Nuevas amenazas de atentado contra periodistas e instalaciones de La Opinión en Cúcuta

La FLIP rechaza las agresiones contra la prensa por parte de miembros de la Fuerza Pública durante la visita del candidato presidencial. Los reporteros afectados hacen parte de Caracol Radio, Caracol Televisión y Red Más Noticias.

El viernes 2 de marzo Gustavo Petro y los miembros de su campaña asistieron a un acto político en la Plaza Santander en Cúcuta. Durante el evento se presentaron desmanes provocados por los simpatizantes de partidos que están en oposición a Petro y uniformados del Esmad.

Debido a la difícil situación de orden público que se presentó durante el acto político y un hecho que Petro calificó como un atentado contra su vida, el candidato convocó a los periodistas de la ciudad a una rueda de prensa para dar sus declaraciones sobre lo sucedido.

En las inmediaciones al Hotel Casino Internacional, lugar donde Petro iba a dar la rueda de prensa, Jullieth Cano, periodista de Caracol Radio; Mauricio Parada de Caracol Televisión y Ligia Bejarano, de Red Más Noticias, fueron atacados por miembros del Esmad. Según los reporteros, los uniformados los golpearon a patadas, con los escudos de dotación y les impidieron entrar al evento. En medio de las agresiones, los simpatizantes de Petro gritaban “Fuera La Opinión” cuando notaron la presencia de los periodistas de este medio de comunicación.  

La FLIP expresa su preocupación por lo sucedido y le exige a la Policía Nacional que inicie la investigación disciplinaria con el fin de sancionar a los uniformados responsables de los ataques contra la prensa. La Fundación, además, le solicita a la institución que garantice el cubrimiento periodístico durante las visitas de los candidatos a las diferentes ciudades del país.  

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza la actitud de Luis Javier Agudelo Guerrero, alcalde de San Cayetano, Norte de Santander, frente a los cuestionamientos del diario Q’hubo. El primer mandatario estigmatizó y amenazó con denunciar penalmente al periodista después de que se hiciera pública una investigación acerca de la posible desaparición de una máquina del municipio.

El pasado sábado 21 de abril, el periódico Q’hubo publicó una nota titulada “Se perdió la retroexcavadora que prevenía desastres en San Cayetano”. En el artículo el periodista Jean Javier García expone la preocupación de la comunidad de este municipio al no conocer el paradero de una retroexcavadora con la que empezó a trabajar la administración en 2010 y valorada en más de 400 millones de pesos.

Como respuesta a la publicación, la secretaria de Planeación, infraestructura y Tic de San Cayetano, Angélica Esteban Acevedo, le envió por chat al periodista una serie de fotografías junto a una retroexcavadora con el fin de mostrar el paradero de la máquina.

En la página web oficial de la alcaldía se publicó, además, una nota titulada “Falsa Noticia Sobre Pérdida De La Retroexcavadora del Municipio de San Cayetano”. A través del artículo institucional, la administración califica como “falsa, incorrecta y deliberadamente manipulada por dicho periódico”, la información difundida por Q’hubo. Según la Alcaldía, la Secretaria se desplazó al taller donde estaría la máquina.  

Adicionalmente, la administración anunció que iniciaría acciones legales en contra del medio de comunicación: “De esta forma se solicitará al periódico amarillista Q’Hubo y al periodista Jean Javier García para que desmienta y haga las correcciones en las publicaciones falsas publicadas en dicho periódico; o de lo contrario se actuará conforme a la ley para estos casos”, se lee en la publicación de la administración municipal.

Luego, el lunes 23 de abril, el periodista se comunicó con el alcalde Agudelo, quien se mostró enojado por la publicación y aseguró que no le iba a dar declaraciones sobre la retroexcavadora. El mandatario, además, le dijo al periodista que lo iba a denunciar por calumnia ante la Fiscalía General de la Nación.  

La FLIP expresa su preocupación por la respuesta de la administración de San Cayetano, debido a que no expresa una postura transparente sobre el paradero de la retroexcavadora sino que se limita a estigmatizar y amedrentar al medio de comunicación. Según conoció la Fundación, la máquina que se ve en las fotografías de la Secretaria no corresponde a la retroexcavadora del municipio ya que tiene un número serial y características físicas diferentes a las que se evidencian en otras fotos del archivo de la comunidad.

La FLIP expresa su preocupación por la respuesta del alcalde, debido a que vulnera los estándares internacionales de libertad de prensa. Las estigmatizaciones van en contra de los deberes de los funcionarios y ponen en riesgo infundado a los reporteros. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH ha sido enfática en declarar que son los funcionarios públicos quienes tienen la obligación de adoptar un discurso público favorable que contribuya a prevenir la violencia contra la prensa: “la obligación de garantizar los derechos de libertad de expresión y a la integridad personal requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia”.

Adicionalmente, la RELE ha dicho que “los funcionarios públicos deben abstenerse de estigmatizar a los periodistas y medios de comunicación (…) eso no significa que no puedan controvertir notas u opiniones con las que disientan. Lo que significa es que tienen que hacerlo de manera respetuosa con la libertad de expresión”.

Sumado a lo anterior, preocupa que el alcalde amenace con tomar acciones penales en contra del periodista, ya que de esta manera busca castigar la crítica a través del sistema judicial. Contrario a lo que se supone que debe ocurrir, el mandatario no pretende aclarar las dudas frente a la problemática. Si el alcalde tiene respuestas frente al caso, una denuncia penal por calumnia no es el camino correcto.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las nuevas amenazas de atentado en contra de los periodistas y las instalaciones de los diarios La Opinión y Q’hubo de Cúcuta, Norte de Santander.