En 2023 un periodista ha sido amenazado cada dos días

Hasta el 31 de mayo de 2023, en la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) hemos documentado 58 amenazas contra periodistas, ocurridas en 22 departamentos del país. Esta cifra retrata un escenario preocupante sobre la seguridad de quienes ejercen periodismo en Colombia: un periodista es amenazado cada dos días y en el 70% del país se ha amenazado al menos a una o un comunicador. La mayoría de estas agresiones se presentaron en Bogotá y en los departamentos de Arauca, Norte de Santander, Tolima, Atlántico y Nariño. Muchas de estas amenazas estarían relacionadas con investigaciones sobre temas de seguridad, administración pública y conflicto armado.

Bogotá es la ciudad en la que más se han reportado amenazas, en este año van seis casos. Esto se puede deber a que en la capital se concentra un gran número de medios de comunicación digitales, comunitarios, de prensa escrita, radio y televisión. En esta ciudad la prensa suele recibir amenazas de personas desconocidas como represalia por el cubrimiento que hacen a temas de administración pública, política y seguridad.

Sin embargo, el panorama a nivel departamental es diferente: 26 de las 58 amenazas registradas —casi la mitad— provienen de actores armados ilegales que tienen presencia en distintas zonas del país. Del total de los casos registrados, 26 provinieron de bandas criminales, disidencias y guerrillas, 5 casos más que en 2022. También hemos evidenciado que en zonas en las que estos grupos son más fuertes, como Arauca y Norte de Santander, se busca con más frecuencia atacar a periodistas que informan sobre conflicto armado, narcotráfico y asuntos de seguridad.

En otros departamentos como Tolima y Atlántico, hay presencia de bandas criminales que suelen responder a grupos armados ilegales con presencia nacional, como el Clan del Golfo. En estos departamentos, la prensa es más vulnerable cuando cubre temas relacionados con temas judiciales y orden público, como hurtos y homicidios.

Miembros de estos grupos al margen de la ley suelen abordar a los y las periodistas en espacios físicos, les intimidan a través de panfletos que dejan en sus residencias y lugares de trabajo o les hacen llamadas desde números privados o desde celulares públicos. Todo esto con el fin de que las y los reporteros cesen sus investigaciones o para que publiquen información de interés del grupo armado.

Durante este año también hemos reportado un alto número de amenazas en entornos digitales. Veinte de las 58 amenazas fueron hechas a través de las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y WhatsApp. La mitad de estos casos se registraron en Norte de Santander y en Tolima. Estas amenazas suelen ir acompañadas de emoticones (calaveras, ataúdes, cuchillos y cruces), de amenazas a familiares de los periodistas o fotografías de ellos en algún lugar público, para hacerles saber que están siendo vigilados.

Las amenazas tienen un profundo impacto psicológico en las y los periodistas que, eventualmente, puede tener graves consecuencias psicoemocionales y llevarles a optar por la censura, el silencio o el desplazamiento. El silenciamiento de la prensa tiene un costo muy alto para las sociedades democráticas, no sólo impide el flujo de información para la ciudadanía sino que, como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inhibe a aquellos ciudadanos o ciudadanas que quieren denunciar abusos de poder, irregularidades, o actos ilícitos de cualquier naturaleza.

Es necesario que de cara a las elecciones de este año el Estado se concentre en prevenir y sancionar la violencia contra la prensa y que los líderes políticos, candidatos, funcionarios y servidores públicos entablen discursos en los que respalden el trabajo de la prensa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha mencionadao que estas personas “están obligadas a un mayor deber de cuidado en sus expresiones, de modo de que no pueda entenderse que instruyen, instigan, autorizan o apoyan la comisión de actos que puedan poner en riesgo o violar los derechos de las personas. Mientras el cruce de argumentos y la exposición pública de los desacuerdos enriquecen el debate, los discursos estigmatizantes erosionan el sistema democrático y tienen el potencial de generar violencia o alentar discriminación contra diversos grupos de personas”.