Fallo judicial por secuestro a periodistas en Norte de Santander llega casi una década después de los hechos

El Juzgado Penal Quinto del Circuito Especializado de Cúcuta emitió el pasado 22 de enero un sentido de fallo condenatorio contra integrantes del autodenominado Comando Central (Coce) y otros cabecillas del frente de guerra nororiental de la guerrilla del ELN por el secuestro de siete periodistas y dos trabajadores de medios de comunicación, hechos ocurridos en 2016 en el departamento de Norte de Santander. Esta decisión judicial se produce casi una década después de los sucesos y cerca de ocho años de la presentación del escrito de acusación. Los condenados fueron hallados responsables del delito de rebelión y secuestro simple y extorsivo agravado.

El 21 de mayo de 2016, la periodista española Salud Hernández, quien trabajaba para la Revista Semana, fue secuestrada en el corregimiento de Filo El Gringo, jurisdicción del municipio de El Tarra (Norte de Santander), mientras llevaba a cabo una investigación sobre la erradicación de cultivos ilícitos. Durante el secuestro fue despojada de sus pertenencias, incluido su material y equipos periodísticos, y permaneció privada de la libertad durante siete días. Estos hechos fueron atribuidos a cabecillas del ELN.

Posteriormente, el 23 de mayo, el periodista Diego D’Pablos, su camarógrafo —ambos trabajadores del canal RCN— y la persona que los transportaba fueron interceptados por miembros del ELN en el mismo corregimiento, cuando realizaban el cubrimiento periodístico del secuestro de Salud Hernández. Las víctimas fueron despojadas de sus elementos personales y equipos de trabajo, privadas de la libertad hasta el 29 de mayo y sometidas a extensos interrogatorios y amenazas de muerte.

Una situación similar enfrentaron el periodista Diego Velosa, de Noticias Caracol Televisión, Willian del Carmen Mora, periodista y director de la emisora Catatumbo Stereo 106.7 FM, y otra periodista, quienes también se desplazaron a la zona con el propósito de informar sobre la desaparición de su colega. En el mismo corregimiento fueron privados de la libertad, despojados de todos sus equipos periodísticos y sometidos a interrogatorios y amenazas, antes de ser liberados 24 horas después.

Esta decisión también incorpora los hechos ocurridos en junio de 2017 contra dos periodistas de nacionalidad holandesa que trabajaban para el programa de televisión Spoorloos. Los comunicadores fueron interceptados en la vereda Versalles, cerca al corregimiento de Filo El Gringo del municipio de El Tarra, por hombres armados que se identificaron como integrantes del ELN, quienes los retuvieron bajo el señalamiento de ser presuntos “espías o infiltrados”. Durante la privación de la libertad, fueron despojados de sus documentos personales, equipos periodísticos y otros elementos de trabajo. Posteriormente, fueron entregados a una comisión humanitaria conformada por representantes de la Iglesia y la Defensoría del Pueblo.

En este proceso, desde la FLIP hemos acompañado la representación legal de cuatro de los siete periodistas víctimas, en una búsqueda prolongada de verdad, justicia y reparación frente a hechos que evidencian los riesgos estructurales que persisten para el ejercicio del periodismo en la región. Sobre estos hechos, el Juzgado declaró el fallo como mixto: aunque se condena a los responsables por el delito de secuestro, el delito de despojo en campo de batalla fue declarado prescrito.

Pese a que los sucesos ocurrieron hace casi una década, la violencia contra la prensa persiste: por segundo año consecutivo, Norte de Santander se ubicó entre los departamentos con mayor número de amenazas contra periodistas, seguidas por el acoso y el desplazamiento forzado, con presunta participación de actores armados y bandas criminales. La demora de casi diez años en la respuesta judicial envía un mensaje de vulnerabilidad a quienes hoy continúan ejerciendo el periodismo en la región y, con razón, evitan exponerse ante riesgos que siguen latentes.

Desde la FLIP esperamos que se realice la audiencia de lectura de fallo el próximo 11 de febrero. Si bien esta decisión representa un avance en materia de justicia, verdad y reparación integral, y reafirma el principio del Derecho Internacional Humanitario que reconoce a las y los periodistas como personas de especial protección e integra la obligación de aplicar el enfoque diferencial de censura en casos que involucran periodistas, reiteramos el llamado a la no repetición. El riesgo por el hecho de ser periodista en zonas de conflicto continúa agudizándose y exige garantías efectivas por parte de las instituciones competentes de protección para que hechos como estos no vuelvan a ocurrir. Así como la falta de efectividad de penas de cárcel a los miembros del COCE y los comandantes territoriales que no se han presentado a la justicia y están prófugos, siguen cometiendo delitos desde las estructuras armadas que dirigen, siendo máximos responsables de crímenes graves contra la población civil.