empleados de distintas áreas y niveles. A comienzos de agosto de 2025, RCN anunció la fusión entre su Cadena Básica y La FM, una decisión que supuso el despido de varios trabajadores y el cierre de la histórica marca RCN Radio.

Durante 2025, la contracción del empleo periodístico alcanzó también a medios impresos y digitales de amplia trayectoria. El Tiempo rescindió el contrato de al menos 80 trabajadores –de los cuales se estima que un 10 % eran periodistas–, mientras que casas como El Espectador realizaron recortes de cerca de unas 30 personas, disolviendo por completo equipos enteros como la Unidad de Investigación de ese periódico, que estaba compuesta por 13 periodistas.

La Encuesta Nacional de Libertad de Expresión 2025, hecha por la FLIP y Cifras & Conceptos, muestra que el 56 % reporta ingresos inferiores a tres millones de pesos mensuales y solo el 44 % tiene contrato a término indefinido. El 62 % dice que ese agotamiento los ha llevado a autocensurarse, abandonar temas o considerar dejar la profesión.

En juego no solo está el futuro laboral de quienes informan, sino la calidad, la independencia y la viabilidad del oficio. En todos estos casos, queda en evidencia un mismo problema estructural: la precarización creciente de quienes están detrás de la producción de información de interés público.

Más allá de los números: el impacto de la violencia contra la prensa en 2025

Amenazas, estigmatizaciones y acoso judicial fueron las principales agresiones a las y los periodistas en Colombia, durante el año pasado. Acciones hostiles que, junto a un ataque con explosivos a un medio, un intento de homicidio y un asesinato, hablan de la severidad de los intentos por silenciar a la prensa.

En 2025, la violencia contra la prensa en Colombia no se midió solo en números, sino en el peso que dejó sobre quienes ejercen el oficio. Aunque documentamos 469 agresiones contra 305 periodistas —un 13 % menos que en 2024—, la aparente reducción estadística no se tradujo en un entorno más seguro. Por el contrario: los ataques registrados durante el año tuvieron impactos más severos y persistentes en la vida de las y los periodistas, y en sus posibilidades reales de informar con libertad.

Las amenazas fueron la agresión más frecuente contra la prensa en Colombia. En 2025, registramos 192 casos, que representan el 41 % del total de ataques documentados durante el año. Así mismo, más de un centenar de periodistas fueron intimidados en 29 de los 32 departamentos del país.

Las agresiones registradas no solo persistieron: escalaron en cuanto a su impacto. En departamentos como Nariño y Córdoba, funcionarios públicos agredieron físicamente a periodistas que investigaban asuntos relacionados con su gestión. En Quindío, el periodismo perdió a una de sus voces con el asesinato de Óscar Gómez Agudelo; en Guaviare, el periodista Gustavo Chicangana sobrevivió a un intento de homicidio; y en Cali, el edificio donde funcionan tres medios de comunicación (RCN Radio, RCN Televisión y La República) fue blanco de un ataque con explosivos.

Las consecuencias fueron inmediatas y dolorosas: 14 periodistas se vieron obligados a desplazarse forzosamente dentro del país para proteger sus vidas, y otros siete tuvieron que exiliarse en busca de seguridad. El silencio, una vez más, fue el costo impuesto a quienes intentaron informar.

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