Periodistas de Voces del Guayabero denuncian amenazas y detenciones ilegales por parte de miembros del Ejército
Voces del Guayabero
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miércoles, 12 agosto 2020
Periodistas de Voces del Guayabero denuncian amenazas y detenciones ilegales por parte de miembros del Ejército
- Desde el pasado 20 de mayo los reporteros han registrado las violaciones a los derechos humanos contra cerca de 80 comunidades campesinas.
- A los a periodistas se les acusa de ser guerrilleros con el fin de justificar los ataques contra su vida.
- La FLIP le exige al Ejército que investigue los hechos y que imparta instrucciones precisas sobre el cumplimiento de su deber como garante de la libertad de prensa
La FLIP expresa su preocupación por la seguridad de los periodistas de Voces del Guayabero Fernado Osorio y Edilson Álvarez, quienes denuncian haber sido intimidados y detenidos irregularmente por miembros del Ejército Nacional mientras cubrían los operativos de erradicación forzada en el Meta. La Fundación le exige a las autoridades que lleven a cabo las acciones necesarias para proteger a los comunicadores y sancionar a los funcionarios responsables de estas violaciones a la libertad de prensa.
Osorio le manifestó a la FLIP que el siete de agosto fue intimidado por integrantes del Ejército Nacional mientras realizaba el cubrimiento de un operativo de erradicación forzada en la vereda Nueva Colombia del municipio de Vistahermosa, Meta. En la denuncia que el comunicador dirigió a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación aseguró que miembros del Ejército lo señalaron de ser guerrillero y le afirmaron que la próxima vez “no le volarían solo un dedo”.
Es importante recordar que el pasado cuatro de junio, mientras Osorio hacía otro cubrimiento periodístico en la vereda Tercer Milenio, recibió dos impactos de fusil que le destrozaron tres dedos. Por estos hechos la FLIP le solicitó al Ejército Nacional información sobre las sanciones a los funcionarios responsables de estas violaciones a la libertad de prensa. El pasado seis de agosto la institución respondió que la oficina jurídica estaba adelantando las investigaciones disciplinarias y que el proceso apenas se encontraba en etapa preliminar.
Adicionalmente, Álvarez y Osorio aseguran que el ocho de agosto fueron detenidos durante seis horas por integrantes del Ejército en una casa de la vereda de Nueva Colombia. Los periodistas estaban en ese sector para cubrir la detención de un grupo de campesinos. Los dos reporteros aseguran que los uniformados los señalaron de ser guerrilleros y les dijeron que “no dieran papaya” porque los iban a matar.
Las amenazas, las detenciones y los ataques directos que han sufrido los comunicadores de Voces del Guayabero durante el cubrimiento de los operativos de erradicación forzada en esta región dan cuenta de la falta de garantías para ejercer su labor informativa. Desde el pasado 20 de mayo los reporteros han registrado las violaciones a los derechos humanos contra cerca de 80 comunidades campesinas que se encuentran en riesgo por las acciones militares de la fuerza pública.
La FLIP rechaza las violaciones a la libertad de prensa denunciadas por los comunicadores de Voces del Guayabero, a quienes se les acusa de ser guerrilleros con el fin de justificar los ataques contra su vida. En ese sentido, la Fundación le exige al Ejército Nacional que investigue con celeridad a los uniformados responsables y se emitan las sanciones correspondientes. Adicionalmente, le solicita que se impartan instrucciones precisas sobre el cumplimiento de su deber como garantes de la libertad de prensa en este tipo de escenarios donde la presencia de equipos periodísticos es un necesaria para la transparencia alrededor de los operativos militares.
La FLIP les reitera a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo la necesidad de crear un comité de seguimiento a estas investigaciones disciplinarias con el fin de sancionar de manera efectiva a los uniformados responsables de estas situaciones de violencia contra la labor periodística.
La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que evalúe la situación de riesgo de los reporteros con el fin de implementar las medidas de protección necesarias para salvaguardar su vida y su integridad.
Publicado en Pronunciamientos
Etiquetado como Agresiones a periodistasFuerza PúblicaPeriodistas en riesgo
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jueves, 08 septiembre 2016
Continúan las presiones contra los periodistas de City TV
La Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP – expresa su preocupación por las amenazas y las dilaciones judiciales que han afectado a Víctor Ballestas y David Romero, luego de denunciar a los policías que los agredieron el pasado cuatro de agosto.
Los periodistas de CityTV continúan recibiendo amenazas a través de las redes sociales. El 26 de agosto, Ballestas recibió varias intimidaciones provenientes de la cuenta de twitter @MunozFm6248508, en la que el agresor se hace llamar "Fercho Picapiedra.": “segui molestando policías y dormiras en un caño un dia e estos hijo de puta malpario” y “ chilla como nena pedaso e mierda ca ves que salgas a la calle ya veras malpario” (SIC).
Los periodistas también advierten que existen irregularidades en el proceso que lleva la Fiscalía por lo sucedido en el mes de agosto. A pesar de que los policías y los reporteros interpusieron denuncias por las agresiones de las que fueron víctimas, la entidad judicial aún investiga los casos de manera independiente.
La FLIP le solicita a la Fiscalía General de la Nación que unifique los procesos penales con el fin de salvaguardar las garantías procesales para ambas partes. La organización le recuerda también a la entidad la importancia de la celeridad en las investigaciones con el fin de sancionar a los responsables y evitar que estos hechos se repitan.
La FLIP reitera su preocupación por los riesgos a los que están expuestos los periodistas derivados de las amenazas y espera que en los próximos días se les brinde la protección adecuada para continuar desempeñando su oficio.
Este miércoles siete de septiembre se realizará un debate de control político en la comisión segunda de la Cámara de Representantes en el que se discutirá sobre la problemática de las agresiones contra periodistas por parte de miembros de la Fuerza Pública.
jueves, 27 julio 2017
La FLIP rechaza agresiones de la Policía en contra de una periodista que cubría erradicación de coca en Meta
La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena los hechos en los que resultó herida Heliana Montoya, periodista colombo-argentina de la Red de Medios Alternativos – Agencia Colombiana de Prensa Popular (REMA-Acpp), por parte de agentes de la Policía Nacional.
martes, 10 octubre 2017
FLIP condena ataques de la Policía a periodistas y comisión civil en Tumaco
La Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP– condena los ataques de agentes de la Policía Nacional en contra de periodistas y personal que integraba una comisión humanitaria de carácter civil, organismos internacionales y defensores de los derechos humanos en Nariño. Los hechos ocurrieron hacia las 2 de la tarde del domingo 8 de octubre en la vereda de Tandil, en inmediaciones de Tumaco.
La FLIP documentó que en terreno se encontraban desplegados equipos periodísticos de la Revista Semana, El Espectador, Contagio Radio, Vice Colombia/Pacifista y City Tv/El Tiempo. Tanto la misión humanitaria como los periodistas se encontraban cerca del lugar donde el pasado jueves 5 de octubre seis campesinos fueron asesinados en situaciones que aún se investigan y ya han sido atribuidas a la Policía Nacional.
La Policía Nacional emitió un comunicado en el que aceptó que sus agentes dispararon granadas de aturdimiento contra los civiles. Sin embargo, según documentación recibida por la FLIP a través de personas que estuvieron en el lugar, los uniformados dispararon armas de fuego y bombas aturdidoras en varias ocasiones a una distancia de no más de 20 metros.
Al respecto la FLIP:
1. Informa que las explicaciones de la Policía son insuficientes. En algunos apartes falta a la verdad y pretende justificar una acción policial abiertamente desproporcionada. El número de personas que integraban la misión era significativamente menor, la misión humanitaria y periodística era de conocimiento previo de mandos policiales en terreno y además de las granadas aturdidoras se presentaron ráfagas, al parecer, de fusil.
2. La misión civil en terreno no tenía capacidad de representar riesgo alguno para el despliegue de la fuerza pública en la zona, esta situación le resta legitimidad y proporcionalidad a la respuesta violenta de la Policía. Fue un ataque a civiles, con plena conciencia de que lo eran y sin justificación alguna.
3. Recuerda que la masacre de campesinos en Tumaco es un hecho de enorme gravedad que despierta un interés legítimo de cubrimiento periodístico. Al Estado en su conjunto le corresponde brindar garantías para que las misiones periodísticas en terreno puedan desarrollar su labor de informar a la sociedad sobre lo que está sucediendo.
4. Resalta que este deber de garantía se acentúa en el caso de la Fuerza Pública, teniendo en cuenta no sólo su labor misional sino también el hecho de que la masacre de campesinos que investigaba misión humanitaria y los equipos periodísticos sea atribuida a la Policía Nacional.
5. Exige que el ataque de la Policía a periodistas y la obstrucción al cubrimiento periodístico sea objeto de investigación desde la censura y el miedo que se impone con estos actos. Se trata de un caso grave en el que existe la posibilidad de encubrimiento policial a serias denuncias en su contra, o el despliegue de agentes policiales negligentes y arbitrarios que desconocen estándares básicos de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.
6. Exige al Gobierno Nacional explicaciones sobre lo sucedido incluyendo: la pronta asignación de sanciones ejemplarizantes, asumir responsabilidad al interior de los cuerpos policiales y dar instrucciones de plenas garantías al cubrimiento periodístico de conformidad con los estándares internacionales a los que está obligado.
7. Solicita al Ministerio Público, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, así como a todas las bancadas del Congreso de la República, iniciar acciones de su competencia para que la investigación de los hechos sucedidos en Tumaco cuente con garantías a la libertad de prensa.
Estos hechos ponen en riego el derecho a una sociedad informada sobre asuntos de interés público y marcan acciones de censura por parte de agentes estatales. Recuperar la sana y democrática vigilancia periodística sobre lo público es entonces una prioridad.
En lo que va corrido del año, la FLIP ha documentado 18 casos en los que agentes de la Policía y las fuerzas militares han agredido a la prensa. De estos, 8 han ocurrido en medio de manifestaciones sociales. En julio, una periodista fue agredida e intimidada en zona rural de Meta durante el cubrimiento de los enfrentamientos entre campesinos y fuerza pública por la erradicación forzada de coca. Así mismo, en mayo un periodista resultó gravemente herido por parte de uniformados que lo agredieron con arma de fuego mientras cubría una movilización de indígenas en el Cauca.
