Impiden distribución de ejemplares de tres periódicos en Cundinamarca y Antioquia

La FLIP rechaza el decomiso de cerca de 900 ejemplares de los periódicos Entre Líneas y Nostoca en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca, por parte de miembros de la Policía local. La Fundación le solicita a las autoridades que investiguen lo sucedido y sancionen a los funcionarios responsables de los operativos.

La FLIP conoció que el viernes 25 de octubre miembros de la Policía de Tocancipá decomisaron cerca de 400 ejemplares del periódico regional Entre Líneas, que llega a 15 municipios de Cundinamarca y desde hace tres años se distribuye en Tocancipá. Los uniformados también decomisaron cerca de 500 copias del periódico local Nostoca que lleva un año circulando en este municipio. 

De acuerdo con Angy Alayón y Miguel Castañeda, directores de los periódicos Nostoca y Entre Líneas respectivamente, esta situación se presentó luego de que el Comité de Garantías Electorales prohibiera la circulación de cualquier tipo de propaganda electoral entre el 25 y el 27 de octubre. Este comité está conformado por el alcalde o su delegado, el comandante de la Policía, el personero, el registrador municipal y representantes de partidos políticos del municipio. Esta situación se presentó aun cuando la misma alcaldía de Tocancipá emitió una circular el 24 de octubre, en la que hace referencia a la Ley 163 de 1994, donde se prohíbe la circulación de propaganda política y electoral únicamente el día de las elecciones. 

La FLIP intentó comunicarse con el alcalde del municipio, ​​Walfrando Adolfo Forero, para conocer su versión sobre lo sucedido, pero no atendió a los llamados. Por esta razón, la Fundación se comunicó directamente con el Sargento Franco, comandante de la estación de Policía de Tocancipá, quien se abstuvo de dar declaraciones, argumentando que no lo haría a través de una comunicación telefónica.  

Situación similar se presentó dos días antes de las votaciones en el municipio de Girardota, Antioquia. El director del periódico local Girardota Crítica, Daniel Largo, denunció que se impidió la circulación de cerca de 400 ejemplares del periódico que según uno de sus distribuidores habrían sido recogidos por miembros de la Policía Nacional. 

Al respecto, el comandante de la Policía de ese municipio, capitán José Cortinez, aseguró que los agentes atendieron a una denuncia de miembros de la comunidad, quienes reportaron que la edición del periódico contenía publicidad política que estaría siendo repartida por menores de edad. Sin embargo, cuando los uniformados llegaron al lugar encontraron una bolsa negra llena de ejemplares del periódico. El capitán Cortinez asegura que la Policía no decomisó esos periódicos y que fueron los mismos ciudadanos que denunciaron quienes se quedaron con los ejemplares.

Largo manifiesta que la distribución de su periódico no la realizan menores de edad y que hasta ahora desconoce qué pasó con los ejemplares que estaban listos para repartirse en el municipio. Esta situación obstaculizó la libre circulación de información que es esencial para que la ciudadanía pueda ser partícipe del debate público sobre todo en temas tan importantes como las elecciones regionales.

La FLIP le solicita a la Procuraduría General de la Nación que investigue el actuar de los funcionarios públicos de la alcaldía de Tocancipá responsables de tomar la decisión de recoger los ejemplares de los periódicos. Así mismo, la Fundación le solicita a la Policía Nacional que investigue disciplinariamente a los agentes que efectuaron el decomiso. 

La FLIP también hace un llamado a la Policía Nacional para que aclare las razones por las que los uniformados en Antioquia permitieron que la ciudadanía recogiera irregularmente y retuviera los ejemplares del periódico Girardota Crítica. Es sumamente importante que las autoridades tengan clara la legislación entorno a la libertad de expresión y garanticen la libre circulación de información que es de interés público para los ciudadanos. 

Sobre lo anterior, la Comisión Interamericana de los Derechos humanos ha dicho que la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.