FLIP condena señalamientos de Álvaro Uribe Vélez en contra de Daniel Samper Ospina

Más de medio centenar de periodistas, editores, columnistas y expertos se unieron a un mensaje para exigirle al senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez que se acoja a la ley. Su larga trayectoria se señalamientos en contra de la prensa desbordó los límites el pasado viernes 14 de julio cuando, a través de su cuenta de Twitter, el senador se refirió al periodista Daniel Samper Ospina como "violador de niños".

Esta es la carta con la que se hace un llamado a la ciudadanía para que rechache la calumnia como una forma de hacer política. Quienes se quieran unir a este mensaje de rechazo pueden compartir la carta con la etiqueta #PorElRespeto.

Punto final

Es hora de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez deje atrás la práctica sistemática de difamar, calumniar e injuriar a sus críticos como si no fuera un expresidente obligado a dar ejemplo, ni un ciudadano sujeto al Código Penal.

El límite de todos los colombianos es y debe ser la ley. Y es tiempo de que el expresidente esté a la altura del enorme poder del que ha venido abusando sin mayores consecuencias: el último ejemplo de su estrategia de estigmatizar e intimidar para imponerse en el debate público, aquello de permitirse llamar “violador de niños” al periodista Daniel Samper Ospina frente a sus más de cuatro millones de seguidores de Twitter, no es sólo una infamia irreversible que habrá de tener solución en la justicia, sino también un repugnante acto de violencia que ya ha empezado a llamar a más violencia.

Twitter es la vida real. Quien comete un delito allí comete un delito en su país. Hoy, cuando en las redes sociales se ha vuelto común hostigar a los periodistas hasta ponerlos en peligro, resulta inaceptable que el expresidente siga jugando el perverso juego de rectificar cuando el daño ha sido hecho, siga legitimando socialmente esa manera temeraria de participar en la deliberación pública y liderando ese premeditado ataque contra la prensa y la libertad de expresión –ese echarle la culpa y acusar de conspirador al mensajero– que es una arremetida contra la democracia.

No se trata de reclamar, de ninguna manera, un trato privilegiado para los periodistas, ni de librar al periodismo de la crítica, sino de defender el derecho de todos a hablar sin ser objeto de los abusos de quien se sabe poderoso.

Una palabra de Uribe basta para enlodar un nombre, para exacerbar los odios de tantos colombianos frustrados, para degradar y envenenar el necesario debate político del país. Lejos está del líder responsable y digno que tendría que ser.

Pero él sabe todo esto: él no está reaccionando en caliente, ni cometiendo un desliz, sino redoblando un comportamiento peligroso e inescrupuloso cargado de intenciones políticas. Corresponde a la ciudadanía, pues, el siguiente paso. Dar ejemplo. Exigir sin miedo, con la ley de su lado, el fin de la calumnia como estrategia. Solidarizarse con el calumniado más allá de las contingencias de la política. Decirle al calumniador que ha llegado la hora de que se detenga.

Jesús Abad Colorado, José Manuel Acevedo, María Elvira Arango, Darío Arizmendi, Ricardo Ávila, Catalina Botero, Diana Calderón, Juan Pablo Calvás, Fidel Cano, Alberto Casas Santamaría, José Eustorgio Colmenares, Daniel Coronell, Ernesto Cortés, Vicky Dávila, Vanessa De la Torre, Félix De Bedout, María Elvira Domínguez Lloreda, María Jimena Duzán, Jorge Espinosa, Heriberto Fiorillo, Álvaro Forero Tascón, Álvaro García, Ignacio Gómez, Gustavo Gómez Córdoba, Claudia Gurisatti, Sebastián Hiller, Juan Carlos Iragorri, Juanita León, Juan Esteban Lewin, Diego Martínez Lloreda, Matador, Andrés Mompotes, Néstor Morales, Hassan Nassar, Lila Ochoa, Cecilia Orozco, Alfonso Ospina, Ricardo Ospina, Rodrigo Pardo García-Peña, Roberto Pombo, Fernando Quijano, Ana Cristina Restrepo, Jorge Restrepo, Nicolás Restrepo, Héctor Riveros, Luis Enrique Rodríguez, César Rodríguez Garavito, María Elvira Samper, Julio Sánchez Cristo, Alejandro Santos, Diego Santos, Ricardo Silva Romero, Rodrigo Uprimny, Jorge Alfredo Vargas, Juan Roberto Vargas, Vladdo, Felipe Zuleta, Camila Zuluaga.

La Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP) condena las agresiones del subsecretario del senado y senadores de la República en contra de Noticias Uno.

El jueves 1 de junio el periodista Eduardo López Hooker, acompañado de un camarógrafo de Noticias UNO, cubría la sesión en el senado para elegir un magistrado para la Corte Constitucional. Durante la sesión, el subsecretario del Senado, Saúl Cruz, simuló ser golpeado en la cara por el camarógrafo. Luego denunció la inexistente golpiza ante policías que custodiaban el recinto. “Iba al baño y me he encontrado con una cámara de Noticias Uno, y -podrán ver- me han pegado en la cara. Yo no entiendo; yo cumplo mi función. Esto me tiene muy consternado,” dijo luego ante el Senado en pleno.

Noticias Uno tenía asignada una cámara para documentar las labores de Cruz de cabildeo a favor de uno de los candidatos a la Corte Constitucional. Lo que muestran las cámaras de seguridad del Congreso es que en realidad el propio camarógrafo fue embestido por Cruz.

Como reacción a la denuncia del subsecretario, el Presidente del senado Mauricio Lizcano, dio la palabra para que los senadores discutieran estos hechos. En ese momento algunos senadores hicieron declaraciones contrarias a su obligación de generar un ambiente favorable a la libertad de expresión.

Un grupo de congresistas pidió encarcelar a los periodistas y tomar acciones legales en su contra. José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático, dijo que “tiene que haber algún tipo de sanción penal (…) ojalá cárcel al agresor”. Así mismo, Rosmary Martinez de Cambio Radical pidió demandar a Noticias Uno: “o si no va a venir el ELN disfrazado de doctor (sic) y nos va a masacrar en este Congreso”. Por su parte, Mílton Rodríguez, del partido de la U pidió sanciones “ejemplares” porque “la prensa no puede dar ese ejemplo aquí en la casa de la democracia”.

Otros senadores pidieron obstruir el trabajo periodístico del noticiero. Jorge Pedraza, del Partido Conservador le dijo a Mauricio Lizcano: “debe usted tomar medidas de inmediato para que este periodista no se mantenga en el recinto”. Maritza Rodríguez, de la U, pidió que como medida cautelar se retirara al periodista y no se permitiera “nunca más” su entrada al Congreso. De igual modo, José Obdulio Gaviria expresó que tenía que haber una medida administrativa que impidiera “para siempre” la presencia de quienes atacaron a Cruz.

Por último, la senadora del partido liberal Sofía Gaviria insinuó sentirse en riesgo por estos hechos y dijo que Noticias Uno tenía que responder como empresa. “Yo me siento amenazada,” concluyó.

Para la FLIP estos hechos son de la mayor gravedad pues sucedieron en el Congreso de la República, en donde deben existir las mayores garantías para el cubrimiento periodístico y el derecho a la información. En segundo lugar, porque están enmarcados dentro de una serie de agresiones repetitivas por parte de congresistas y que están generando un ambiente cada vez más hostil para la prensa en el congreso.

El 28 de marzo de 2016, la periodista Tania Guevara, después de cubrir una sesión en el Congreso, fue retenida por los guardaespaldas del secretario del senado Gregorio Eljach y conducida a una oficina en donde le obligaron a borrar las fotografías que había tomado. El primero de abril de 2017, mientras se realizaba una marcha en contra de la corrupción en Cartagena, el congresista Fernando Araújo, exhibió pancartas que incitaban a obstruir el trabajo periodístico. De igual forma, el pasado 15 de mayo de 2017, el senador Álvaro Uribe acusó de ser “pro Farc” a un periodista de Noticias Uno que estaba cubriendo presuntos malos manejos de recursos públicos con los que se habría beneficiado un predio propiedad del senador.

La simulación de la agresión por parte de Saúl Cruz, la posterior falsa denuncia presentada ante la policía y el Congreso y la andanada de llamados a encarcelar, censurar, demandar y obstruir el trabajo de Noticias Uno por parte de senadores de la República son una violación de las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado colombiano en materia de la libertad de expresión. 

Según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los funcionarios públicos tienen la obligación de adoptar un discurso favorable que contribuya a prevenir la violencia contra la prensa: “la obligación de garantizar los derechos de libertad de expresión y a la integridad personal requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia”.

Así mismo, el comportamiento de Cruz es contrario a la obligación de los funcionarios públicos a ser tolerantes a la crítica. “En una sociedad democrática, la prensa debe informar ampliamente sobre cuestiones de interés público, que afectan bienes sociales, y los funcionarios rendir cuentas de su actuación en el ejercicio de sus tareas públicas” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Kimel vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008).

La FLIP también recuerda a los senadores que hicieron el llamado a la censura que “el ejercicio efectivo de la libertad de expresión implica la existencia de condiciones y prácticas sociales que lo favorezcan. Es posible que esa libertad se vea ilegítimamente restringida (…) por condiciones de facto que coloquen, directa o indirectamente, en situación de riesgo o mayor vulnerabilidad a quienes la ejerzan o intenten ejercerla, por actos u omisiones de agentes estatales” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ríos versus Venezuela. Sentencia de 28 de enero de 2009).

La FLIP está evaluando qué medidas tomará para que se avance en la investigación y sanción de los responsables de estos graves hechos así como para proteger a Noticias Uno de futuras agresiones de las que puede ser víctima en el Congreso. 

_____________________

Actualización

El 29 de noviembre de 2017, la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión e inhabilidad por 8 meses al subsecretario del Senado Saúl Cruz. La defensa del funcionario apeló el fallo y el caso pasó a la Sala Disciplinaria de la Procuraduría.

La FLIP espera que esta sanción sirva de ejemplo para que los funcionarios se apropien del respeto a la libertad de prensa como un principio fundamental de su labor.

La Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP– rechaza las acusaciones del senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, en contra del columnista de Revista Semana, Daniel Samper Ospina. 

En la tarde del 14 de julio, el senador Uribe publicó en su cuenta de Twitter: “Federico Escobar protesta por ofensa del violador de niños, Samper Ospina, a Antioquia, ofensa publicada en Semana”. El texto estaba acompañado de una carta en la que un suscriptor de esta revista explica por qué no renovará el abono.

El trino del senador es una violación a la libertad de prensa, una estigmatización carente de cualquier prueba y una afirmación irresponsable que activa desde su rol como congresista un riesgo para el periodista.  Álvaro Uribe falta a sus obligaciones como senador con respecto a la garantía del derecho a la libertad de prensa y estas acusaciones van en contra de sus deberes como servidor público.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha manifestado que para garantizar la libertad de prensa se “requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia”.

En los últimos dos meses los señalamientos del senador Uribe contra Daniel Samper Ospina a través de esta red social han sido constantes. El pasado 16 de mayo, compartió la imagen de un tweet del periodista y escribió: “Eso dice el bandidito de Samper Ospina, cobarde maltratador de niñas recién nacidas”. Cuatro días después trinó: “Acepto Consejo ”No vale la pena contestarle a Daniel Ospina. No es un interlocutor válido. Recuerde que la profesión de él es payaso””. Una semana después, el 27 de mayo publicó: “Un maltratador de niños, Daniel Samper Ospina, que se las tira de payaso, ofende a esta profesión que noblemente entretiene a los niños”.

No obstante, el último ataque del senador es de mayor gravedad pues está acusando de manera directa al periodista de cometer un delito atroz y esto lo hace como respuesta al trabajo periodístico de Samper Ospina.

El liderazgo público, y sobre todo aquel que aspira a representar intereses ciudadanos, debe considerar el impacto de sus afirmaciones en la vida democrática, la posibilidad de que sus seguidores consideren estas acusaciones como ciertas y tomen represalias, así como el impacto que estas declaraciones tiene en el debate público. Si la consecuencia de criticar al senador Álvaro Uribe es ser calificado como delincuente, con el paso del tiempo la sociedad dejará de criticarlo. Allí gana la censura y pierde la democracia.  Insistimos en que los señalamientos mencionados sitúan al columnista en una situación de riesgo infundado que podría desencadenar agresiones de mayor gravedad.

La FLIP le recuerda al senador que en diciembre de 2016, como respuesta a una denuncia por injuria y calumnia interpuesta por Daniel Coronell en contra del senador, la Corte Suprema de Justicia afirmó: “El lenguaje agresivo es una manifestación de violencia. Y usado por un líder político en cualquiera de las redes sociales puede llegar a ser identificado por alguno de sus seguidores como una invitación, o por lo menos como una autorización velada al uso de la violencia física contra el destinatario del trino o del discurso descalificador”.

La FLIP se solidariza con Daniel Samper Ospina y reitera su disponibilidad para apoyar en las acciones que se instauren para el restablecimiento de su derecho a opinar libremente sobre personas de relevancia pública.

De igual forma, hacemos un llamado a los organismos de control, especialmente a la Procuraduría, para que, en el marco del deber de garantizar la libertad de prensa, reconozca que el Senador Álvaro Uribe ha afectado seriamente las condiciones mínimas para el debate democrático.

  ____________________________________

Álvaro Uribe también ha atacado públicamente a periodistas de Noticias Uno, a Daniel Coronell, a Gonzalo Guillén, a Hollman Morris, a Yohir Akerman, entre otros. Aquí puede consultar un recuento de estos señalamientos.

 

*Actualización:

El 2 de agosto de 2017, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó al senador Álvaro Uribe Vélez que "dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este proveído, emita una retractación firme y precisa de la sindicación al accionante de "violador de niños" y de la afirmación acerca de que éste hizo "publicaciones pornográficas", a través del mismo medio en que las expresó, aclarando que esas afirmaciones realizadas anteriormente por él no se basan en evidencias disponibles; por consiguiente, que no es cierto lo afirmado por él respecto del periodista".