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Viernes, 19 October 2018 11:09

Preocupaciones de la FLIP por denuncias de órdenes de vigilancia por parte de la Fiscalía al periodista Ernesto Yamhure

La FLIP manifiesta su preocupación por la denuncia conocida en los últimos días sobre presuntas órdenes de vigilancia del CTI a las comunicaciones del periodista Ernesto Yamhure. De acuerdo con la denuncia hecha por Andrés Sepúlveda, el llamado “hacker” que trabajó como asesor para la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, durante su reclusión recibió órdenes de Danny Julián Quintana, ex director del CTI de la Fiscalía, de atacar e intervenir las comunicaciones del periodista.

Según Sepúlveda, luego de negarse a ejecutar tales órdenes, Quintana tomó represalias en su contra, quitándole comodidades y trasladándolo a otro establecimiento. En entrevista con La W, Quintana negó rotundamente todas las acusaciones de Sepúlveda. Por su parte, este último dice tener correos electrónicos que prueban que recibió tales órdenes.

La vigilancia ilegal trae graves consecuencias para la libertad de expresión al afectar la intimidad y el trabajo de los periodistas y de sus fuentes, actuando como un incentivo para la autocensura. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha explicado que la interceptación de las comunicaciones tiene un efecto inhibitorio que afecta el pleno ejercicio de la libertad de expresión: “En efecto, sin un espacio privado, libre de injerencias arbitrarias del Estado o de particulares, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión no puede ser ejercido plenamente. Esta misma relatoría y la Relatoría Especial para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU publicaron en 2013 una Declaración Conjunta en la que sostuvieron que “[l]a vigilancia de las comunicaciones y las injerencias a la privacidad que excedan lo estipulado en la ley, que se orienten a finalidades distintas a las autorizadas por ésta o las que se realicen de manera clandestina deben ser drásticamente sancionadas”.

De ser ciertas las denuncias de Sepúlveda, se revivirían las preocupaciones en torno al grave problema de la vigilancia ilegal del Estado a las comunicaciones de periodistas, luego de episodios tan penosos como los escándalos de las “chuzadas” del DAS (revelado en 2009 por la Revista Semana) y del centro de operaciones militares “Andrómeda” (revelado en 2014 por la misma revista).

La FLIP exhorta a la Fiscalía para que avance en la investigación de las denuncias para que se aclaren los hechos.