Censura indirecta al cubrimiento periodístico en Ituango

La FLIP expresa su preocupación por la censura indirecta que existe para los y las periodistas que están cubriendo el retorno de los desplazados en el municipio de Ituango, Antioquia. Más de 4.000 personas han sido forzadas a salir de la región, debido a las amenazas e intimidación ejercida por grupos ilegales al margen de la ley. Un problema mayor que señalan los y las periodistas es la falta de acceso a la información en terreno por parte de las autoridades así como un trato hostil por parte de funcionarios públicos. 

Preocupa particularmente que algunos periodistas han señalado obstrucciones al cubrimiento por parte de integrantes del Ejército Nacional, sin que exista alguna  explicación clara sobre los motivos para impedir el registro fotográfico o fílmico por parte de la prensa. Sumado a esto, se ha evidenciado un temor por parte de la comunidad para entregar sus testimonios a periodistas que han estado realizando los cubrimientos por la situación de orden público. 

Al respecto, alertamos que el cubrimiento sobre el desplazamiento en Ituango es de alta relevancia nacional y es prioritario establecer los mecanismos necesarios para fomentar su registro -que servirá de testimonio- y mayor transparencia, en lugar de restringirlo. El cubrimiento en terreno debe ser garantizado porque aporta al debate público, ya que permite visibilizar de primera mano lo que ocurre con aquellos afectados en contraste con lo señalado por la información oficial.  

Periodistas en territorio -cuya identidad protegemos por seguridad- han denunciado que las autoridades locales y la fuerza pública no han implementado medidas de prevención y acompañamiento. Hasta ahora no conocemos que se haya establecido un mecanismo conjunto entre Policía, Defensoría y Procuraduría para hacer el acompañamiento a la prensa en el municipio y proporcionar las condiciones de seguridad necesarias para que se haga el cubrimiento, a pesar de que la Defensoría ha emitido una alerta de seguridad en la zona. Esta articulación es indispensable en un contexto tan complejo, de alto riesgo y vulnerabilidad para los periodistas, quienes deben enfrentar el peligro que supone la presencia de grupos armados y su interés por silenciar lo que está ocurriendo. 

Frente a ello, la Corte IDH y la Corte Constitucional han sido insistentes en el deber que tienen las autoridades estatales de garantizar las condiciones de protección a la vida e integridad de las personas que ejercen el oficio periodístico cuando existe un riesgo especial. Este debe ser evaluado a la luz del contexto existente en el país y puede surgir por factores tales como el tipo de hechos que los periodistas cubren, el interés público de la información que difunden o la zona a la que deben acceder para cumplir con su labor, así como [por] amenazas en relación con la difusión de esa información o por denunciar o impulsar la investigación de violaciones que sufrieron o de las que se enteraron en el ejercicio de su profesión.

Frente a esta situación, la FLIP solicita a:

1. La Alcaldía local que se articule con las demás instituciones locales e incluya a la prensa en las medidas de protección que se discuten en los consejos de seguridad y demás mecanismos dispuestos para atender la crisis.
   
   
2. La Defensoría del Pueblo Regional Antioquia que haga una evaluación integral sobre la situación específica de la prensa en la región y adopte mecanismos especiales de acompañamiento para que se garanticen las condiciones para el cubrimiento en terreno.
   
   
3. Al Ministerio de Defensa y al Comandante del Ejército Nacional emitir una directriz clara sobre las obligación de proteger y garantizar el ejercicio periodístico en el territorio. 
   
   
4. La Procuraduría regional para que investigue los reportes de restricciones a la libertad de prensa por parte de funcionarios públicos en la zona.
   
   
5. La Procuraduría General de la Nación para que promueva la publicidad activa y la garantía del derecho al acceso a la información como estrategia para fomentar mayor transparencia sobre la situación de derechos humanos en Ituango.