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Reporteros gráficos llevan detenidos 24 horas

Reporteros gráficos llevan detenidos 24 horas

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miércoles, 17 junio 2020

Reporteros gráficos llevan detenidos 24 horas

  • La FLIP le exige a la Fiscalía General de la Nación que se defina cuanto antes la situación jurídica de los tres reporteros.

  • Ayer, los tres reporteros se encontraban cubriendo las manifestaciones en el centro de Medellín.

  • Esta detención arbitraria constituye una violación a la libertad de prensa.

Un grupo de aproximadamente trece reporteros gráficos fue agredido mientras cubría las manifestaciones del 15 de junio en Medellín. La FLIP rechaza esta detención, les solicita a las autoridades que investiguen las actuaciones de los miembros de la Policía Nacional responsables de estas violaciones a la libertad de prensa, y demanda que se tomen las acciones necesarias para garantizar el ejercicio periodístico.

Los reporteros pertenecen a los colectivos Periferia Prensa, AquiNoticias, Ab_zurdo Colectivo, entre otros. Ayer, al mediodía, cuando estaban cubriendo la movilización que se había citado en el centro de Medellín, miembros de la Policía Nacional agredieron físicamente a ocho de ellos, impartieron lesiones en sus cuerpos y dañaron algunos de sus equipos periodísticos como cámaras y celulares. Uno de los afectados tiene una fractura en un antebrazo y el resto presenta hematomas. Después de agredirlos, la Policía detuvo a siete de los reporteros y los trasladó a diferentes estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata. 

Horas después, cuatro de los reporteros fueron dejados en libertad y los tres restantes: Harrison Agudelo, Juan Carlos Londoño y Juan Pablo Herrera fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en Medellín para iniciar el proceso de judicialización. Sin embargo, y aun cuando ya han pasado más de 24 horas, los comunicadores continúan detenidos y no se les ha definido su situación jurídica. 

La Fundación se comunicó con el General Eliécer Camacho, comandante del departamento de Policía del Valle de Aburrá, quien aseguró que iba a tomar las acciones necesarias para revisar la situación. Al momento de esta publicación, la FLIP no ha recibido una respuesta oficial. 

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y le exige a la Fiscalía General de la Nación que se defina cuanto antes la situación jurídica de los tres reporteros con el fin de garantizar su derecho al debido proceso. También rechaza las acciones de la Policía Nacional y le solicita que se inicie la investigación disciplinaria sobre estos hechos con el fin de sancionar a los uniformados responsables de estas actuaciones contra la libertad de prensa. La ausencia de resultados concretos representa un mensaje errado hacia los demás miembros de la fuerza pública frente a futuros escenarios de cubrimiento de manifestaciones. 

La FLIP les recuerda a los miembros de la Policía Nacional su deber de cumplimiento del Código de Policía, que establece que cualquier ciudadano puede registrar los procedimientos policivos sin ningún tipo de restricción. En ese sentido, es importante que la Policía garantice la labor periodística en estos escenarios y conciba la presencia de las cámaras como una garantía de transparencia sobre sus operativos y no como un obstáculo para adelantar sus labores.

A partir de su condición como funcionarios del Estado, los miembros de la Policía Nacional tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de los periodistas que realizan cubrimiento de movilizaciones sociales, ya que son un tema de interés general.

Por último, La FLIP extiende su llamado a la Alcaldía de Medellín, en cabeza de Daniel Quintero Calle, para que tome los correctivos y adelante las acciones necesarias que garanticen la labor periodística en Medellín. En ese sentido, la Fundación también le solicita a la Procuraduría General de la Nación que inicie las investigaciones disciplinarias para sancionar a los funcionarios responsables de estas violaciones a la libertad de prensa. 

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jueves, 08 septiembre 2016

Continúan las presiones contra los periodistas de City TV

La Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP – expresa su preocupación por las amenazas y las dilaciones judiciales que han afectado a Víctor Ballestas y David Romero, luego de denunciar a los policías que los agredieron el pasado cuatro de agosto. 

Los periodistas de CityTV continúan recibiendo amenazas a través de las redes sociales. El 26 de agosto, Ballestas recibió varias intimidaciones provenientes de la cuenta de twitter @MunozFm6248508, en la que el agresor se hace llamar "Fercho Picapiedra.": “segui molestando policías y dormiras en un caño un dia e estos hijo de puta malpario” y “ chilla como nena pedaso e mierda ca ves que salgas a la calle ya veras malpario” (SIC). 

Los periodistas también advierten que existen irregularidades en el proceso que lleva la Fiscalía por lo sucedido en el mes de agosto. A pesar de que los policías y los reporteros interpusieron denuncias por las agresiones de las que fueron víctimas, la entidad judicial aún investiga los casos de manera independiente.

La FLIP le solicita a la Fiscalía General de la Nación que unifique los procesos penales con el fin de salvaguardar las garantías procesales para ambas partes. La organización le recuerda también a la entidad la importancia de la celeridad en las investigaciones con el fin de sancionar a los responsables y evitar que estos hechos se repitan.

La FLIP reitera su preocupación por los riesgos a los que están expuestos los periodistas derivados de las amenazas y espera que en los próximos días se les brinde la protección adecuada para continuar desempeñando su oficio.

Este miércoles siete de septiembre se realizará un debate de control político en la comisión segunda de la Cámara de Representantes en el que se discutirá sobre la problemática de las agresiones contra periodistas por parte de miembros de la Fuerza Pública. 

 
 
 
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martes, 10 octubre 2017

FLIP condena ataques de la Policía a periodistas y comisión civil en Tumaco

La Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP– condena los ataques de agentes de la Policía Nacional en contra de periodistas y personal que integraba una comisión humanitaria de carácter civil, organismos internacionales y defensores de los derechos humanos en Nariño. Los hechos ocurrieron hacia las 2 de la tarde del domingo 8 de octubre en la vereda de Tandil, en inmediaciones de Tumaco.

La FLIP documentó que en terreno se encontraban desplegados equipos periodísticos de la Revista Semana, El Espectador, Contagio Radio, Vice Colombia/Pacifista y City Tv/El Tiempo.  Tanto la misión humanitaria como los periodistas se encontraban cerca del lugar donde el pasado jueves 5 de octubre seis campesinos fueron asesinados en situaciones que aún se investigan y ya han sido atribuidas a la Policía Nacional.

La Policía Nacional emitió un comunicado en el que aceptó que sus agentes dispararon granadas de aturdimiento contra los civiles. Sin embargo, según documentación recibida por la FLIP a través de personas que estuvieron en el lugar, los uniformados dispararon armas de fuego y bombas aturdidoras en varias ocasiones a una distancia de no más de 20 metros.

Al respecto la FLIP:

1.      Informa que las explicaciones de la Policía son insuficientes. En algunos apartes falta a la verdad y pretende justificar una acción policial abiertamente desproporcionada. El número de personas que integraban la misión era significativamente menor, la misión humanitaria y periodística era de conocimiento previo de mandos policiales en terreno y además de las granadas aturdidoras se presentaron ráfagas, al parecer, de fusil. 

2.      La misión civil en terreno no tenía capacidad de representar riesgo alguno para el despliegue de la fuerza pública en la zona, esta situación le resta legitimidad y proporcionalidad a la respuesta violenta de la Policía. Fue un ataque a civiles, con plena conciencia de que lo eran y sin justificación alguna.

3.      Recuerda que la masacre de campesinos en Tumaco es un hecho de enorme gravedad que despierta un interés legítimo de cubrimiento periodístico. Al Estado en su conjunto le corresponde brindar garantías para que las misiones periodísticas en terreno puedan desarrollar su labor de informar a la sociedad sobre lo que está sucediendo.

4.      Resalta que este deber de garantía se acentúa en el caso de la Fuerza Pública, teniendo en cuenta no sólo su labor misional sino también el hecho de que la masacre de campesinos que investigaba misión humanitaria y los equipos periodísticos sea atribuida a la Policía Nacional.

5.      Exige que el ataque de la Policía a periodistas y la obstrucción al cubrimiento periodístico sea objeto de investigación desde la censura y el miedo que se impone con estos actos.  Se trata de un caso grave en el que existe la posibilidad de encubrimiento policial a serias denuncias en su contra, o el despliegue de agentes policiales negligentes y arbitrarios que desconocen estándares básicos de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.

6.      Exige al Gobierno Nacional explicaciones sobre lo sucedido incluyendo: la pronta asignación de sanciones ejemplarizantes, asumir responsabilidad al interior de los cuerpos policiales y dar instrucciones de plenas garantías al cubrimiento periodístico de conformidad con los estándares internacionales a los que está obligado.

7.      Solicita al Ministerio Público, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, así como a todas las bancadas del Congreso de la República, iniciar acciones de su competencia para que la investigación de los hechos sucedidos en Tumaco cuente con garantías a la libertad de prensa.

Estos hechos ponen en riego el derecho a una sociedad informada sobre asuntos de interés público y marcan acciones de censura por parte de agentes estatales. Recuperar la sana y democrática vigilancia periodística sobre lo público es entonces una prioridad.

En lo que va corrido del año, la FLIP ha documentado 18 casos en los que agentes de la Policía y las fuerzas militares han agredido a la prensa. De estos, 8 han ocurrido en medio de manifestaciones sociales. En julio, una periodista fue agredida e intimidada en zona rural de Meta durante el cubrimiento de los enfrentamientos entre campesinos y fuerza pública por la erradicación forzada de coca. Así mismo, en mayo un periodista resultó gravemente herido por parte de uniformados que lo agredieron con arma de fuego mientras cubría una movilización de indígenas en el Cauca.

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miércoles, 08 noviembre 2017

FLIP condena nuevas agresiones del ESMAD en contra de la emisora indígena Renacer Kokonuko

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza los ataques de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en contra de las instalaciones de la emisora Renacer Kokonuko en el municipio de Puracé, Cauca.

El pasado viernes 3 de noviembre, a las 5:30 pm, agentes de la Policía Nacional y del ESMAD atacaron con piedras y gases lacrimógenos las instalaciones de la emisora indígena Renacer Kokonuko. Según Lucelida Quilindo, coordinadora de Renacer, los uniformados arremetieron contra las puertas, ventanas y el techo de las instalaciones. Los daños incluyen seis vidrios rotos y ocho tejas destruidas. Durante el ataque, que duró cerca de media hora, los dos comunicadores que se encontraban en la emisora tuvieron que protegerse y por unos minutos se vieron obligados a salir del aire.

Según información que conoció la FLIP, desde el medio día se desarrollaban confrontaciones entre la fuerza pública y comuneros en el predio de Aguas Tibias, donde el pasado 8 de octubre la comunicadora Efigenia Vásquez, fue asesinada. La emisora Renacer Kokonuko, además de la programación habitual, había estado compartiendo con sus oyentes el comunicado del cabildo en el que se convocaba a la comunidad a unirse a la manifestación. Los comuneros del resguardo reclaman la propiedad colectiva del predio Aguas Tibias, que actualmente está en poder de un privado.

No es la primera vez que el ESMAD ataca la emisora. En junio de este año, en una jornada de manifestaciones, agentes del ESMAD rodearon las instalaciones del medio e intentaron ingresar a la fuerza. Un mes después, también en el contexto de una protesta, la emisora se quedó sin energía eléctrica. Según los comunicadores y las autoridades, este corte fue ordenado por la Fuerza Pública para impedir el cubrimiento de la manifestación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual de 2015, determinó que “es crucial para garantizar de manera adecuada el derecho de protesta y a manifestarse públicamente que se facilite la tarea de los periodistas, camarógrafos y reporteros que se encuentren ejerciendo sus labores en estos contextos y que no sufran actos de fuerza arbitrarios por parte de los funcionarios policiales o estatales ni el secuestro de sus materiales de trabajo y registro, en todos sus soportes”.

La FLIP solicita a la Policía Nacional que investigue los hechos ocurridos el pasado 3 de noviembre y que suspenda a los responsables de ataque contra la prensa en el Cauca. Además, es necesario que los agentes asuman una actitud de respeto a la prensa, en especial en el contexto de la protesta social.

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