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Jueves, 12 August 2021 14:14

Alerta por riesgos para las y los periodistas en Arauca

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la desprotección estatal de la prensa en Arauca, cuya falta de respuesta a la violencia sostenida en el departamento obliga a los y las periodistas a optar por la autocensura como mecanismo de autoprotección. El ambiente hostil contra la prensa se ha generalizado en los últimos años, en particular afectando a quienes cubren temas relacionados al orden público y seguridad.

El periodismo en Arauca se desarrolla en un escenario de alto riesgo para la vida y la integridad de los y las periodistas, debido a la confluencia de actores armados ilegales y los enfrentamientos que se presentan entre estos grupos por el control en la región, sumado a el contrabando y el tráfico de estupefacientes, que se intensifica por tratarse de una zona fronteriza compleja.  A pesar de múltiples alertas sobre esta problemática, no hay una respuesta contundente por parte de las autoridades que proteja a la prensa. Tampoco se conocen acciones de prevención de estas violencias adoptadas por las autoridades regionales.

La FLIP advierte que la violencia contra la prensa en Arauca ha sido sostenida y tiende a incrementar con el paso del tiempo a pesar de la firma del Acuerdo de Paz. La Fundación documentó 9 casos en 2017, cifra que casi triplicó en 2019 cuando se registraron 27 ataques a la prensa. Entre 2020 y lo corrido de 2021 se han registrado 30 violaciones en este departamento. Solo en lo corrido de este año, la Fundación ha registrado 17 ataques a la prensa en el departamento, cuatro más de los que hubo durante todo el 2020. Estos casos corresponden a amenazas, agresiones físicas, hostigamientos, e intimidaciones durante y después del cubrimiento periodístico. 

Es especialmente preocupante que en las últimas dos semanas documentamos seis ataques, cuatro de ellos amenazas, lo que pone de manifiesto una grave intensificación de la violencia y la necesidad de una rápida respuesta de prevención y protección de parte de las autoridades. Ante esta situación, el Estado colombiano tiene la obligación de proteger la vida y la integridad personal de quienes se encuentran en una situación de riesgo, incluso cuando este riesgo deriva de la acción de un agente no estatal. 

Las y los comunicadores de la región sienten temor de denunciar los ataques en su contra y de continuar con el ejercicio de su trabajo periodístico. Esto tiene un alto costo para la libertad de expresión y de prensa regional y el Estado debe garantizar las condiciones para ejercer estos derechos.

Por lo expuesto, la FLIP hace un llamado a la Defensoría del Pueblo para que, en cumplimiento de su función de proteger y defender los derechos humanos y prevenir sus violaciones, integre en sus evaluaciones tempranas de riesgo como elemento diferencial el ejercicio del trabajo periodístico, de manera que promueva una lectura integral de los riesgos diferenciados e impulse una mejora de las políticas públicas para la protección integral de periodistas, pues son insuficientes para garantizar la efectiva protección de la prensa. En respuesta a la situación departamental, solicitamos se articule con las entidades locales y nacionales para generar estrategias de prevención efectivas para esta región de manera urgente. 

Adicionalmente, la FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que haga una valoración robusta y exhaustiva del contexto del departamento, de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación, como requisito para la valoración del riesgo de los y las periodistas que tienen asignadas medidas de protección o que se encuentran en evaluación inicial. Lo anterior, con el fin de tener los elementos de juicios idóneos para implementar las medidas de protección necesarias e integrales que contribuyan a salvaguardar la vida e integridad de los y las periodistas en el departamento.  

Por la gravedad e inminencia del riesgo, solicitamos a la Gobernación de Arauca, las alcaldías locales, la Policía y el Ejército Nacional que reconozcan la violencia ejercida contra la prensa en el departamento y se articulen para realizar las acciones de protección necesarias para proteger la vida de los comunicadores.