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Miércoles, 25 November 2020 15:42

Censura a denuncias de acoso sexual al interior de la Universidad Nacional

La FLIP expresa su más alta preocupación por la censura a las denuncias de acoso sexual y conductas sexuales indebidas al interior de la Universidad Nacional. Este caso representa un alto interés público por tratarse de violencia sexual y de género al interior de una universidad pública e involucrar a docentes. 

A principios de este año, un colectivo estudiantil de la Universidad Nacional denominado Comisión Feminista y de Asuntos de Género – Las que Luchan, en asesoría de Mónica Godoy Ferro, investigó y publicó hechos de acoso sexual y conductas sexuales indebidas en la facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. De esta investigación surgió un informe con los relatos de algunas víctimas, quienes vinculan a algunos profesores de la Universidad, entre ellos Fabián Sanabria Sánchez. 

Tras la publicación del informe, algunos medios de comunicación reprodujeron algunos de los hechos presentados en el informe y se exaltó la importancia de la investigación. La FLIP supo que la Veeduría Disciplinaria de la Universidad Nacional y la Fiscalía General de la Nación ya tienen conocimiento de este caso.  

Como respuesta a las denuncias, el profesor Sanabria Sánchez instauró una acción de tutela en contra de Godoy, pidiendo que se protegieran sus derechos a la honra y el buen nombre, pues en el informe figuraba como agresor de algunas de las conductas reseñadas. 

A lo largo del proceso, Sanabria alegó no haber contado con oportunidad para dar su versión en los medios de comunicación. Sin embargo, la FLIP pudo conocer que varios medios de comunicación brindaron un espacio para que, en favor del debate democrático, Sanabria pudiera entregar su versión de los hechos a la ciudadanía. 

La tutela fue decidida a favor de Sanabria el pasado 11 de septiembre por el Juzgado Cincuenta y Cuatro Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá D.C, que ordenó a Godoy que “no solo retire de sus redes sociales los comentarios realizados en torno de las acusaciones concernientes a las agresiones sexuales endilgadas al accionante, sino, abstenerse de seguirlo haciendo, tanto en ellos, como en otros medios de comunicación”. Esta decisión fue confirmada el pasado 16 de octubre. 

La FLIP expresa su preocupación porque esta orden se constituye como un acto de censura indirecta hacia los medios de comunicación al impidirles informar y acceder a las fuentes de estas denuncias de violencia sexual. La orden del juez limita el derecho a la libertad de expresión de las personas que hicieron públicos los casos de violencia sexual y de la misma ciudadanía que necesita conocer estos hechos. 

Posteriormente, Godoy realizó distintas publicaciones sobre los riesgos que trae eliminar del debate público a las víctimas y los defensores de derechos humanos que pudieran dar a conocer hechos sin un fallo previo de un juez que lo permita. A través de un incidente de desacato, Sanabria pretende hacer cumplir la orden de censura. Al respecto, la FLIP advierte que forzar su cumplimiento genera un profundo daño a la sociedad y un efecto inhibitorio sobre la reportería de temas de género y denuncias de las víctimas. 

La violencia de género se manifiesta de diferentes formas (física, psicológica, económica, sexual), y algunas de estas formas pueden ser invisibles al ser normalizadas. Por ello, es indispensable que los jueces den garantías suficientes a los denunciantes y a quienes divulgan la información, para que este tipo de casos no queden impunes.

La FLIP hace un llamado a los jueces para que garanticen el derecho a la libertad de expresión de aquellos valientes que denuncian y publican los distintos tipos de violencia de índole sexual, aún más cuando ocurren en instituciones públicas. 

En ese sentido, este llamado se extiende para que sus decisiones no perpetúen esta violencia. En los casos que involucren violencia contra las mujeres, la Corte Constitucional ha señalado que tienen la obligación de adoptar un enfoque de género, que permita visibilizar los tipos de violencia estructural a los que son sometidas y, de esa manera, ayudar a construir una sociedad más justa y equitativa.