#AlertaFLIP | Ayer, 24 de septiembre de 2024, se conoció un plan pistola contra el periodista José Ignacio Arango, de Noticias Cúcuta 75, y otro comunicador de Cúcuta, Norte de Santander. La amenaza de muerte, que también advierte a funcionarios del INPEC, fue emitida por alias 'Cobre’, quien está privado de la libertad.

Ayer 22 de abril, Alejandro José Arias, alias ‘El Cojo’, fue trasladado a la cárcel La Picota por el asesinato de Jaime Vásquez, ocurrido el pasado 14 de abril, en Cúcuta, Norte de Santander. Arias fue señalado por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal agravado y concierto para delinquir agravado.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las nuevas amenazas de atentado en contra de los periodistas y las instalaciones de los diarios La Opinión y Q’hubo de Cúcuta, Norte de Santander.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza la actitud de Luis Javier Agudelo Guerrero, alcalde de San Cayetano, Norte de Santander, frente a los cuestionamientos del diario Q’hubo. El primer mandatario estigmatizó y amenazó con denunciar penalmente al periodista después de que se hiciera pública una investigación acerca de la posible desaparición de una máquina del municipio.

El pasado sábado 21 de abril, el periódico Q’hubo publicó una nota titulada “Se perdió la retroexcavadora que prevenía desastres en San Cayetano”. En el artículo el periodista Jean Javier García expone la preocupación de la comunidad de este municipio al no conocer el paradero de una retroexcavadora con la que empezó a trabajar la administración en 2010 y valorada en más de 400 millones de pesos.

Como respuesta a la publicación, la secretaria de Planeación, infraestructura y Tic de San Cayetano, Angélica Esteban Acevedo, le envió por chat al periodista una serie de fotografías junto a una retroexcavadora con el fin de mostrar el paradero de la máquina.

En la página web oficial de la alcaldía se publicó, además, una nota titulada “Falsa Noticia Sobre Pérdida De La Retroexcavadora del Municipio de San Cayetano”. A través del artículo institucional, la administración califica como “falsa, incorrecta y deliberadamente manipulada por dicho periódico”, la información difundida por Q’hubo. Según la Alcaldía, la Secretaria se desplazó al taller donde estaría la máquina.  

Adicionalmente, la administración anunció que iniciaría acciones legales en contra del medio de comunicación: “De esta forma se solicitará al periódico amarillista Q’Hubo y al periodista Jean Javier García para que desmienta y haga las correcciones en las publicaciones falsas publicadas en dicho periódico; o de lo contrario se actuará conforme a la ley para estos casos”, se lee en la publicación de la administración municipal.

Luego, el lunes 23 de abril, el periodista se comunicó con el alcalde Agudelo, quien se mostró enojado por la publicación y aseguró que no le iba a dar declaraciones sobre la retroexcavadora. El mandatario, además, le dijo al periodista que lo iba a denunciar por calumnia ante la Fiscalía General de la Nación.  

La FLIP expresa su preocupación por la respuesta de la administración de San Cayetano, debido a que no expresa una postura transparente sobre el paradero de la retroexcavadora sino que se limita a estigmatizar y amedrentar al medio de comunicación. Según conoció la Fundación, la máquina que se ve en las fotografías de la Secretaria no corresponde a la retroexcavadora del municipio ya que tiene un número serial y características físicas diferentes a las que se evidencian en otras fotos del archivo de la comunidad.

La FLIP expresa su preocupación por la respuesta del alcalde, debido a que vulnera los estándares internacionales de libertad de prensa. Las estigmatizaciones van en contra de los deberes de los funcionarios y ponen en riesgo infundado a los reporteros. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH ha sido enfática en declarar que son los funcionarios públicos quienes tienen la obligación de adoptar un discurso público favorable que contribuya a prevenir la violencia contra la prensa: “la obligación de garantizar los derechos de libertad de expresión y a la integridad personal requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia”.

Adicionalmente, la RELE ha dicho que “los funcionarios públicos deben abstenerse de estigmatizar a los periodistas y medios de comunicación (…) eso no significa que no puedan controvertir notas u opiniones con las que disientan. Lo que significa es que tienen que hacerlo de manera respetuosa con la libertad de expresión”.

Sumado a lo anterior, preocupa que el alcalde amenace con tomar acciones penales en contra del periodista, ya que de esta manera busca castigar la crítica a través del sistema judicial. Contrario a lo que se supone que debe ocurrir, el mandatario no pretende aclarar las dudas frente a la problemática. Si el alcalde tiene respuestas frente al caso, una denuncia penal por calumnia no es el camino correcto.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza los ataques a periodistas por parte de Fuerza Pública y manifestantes en el contexto de las protestas sociales en Cauca y Norte de Santander.

El pasado 1 de noviembre, dos periodistas fueron agredidos por agentes de la Policía Nacional en el sector conocido como la “Y”, a la altura del municipio de Sardinata, Norte de Santander. Los reporteros Arquímedes Gutiérrez de NC Noticias y Luis Fernando Molina de Prensa Rural estaban cubriendo el paro campesino en la región del Catatumbo.

Cerca del mediodía los reporteros registraron una confrontación entre campesinos de la región y la Policía Nacional. Según el relato de Gutiérrez, miembros de la Fuerza Pública agredieron a los reporteros, les decomisaron su material periodístico e intentaron detenerlos: “Comienzan a botarnos gasolina por encima, diciéndonos que nosotros éramos los sapos. Luego empiezan a quitarnos el material que teníamos”, narró el reportero.

Gutiérrez asegura que miembros de la Policía y de la Sijín requisaron sus pertenencias y  revisaron el contenido de sus celulares. Según el reportero, gracias a la intervención de funcionarios de la ONU y de integrantes de Marcha Patriótica, los miembros de la Fuerza Pública dejaron de agredirlos.

Ese mismo día, en horas de la tarde, Gustavo Molina, reportero de la emisora Radio 1040 de Popayán, fue golpeado por miembros de los pueblos indígenas, que se encuentran en Minga desde hace más de tres días en el Cauca. La agresión se presentó después de una reunión entre el gobierno y las autoridades indígenas en el sector de Monterilla, a la que asistieron los periodistas para hacer el cubrimiento. Al finalizar el encuentro, los reporteros salieron en el vehículo del medio de comunicación, en el que además se transportaban los corresponsales de Red+ Noticias, y fueron atacados con piedras.

Además de los ataques físicos, los protestantes señalaron a los periodistas de ser mentirosos y vendidos. Gutiérrez afirma que las personas que los agredieron tenían pañoletas y otros símbolos que los identificaban como miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). La Fundación hace un llamado al Consejo Regional para que aclare estos hechos y determine la responsabilidad de sus integrantes en esta grave agresión.

La FLIP expresa su preocupación por las agresiones que se vienen presentando en las recientes manifestaciones y le exige a los actores en confrontación que cesen cualquier acción de censura contra la prensa.

Para la FLIP las acciones de la Policía resultan inadmisibles, pues decomisar, borrar, inspeccionar o dañar cualquier tipo de información es una forma de censura previa, la cual está prohibida por la Constitución y por la Convención Americana de Derechos Humanos. Este tipo de actuaciones interfiere con el derecho de toda persona a buscar información e impide que se lleve a cabo la libre circulación de información y se configura como una violación de la reserva de la fuente, que debe garantizarse en todo ejercicio periodístico.

La FLIP puso en conocimiento de estos hechos al Área de Derechos Humanos de la Inspección General de la Policía Nacional y está a la espera de que la entidad inicie las investigaciones disciplinarias a los uniformados que hicieron parte del operativo con el fin de sancionar a los responsables de las agresiones contra los reporteros.

Al respecto, los relatores especiales de libertad de expresión de la ONU y de la CIDH hicieron un llamado a las autoridades en 2013: “El Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión”.

El pasado 20 de septiembre el reportero gráfico del diario La Opinión de Cúcuta, Carlos Patiño, fue obstruido y agredido por la policía cuando se disponía a tomar unas fotografías para una nota periodística.

El hecho se registró hacia las ocho de la noche en el barrio Claret, donde se llevaba a cabo el levantamiento de un cadáver. Patiño se acercó para tomar unas fotografías e inmediatamente fue abordado por un agente de la policía, quien de manera agresiva le prohibió ejercer su labor.