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Guatemala: Sin libertad de prensa no hay democracia

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jueves, 18 mayo 2023

Guatemala: Sin libertad de prensa no hay democracia

Hacemos un llamado a las autoridades a respetar y proteger la libertad de expresión y de prensa como condición para garantizar la democracia y la legitimidad del proceso electoral

A un mes de las elecciones nacionales, las organizaciones firmantes llevamos a cabo y/o apoyamos una misión en el país con el propósito de analizar el estado de la libertad de prensa en Guatemala. Nos desplazamos a diversas zonas del territorio nacional y sostuvimos diálogos con personas periodistas y comunicadoras para conocer las circunstancias en las que desarrollan sus actividades y los desafíos que enfrentan. Nos entrevistamos con directivos y directivas de medios de comunicación, representantes de organizaciones de sociedad civil y con autoridades del Estado para conocer sus iniciativas y esfuerzos para garantizar la libertad de prensa. La conclusión a la que llegamos es extremadamente preocupante no sólo para el derecho de personas periodistas y comunicadoras de informar, sino principalmente para el derecho de la ciudadanía a estar informada para tomar decisiones de manera libre y consciente.

En Guatemala se está intensificando un sistema de intimidación, silenciamiento y restricciones al libre ejercicio del periodismo. En un contexto en el que solamente 16% de la población, de acuerdo con la reciente encuesta de Prensa Libre, confía en el Tribunal Supremo Electoral como institución garante de un proceso electoral democrático, tales restricciones a la prensa pueden afectar aun más la credibilidad del resultado del escrutinio.

La persecución de periodistas no es reciente en el país. Las amenazas que enfrenta la prensa son históricas, sobre todo la prensa comunitaria en territorios donde empresas nacionales e internacionales se asocian con el crimen organizado y las autoridades locales para silenciar las investigaciones periodísticas. Además, la misión ha observado que existe un escenario en el que la prensa es vista como una amenaza a la alianza entre actores estatales y privados, creada para controlar instituciones, y sostener la corrupción y la impunidad en el país. En vista de ello, el acoso y la criminalización de personas periodistas y comunicadoras se ha convertido en una nueva forma de censura, que comenzó durante el gobierno de Jimmy Morales, se recrudeció durante la administración de Alejandro Giammattei y que podría consolidarse en estas elecciones.

La criminalización de José Rubén Zamora, de los y las periodistas de elPeriódico y el cerco financiero sobre este medio, que llevó a su cierre este lunes, son un ejemplo de cómo este sistema represivo elige objetivos estratégicos para enviar un mensaje intimidatorio a la prensa en general. Atreverse a denunciar la corrupción y la impunidad incrustadas en el Estado guatemalteco bastó para desencadenar la persecución. Lamentablemente, el caso de elPeriódico no es aislado.

En vísperas de las elecciones en un país que se proclama democrático, esta misión constató otros casos preocupantes para el periodismo en sus diferentes expresiones —como por ejemplo, la criminalización de Carlos Choc y Robinson Ortega, el encarcelamiento arbitrario de Anastasia Mejía, la detención ilegal de Norma Sancir y la agresión sufrida por Sonny Figueroa.

Con mayor frecuencia, los y las periodistas prefieren dejar de firmar sus columnas o coberturas por miedo a represalias. Las personas periodistas se convierten en objetivos y pueden ser citados a declarar para revelar sus fuentes o ser incluidos en la lista de acusados cuando cubren casos penales emblemáticos. Alrededor de 20 personas periodistas dejaron el país tras ser amenazadas o acusadas judicialmente por coberturas incómodas al poder. Otras se encuentran bajo vigilancia o recibieron amenazas de muerte incluso de candidatos. El uso arbitrario de la pauta oficial y la presión gubernamental sobre los anunciantes refuerza los intentos de silenciamiento. La autocensura también es resultado de la actuación de net centers y otros dedicados al acoso e intimidación digital constante, como los que realiza la Fundación Contra el Terrorismo. El machismo, el racismo, la homofobia y el clasismo, entre otros ejes de opresión, son factores agravantes de la violencia que sufren las personas periodistas en razón de su labor.

La respuesta institucional a este escenario es insuficiente. Aunque el país cuenta con una fiscalía especializada en delitos contra periodistas, la mayoría de los casos de intimidación y agresión a la prensa no se investigan o quedan impunes - como los recientes casos de asesinatos de periodistas, entre ellos el de Mario Ortega (2020). Todas las personas periodistas y de la sociedad civil entrevistadas por esta misión desconfían o no creen en la eficacia de este órgano. La Procuraduría de los Derechos Humanos, que debería dar seguimiento a los casos de agresión contra la prensa, tampoco cumple activamente con su mandato en este contexto. Mientras el Estado es inoperante para investigar las agresiones contra la prensa y proteger a las personas periodistas, es ágil para acusarlas y criminalizarlas.

El acceso a fuentes estatales está restringido y la ley que debería garantizar el acceso a la información pública se incumple, en una clara violación del derecho de la población a fiscalizar el trabajo de los gobernantes. La falta de transparencia afecta también al Tribunal Supremo Electoral, donde un memorandum interno impide a los funcionarios hablar con la prensa.

Ante este grave escenario, concluimos que sin una prensa libre e independiente no puede haber elecciones libres y justas, y sin elecciones libres y justas no puede haber una democracia verdadera, por lo que el Estado de Guatemala debe tomar medidas urgentes para garantizar el derecho a informar y a ser informado.

Por lo tanto, hacemos un llamado a las autoridades a respetar y proteger la libertad de expresión y de prensa como condición para garantizar la democracia y la legitimidad del proceso electoral, estableciendo condiciones seguras y propicias para el ejercicio de la labor periodística en todo el país. A su vez, urgimos a la comunidad internacional a no renunciar a su deber de promover y defender los derechos humanos en todo el mundo.

Finalmente, reconocemos el valiente trabajo de las personas periodistas y comunicadoras en Guatemala y su contribución a la construcción de una sociedad más justa, plural y democrática.

Firmas

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica Comité por la Protección de Periodistas (CPJ) Free Press Unlimited Freedom House Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) Fundamedios IFEX- ALC Protection International Mesoamérica Reporteros Sin Fronteras (RSF) Voces del Sur

Publicado en Pronunciamientos

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jueves, 04 agosto 2022

Organizaciones internacionales rechazamos la criminalización del prominente periodista José Rubén Zamora y denunciamos enérgicamente la persecución de voces críticas en Guatemala

3 de agosto de 2022

Las organizaciones internacionales que promovemos la defensa y protección de los derechos humanos y en particular la libertad de expresión, condenamos la detención arbitraria con fines políticos del prominente periodista José Rubén Zamora, fundador y presidente del diario elPeriódico, quien está siendo perseguido en represalia por su trabajo investigativo sobre corrupción y otros temas de interés público en el Guatemala. 

Su detención forma parte de una política sistemática de persecución arbitraria y criminalización, liderada por la Fiscalía General de la República, contra exfiscales y jueces anticorrupción, periodistas independientes y personas defensoras de derechos humanos. El mismo día del arresto de Zamora también fue arbitrariamente detenida la auxiliar fiscal Samari Carolina Gómez Díaz, en represalia por su trabajo en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). 

El viernes 29 de julio en horas de la tarde en la ciudad de Guatemala, la policía y las fuerzas de seguridad del Ministerio Público allanaron las oficinas de elPeriódico y entraron a la casa del Sr. Zamora, quien fue recluido, junto con otras personas que se encontraban dentro, durante horas en régimen de incomunicación tras una puerta cerrada con llave. Horas más tarde, alrededor de la medianoche, las fuerzas de seguridad escoltaron a Zamora al edificio del tribunal y lo acusaron de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. Seguidamente, el sábado 30 de julio, el periodista indicó que comenzaría una huelga de hambre para protestar por su detención. Además, el lunes 1 de agosto se conoció que las cuentas bancarias de elPeriódico fueron embargadas a solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Tales acciones buscan censurar la libertad de prensa y cerrar aún más el espacio cívico del país.  

Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, fue quien solicitó e informó sobre la orden de aprehensión judicial girada contra Zamora. El Sr. Curruchiche fue recientemente incluido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en la lista de actores corruptos y antidemocráticos. Las organizaciones internacionales hemos alertado en múltiples ocasiones acerca de los ataques reiterados, la persecución y la criminalización contra operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos en Guatemala. Estos ataques forman parte de un patrón generalizado que ha venido agravándose, y que tiene como denominador común, la utilización del sistema de justicia penal para perseguir a las voces críticas y a quienes han contribuido a desentrañar las redes de corrupción en el país. 

Rechazamos enérgicamente la detención arbitraria del periodista José Rubén Zamora, una afrenta directa a la libertad de prensa, y el ejercicio del periodismo independiente e investigativo que involucra a individuos y grupos poderosos, así como sobre graves violaciones a los derechos humanos y corrupción a gran escala. Exigimos a las autoridades nacionales competentes poner de inmediato en libertad al periodista José Rubén Zamora, cesar el acoso judicial en su contra, y garantizar sus derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso. Asimismo, les hacemos un llamado urgente a que se abstengan de continuar los actos de criminalización e intimidación contra los y las periodistas del país. Por último convocamos a los organismos internacionales de protección de derechos humanos, y a la comunidad internacional, para que se pronuncien decididamente en rechazo de estos actos, que ponen en entredicho la integridad del sistema democrático en el país y en grave peligro a sus periodistas. 

 

American Jewish World Service (AJWS) 

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) 

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) - Colombia

Guatemala Human Rights Commission/USA (GHRC/USA) 

Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG)

IFEX-ALC 

Impunity Watch

Plataforma Internacional contra la Impunidad (PICI)

Protection International Mesoamérica

Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR) 

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