La CIDH se compromete ante organizaciones de sociedad civil a ejercer acciones frente a la violencia contra la prensa en la región
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viernes, 10 marzo 2023
La CIDH se compromete ante organizaciones de sociedad civil a ejercer acciones frente a la violencia contra la prensa en la región
Latinoamérica, 09 de marzo de 2023.- La Red Voces del Sur, integrada por 17 organizaciones de la sociedad civil, y las organizaciones Reporteros Sin Fronteras, Justicia Global, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sus preocupaciones frente a los asesinatos y otros tipos de violencia contra periodistas y las deficiencias de los mecanismos de protección para la prensa en los países en los que se ha implementado. Estas organizaciones solicitamos que esta información se convierta en acciones para detener las graves violaciones a la libertad de expresión y prensa en la región, dado que, desde los Estados no existe una respuesta efectiva, e incluso son los principales agresores.
Durante el 186 periodo de sesiones de la CIDH, Pedro Vaca, relator de Libertad de Expresión de la Comisión, indicó que el 2022 fue el año más letal contra la prensa. A su vez, señaló que esperaba un mensaje honesto, franco y de solidaridad de las más altas autoridades de los Estados. ”No puedo decir que no hubo, porque hubo unos tímidos mensajes. Pero, lo que sí sonó con fuerza fueron mensajes estigmatizantes contra la labor periodística”. El relator acordó que muchos periodistas que pidieron ayuda al Estado terminaron asesinados. “La tragedia está a un paso”, destacó.
La Red Voces del Sur, a través de sus voceros: Paula Saucedo, de ARTICLE 19 en México, Jonathan Bock, de FLIP en Colombia, y Angélica Cárcamo, de APES en El Salvador, indicaron que América Latina es el continente más letal y peligroso para la prensa. Desde el 2018 se han registrado 83 asesinatos, de los cuales, 39 se cometieron en 2022. El incremento es tanto, que representa un crecimiento del 225% de homicidios en comparación al 2021. Del mismo modo, se evidenció que el Estado es el principal agresor de la libertad de expresión, el sistema judicial persigue a la prensa que investiga y la impunidad de los crímenes contra periodistas roza el 98% en algunos países. Estos problemas se agudizan, ya que no existen políticas públicas integrales que den respuesta a las causas de esta violencia.
Por su parte, Balbina Flores, de Reporteros Sin Fronteras México, Lucía Lagunes Huerta, de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y Nadejda Marques, de Justiça Global indicaron que los mecanismos de protección de periodistas carecen de coordinación entre las distintas instituciones del Estado. Así, funcionan a menudo de manera aislada, con la “única función” de garantizar la integridad física de las personas beneficiarias.
Añadieron que los mecanismos de protección tienen un largo camino por recorrer para conseguir abordar el tema de una forma estructural, destacando aspectos como la insuficiencia de recursos humanos y financieros, el análisis de riesgos y la aplicación de medidas de protección, así como la falta de transparencia y participación social.
Las organizaciones también enfatizamos la ausencia de enfoques interseccionales y de perspectiva de género en todos los mecanismos de protección de la región. Las mujeres periodistas enfrentan dobles condiciones de riesgo al ejercer el periodismo en contextos hostiles y ejercer la profesión en condiciones de desigualdad y discriminación basada en género.
Ante un contexto de alta violencia, impunidad, vigilancia y constante estigmatización, las organizaciones de la sociedad civil realizamos diversas peticiones a la CIDH enfocadas en acciones que fortalezcan los mecanismos de protección por medio de la inclusión de: análisis de riesgos con enfoque de género e interseccional; diseño de políticas centradas en investigar y sancionar la violencia ejercida contra periodistas, donde la investigación debe estar centrada en su labor informativa; recomendamos a los Estados acciones concretas de legitimación de la labor periodística así como la creación de planes que busquen combatir la estigmatización contra la prensa.
Además, que el Mecanismo de Acciones Conjuntas CIDH—Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publique un informe sobre buenas prácticas y recomendaciones técnicas a ser adoptadas por los mecanismos de protección, tomando en cuenta lo ya implementado en los países de la región en los últimos años, los insumos del Alto Comisionado de la ONU y de la sociedad civil y realice sesiones periódicas con organizaciones de la sociedad civil de los países donde existen programas de protección, lo que fue bien acogido por los comisionados.
Las y los comisionados y el Relator de Libertad de Expresión y de Personas Defensoras de Derechos Humanos se comprometieron a:
- Organizar nuevos encuentros regionales entre sociedad civil y Estados para contribuir en el diseño de políticas públicas en la materia. Esto con el objetivo de fortalecer procesos transparentes y colaborativos.
- Continuar con la asistencia técnica tanto a autoridades y organizaciones de la sociedad civil para avanzar generar mayores garantías para un ejercicio pleno del derecho a defender los derechos humanos.
- Solicitar a los Estados donde hay mecanismos o instancias públicas que conducen análisis de riesgos intercambiar información con entidades de procuración de justicia —y en común acuerdo con las personas beneficiarias—, a fin de robustecer las investigaciones y brindar protección más integral.
Ante las graves omisiones de los Estados para atender la grave crisis de violencia e inseguridad bajo la cual la prensa ejerce su labor, las 24 organizaciones que presentamos esta audiencia reiteramos nuestra voluntad por colaborar con la CIDH y los Estados de la región en beneficio de las y los periodistas y con ello fortalecer nuestras democracias.
Firman:
ARTICLE 19 (México y Centroamérica)
Asociación de Periodistas de El Salvador, APES (El Salvador)
Asociación Nacional de la Prensa, ANP (Bolivia)
Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo, Abraji (Brasil)
ASOPODEHU - Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Honduras)
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CAinfo (Uruguay)
CIMAC - Comunicación e Información de La Mujer (México)
Comité por la Libre Expresión, C-LIBRE (Honduras)
CPJ - Comité para la Protección de Periodistas
Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP (Cuba)
Instituto DEMOS (Guatemala)
Instituto de Derecho y Economía Ambiental, IDEA (Paraguay)
Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, IPLEX (Costa Rica)
Instituto de Prensa y Sociedad, IPYS (Perú)
Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela, IPYS (Venezuela)
FECOLPER - Federación Colombiana de Periodistas (Colombia)
Foro de Periodismo Argentino, FOPEA (Argentina)
Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia, FLED (Nicaragua)
Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP (Colombia)
FUNDAMEDIOS (Ecuador)
Observatorio del Derecho a la Comunicación, ODC (Chile)
Propuesta Cívica (México)
Reporteros Sin Fronteras
Terra de Direitos (Brasil)
Publicado en Pronunciamientos
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miércoles, 15 julio 2015
Primera audiencia en el caso de Jineth Bedoya se aplazó por dilaciones de la defensa
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha sido insistente en señalar que las investigaciones y los juicios por los casos de violencia contra periodistas no deben extenderse demasiado. Han sido bastantes los casos en los que la dilatación de los procesos ha puesto en riesgo la integridad de las pruebas y la inmediación ideal que debe tener el juez con ellas.
sábado, 10 febrero 2018
Respaldo de Organizaciones de mujeres y libertad de expresión a la periodista Claudia Morales
En columna publicada el pasado 19 de enero la periodista Claudia Morales escribió sobre un hecho de violencia sexual que sufrió hace algunos años en el entorno laboral por parte de su jefe. La publicación generó diferentes reacciones en la opinión pública colombiana, algunas de las cuales revictimizan a la periodista y explican por qué el silencio es una opción para las víctimas de violencia sexual.
Al respecto, las organizaciones que suscriben esta comunicación, manifiestan su respaldo a la decisión de la periodista de publicar los hechos en los términos que lo hizo, y exigimos a las autoridades garantizar los derechos que le asisten a la periodista. También hacemos una invitación a los medios de comunicación y la sociedad en general a respetar las decisiones de todas las víctimas de violencia sexual y a no revictimizarles.
Según algunos estudios, una mujer víctima tarda un promedio de 12 años en denunciar estos hechos, cuando decide hacerlo. Las víctimas se amparan en el silencio porque conocen las consecuencias de discriminación y violencias que enfrentan quienes hablan. Consideramos que, si bien hay esfuerzos institucionales para promover y garantizar la denuncia por parte de las mujeres, la experiencia diaria da cuenta de trámites revictimizantes. En la práctica, hablar de estos hechos implica una carga desproporcionada para la víctima, como ha venido sucediendo con la periodista Claudia Morales.
Las especulaciones sobre los hechos, la insinuación de posibles responsables, el uso con fines electorales de las voces de las mujeres víctimas y, en especial, la falta de comprensión sobre el llamado al silencio que hace Morales, solo deriva en situaciones revictimizantes, crea un riesgo a la integridad y hace aún más difícil que las mujeres víctimas de hechos similares tomen decisiones libres de presión.
Esperamos que la valiente decisión de Morales contribuya a la reflexión sobre la forma en que la sociedad y el Estado responde los casos de violencia sexual contra las mujeres. Es necesario avanzar en mecanismos de prevención y de cero tolerancia a la violencia contra mujeres en entornos laborales, así como en la autorregulación de los medios que el cubrimiento de estos hechos no derive en acciones de revictimización.
Exigimos al Estado colombiano en su conjunto garantizar los derechos que le asisten a la periodista Claudia Morales, a la seguridad y a la dignidad humana. Pedimos que se respeten los términos y el alcance que ella ha decidido dar a este caso en ejercicio de su plena autonomía.
Firman
Sisma Mujer
Campaña No es Hora de Callar - Jineth Bedoya Lima
Alianza Iniciativa de Mujeres por la Paz IMP
Ruta Pacífica de las Mujeres
Red Nacional de Mujeres
Women´s Link Worldwide
Iniciativa ProEquidad de Género
Colectivo Nacional de Mujeres Reestableciendo Derechos
Cinco claves
Género en la Paz GPaz
Red Nacional de Defensoras
Federación Democrática Internacional de Mujeres FDIM
Fundación Bien Humano
Observatorio de Asuntos de Género de la U.Rosario
Mesa de economía del Cuidado
Red de Periodistas con Visión de Género
Federación Colombiana de Periodistas - Fecolper
Círculo de Periodistas de Bogotá - CPB
Fundación para la Libertad de Prensa FLIP
miércoles, 08 mayo 2019
Sentencia en contra de paramilitares: punto de partida para la justicia en el caso de Jineth Bedoya
El 6 de mayo de 2019, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá emitió sentencia condenatoria contra Alejandro Cárdenas Orozco y Jesús Emiro Pereira Rivera por secuestro, tortura y violencia sexual en contra de la periodista Jineth Bedoya cuando realizaba un cubrimiento periodístico en la cárcel La Modelo de Bogotá el 25 de mayo del año 2000.
Pereira Rivera (alias “Huevoepizca”) fue condenado a 40 años y seis meses de prisión por los delitos de secuestro, tortura y acceso carnal violento. Por su parte a Cárdenas Orozco (alias “JJ”), sobre quien ya pesaba una condena previa por secuestro y tortura por este mismo caso, se le impuso una pena de 30 años de prisión por el delito de acceso carnal violento.
El juzgado confirmó que en el caso de la periodista Jineth Bedoya 'las conductas punibles ejecutadas necesariamente son catalogadas como de ‘Lesa Humanidad’”. En la sentencia, el juez resaltó que “no queda duda de los vejámenes y agresiones físicas y psicológicas contra la señora BEDOYA LIMA, como parte de un plan sistémico y bien estructurado, que incluso, también fue ejecutado contra otros periodistas que igualmente fueron amenazados de muerte, por las investigaciones periodísticas que realizaban, a raíz de los hechos de corrupción que, entre otros, venían suscitándose en la Cárcel Modelo de esta ciudad, con responsabilidad de grupos de Autodefensas y funcionarios de la Fuerza Pública”.
La decisión reconoce que las amenazas que la periodista Jineth Bedoya recibió con anterioridad al secuestro -y que eran de conocimiento de las autoridades- se cumplieron y advierte que a partir de las pruebas allegadas al proceso se puede evidenciar la posible responsabilidad penal de terceras personas, especialmente de servidores públicos. Por lo tanto compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se adelante una investigación en contra del General (r) José Leonardo Gallego.
La FLIP, que desde el año 2011 obra como representante judicial de Jineth Bedoya, reconoce esta decisión como un avance en el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, advierte enfáticamente que esta sentencia no puede entenderse como la superación de la impunidad en el caso. Lejos de ser un punto de llegada, la justicia ha tomado casi 19 años en condenar a dos de los autores materiales. Esta es una contribución valiosa pero ínfima y tardía, sobre todo si se tiene en cuenta que en el marco de la investigación se han mencionado a por lo menos 25 personas -incluyendo funcionarios públicos- que podrían estar involucrados en los hechos. Sobre la gran mayoría de la cadena criminal no se ha adelantado una investigación eficaz y los autores intelectuales siguen sin responder ante los jueces.
Por este caso el Estado Colombiano está bajo vigilancia por parte de la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La sentencia que condena a Cárdenas y Pereira no exime al Estado de su responsabilidad internacional.
