La Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP– rechaza las acusaciones del senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, en contra del columnista de Revista Semana, Daniel Samper Ospina. 

En la tarde del 14 de julio, el senador Uribe publicó en su cuenta de Twitter: “Federico Escobar protesta por ofensa del violador de niños, Samper Ospina, a Antioquia, ofensa publicada en Semana”. El texto estaba acompañado de una carta en la que un suscriptor de esta revista explica por qué no renovará el abono.

El trino del senador es una violación a la libertad de prensa, una estigmatización carente de cualquier prueba y una afirmación irresponsable que activa desde su rol como congresista un riesgo para el periodista.  Álvaro Uribe falta a sus obligaciones como senador con respecto a la garantía del derecho a la libertad de prensa y estas acusaciones van en contra de sus deberes como servidor público.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha manifestado que para garantizar la libertad de prensa se “requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia”.

En los últimos dos meses los señalamientos del senador Uribe contra Daniel Samper Ospina a través de esta red social han sido constantes. El pasado 16 de mayo, compartió la imagen de un tweet del periodista y escribió: “Eso dice el bandidito de Samper Ospina, cobarde maltratador de niñas recién nacidas”. Cuatro días después trinó: “Acepto Consejo ”No vale la pena contestarle a Daniel Ospina. No es un interlocutor válido. Recuerde que la profesión de él es payaso””. Una semana después, el 27 de mayo publicó: “Un maltratador de niños, Daniel Samper Ospina, que se las tira de payaso, ofende a esta profesión que noblemente entretiene a los niños”.

No obstante, el último ataque del senador es de mayor gravedad pues está acusando de manera directa al periodista de cometer un delito atroz y esto lo hace como respuesta al trabajo periodístico de Samper Ospina.

El liderazgo público, y sobre todo aquel que aspira a representar intereses ciudadanos, debe considerar el impacto de sus afirmaciones en la vida democrática, la posibilidad de que sus seguidores consideren estas acusaciones como ciertas y tomen represalias, así como el impacto que estas declaraciones tiene en el debate público. Si la consecuencia de criticar al senador Álvaro Uribe es ser calificado como delincuente, con el paso del tiempo la sociedad dejará de criticarlo. Allí gana la censura y pierde la democracia.  Insistimos en que los señalamientos mencionados sitúan al columnista en una situación de riesgo infundado que podría desencadenar agresiones de mayor gravedad.

La FLIP le recuerda al senador que en diciembre de 2016, como respuesta a una denuncia por injuria y calumnia interpuesta por Daniel Coronell en contra del senador, la Corte Suprema de Justicia afirmó: “El lenguaje agresivo es una manifestación de violencia. Y usado por un líder político en cualquiera de las redes sociales puede llegar a ser identificado por alguno de sus seguidores como una invitación, o por lo menos como una autorización velada al uso de la violencia física contra el destinatario del trino o del discurso descalificador”.

La FLIP se solidariza con Daniel Samper Ospina y reitera su disponibilidad para apoyar en las acciones que se instauren para el restablecimiento de su derecho a opinar libremente sobre personas de relevancia pública.

De igual forma, hacemos un llamado a los organismos de control, especialmente a la Procuraduría, para que, en el marco del deber de garantizar la libertad de prensa, reconozca que el Senador Álvaro Uribe ha afectado seriamente las condiciones mínimas para el debate democrático.

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Álvaro Uribe también ha atacado públicamente a periodistas de Noticias Uno, a Daniel Coronell, a Gonzalo Guillén, a Hollman Morris, a Yohir Akerman, entre otros. Aquí puede consultar un recuento de estos señalamientos.

 

*Actualización:

El 2 de agosto de 2017, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó al senador Álvaro Uribe Vélez que "dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este proveído, emita una retractación firme y precisa de la sindicación al accionante de "violador de niños" y de la afirmación acerca de que éste hizo "publicaciones pornográficas", a través del mismo medio en que las expresó, aclarando que esas afirmaciones realizadas anteriormente por él no se basan en evidencias disponibles; por consiguiente, que no es cierto lo afirmado por él respecto del periodista".

La Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP– rechaza la exclusión de la que fueron víctimas periodistas locales en Chimichagua, Cesar, durante la visita del presidente Santos.

Este miércoles 5 de julio el presidente Santos llegó al departamento del Cesar para inaugurar el muelle flotante y parador turístico de la Ciénaga de Zapatosa y entregar 110 viviendas de interés social en Chimichagua. Periodistas de medios locales fueron discriminados y excluidos por parte de funcionarios de prensa de Presidencia cuando se dirigían a cubrir la entrega de las casas.

Varios periodistas de medios regionales asistieron al evento junto a la comitiva de comunicaciones de la Gobernación del Cesar. El equipo de comunicaciones de Presidencia les indicó que subieran al transporte asignado para prensa y así desplazarse al lugar donde se entregarían las viviendas. Sin embargo, después de unos minutos, hombres de seguridad y funcionarios de prensa los obligaron a bajar del vehículo argumentando que sólo podían estar en el bus los periodistas nacionales que viajaban desde Bogotá.

Los comunicadores que fueron excluidos son Enrique Camargo de Radio Guatapurí; Rosa Rosado de El País Vallenato; Ramón Meneses de Telecaribe y el equipo de prensa de la Gobernación. A raíz de esta situación, la FLIP conoció que este tipo de exclusiones son recurrentes por parte de agentes de la Fuerza Pública y funcionarios de Presidencia. Estos hechos desembocan en la discriminación al trabajo periodístico en las regiones y permiten que únicamente los medios nacionales accedan a información relevante para los municipios.

La FLIP expresa su preocupación por la recurrencia de estos casos. En el último año y medio se han registrado dos situaciones en las que los funcionarios de Presidencia han agredido a la prensa. El año pasado en Puerto Asís, el periodista Carlos Álvarez cubría la llegada de la primera dama Clemencia de Santos y cuando intentó tomarle fotos, una coronel de la guardia presidencial se lo impidió y le solicitó que borrara las imágenes que ya tenía.

El mismo año, durante la visita presidencial a Santa Marta, varios reporteros de medios locales fueron obstruidos en su labor por parte de escoltas y funcionarios de comunicaciones. A al menos diez periodistas regionales se les negó el ingreso a un almuerzo organizado por Presidencia en el Batallón José María Córdova mientras que los medios nacionales sí pudieron ingresar.  

La FLIP le solicita a la Presidencia de la República que garantice el cubrimiento periodístico de los medios de comunicación sin tratos discriminatorios en contra de los reporteros regionales. Se debe promover el pluralismo informativo para así fortalecer el debate público y la democracia. Es necesario garantizar a los periodistas locales un trato digno y las mismas oportunidades que tienen los periodistas de medios nacionales.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza que el Comando Estratégico de Transición de las Fuerzas Militares  desconozca sus obligaciones para garantizar la libertad de prensa. Son inadmisibles las presiones de esta institución a Noticias RCN para que revele sus fuentes periodísticas.

En la emisión del mediodía del 26 de mayo de 2017, Noticias RCN publicó una carta del general Javier Flórez, comandante del Comando Estratégico de Transición, dirigida al Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo. Según la noticia, el oficial expresa preocupaciones por las “actividades de carácter político” que realizarían las FARC el 27 y 28 de mayo de 2017 con motivo de su aniversario. El general Flórez advierte que esto “contraría lo establecido en el acuerdo final” y podría constituir una violación de las condiciones del cese al fuego pactado entre el gobierno y la guerrilla.

Después de la emisión, la periodista de Noticias RCN, Maritza Aristizábal, recibió una llamada del general Javier Flórez. “El oficial, muy molesto, le pregunta quién filtró el documento, asegura se trataba de una información secreta, y señala que con esa información la reportera lo destruyó e intenta destruir el proceso de paz. El general finalmente anuncia que va a pedirle a sus abogados que denuncien el hecho”, informó el noticiero a la FLIP.

Según ha conocido la FLIP, desde ese día, funcionarios del Comando Estratégico de Transición, del Ministerio de Defensa y delegados del gobierno ante el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, en violación del principio constitucional que protege el secreto profesional, han presionado a Noticias RCN para que revele sus fuentes periodísticas.

El 26 de mayo la periodista Maritza Aristizabal recibió otras dos llamadas de la asistente del general Flórez en las que intenta averiguar quién le dio el documento publicado, según dijo RCN a la FLIP. El 30 de mayo de 2017, el contraalmirante Orlando Romero, delegado del Gobierno ante el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, envió una carta dirigida a Noticias RCN en la que solicitó que se certifique si fue él quien entregó el documento en cuestión al medio de comunicación. El 2 de junio de 2017, el Teniente Coronel Víctor Portilla, funcionario instructor del Ministerio de Defensa, envía otra carta a la dirección del noticiero solicitando que se haga llegar copia del documento que reveló Noticias RCN.

Al respecto, el Comando Estratégico de Transición afirmó a la FLIP que nunca se pretendió “traspasar la línea de confidencialidad ni la reserva de las fuentes”. También dijo que solicitó a Noticias RCN copia de la carta publicada con el único objetivo de determinar si se trataba de un documento auténtico firmado por el General Flórez.

El martes 13 de junio de 2017, llegó una nueva comunicación, esta vez dirigida a la periodista Maritza Aristizábal, y en la que el Comando Conjunto de Monitoreo y Verificación la notifica que debe asistir a una declaración bajo la gravedad del juramento el próximo 20 de junio de 2017 en el Cantón Norte. En el documento, con el membrete y el logo del Comando General de las Fuerzas Militares, se hace referencia a una indagación preliminar sin aclarar los hechos*.

El Comando confirmó a la FLIP que sí se está adelantando una indagación preliminar en esa entidad por estos hechos. Sin embargo, aclaró que no se trata de un procedimiento en contra de Maritza Aristizábal sino que busca establecer “quiénes fueron los miembros de las Fuerzas Armadas responsables de filtrar la información”.

La FLIP rechaza que las Fuerzas Militares se valgan de mecanismos inconstitucionales para presionar a los periodistas con el fin de que estos revelen sus fuentes. Estas actuaciones son incompatibles con la vida democrática y la garantía de las libertades civiles.

La Fundación manifiesta su preocupación, observará con especial atención y acompañará este caso. Esta organización confía en que el Ejército reconsidere sus actuaciones sobre el caso y tome correctivos que impidan la repetición de estos hechos.

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Las actuaciones de las Fuerzas Militares en las últimas semanas son violatorias de la garantía constitucional del secreto profesional, consagrada en el artículo 74 de la Constitución.

Sobre este derecho, la Corte Constitucional ha dicho en la sentencia T-298 de 2009 que “la inviolabilidad del secreto profesional (la reserva de la fuente) permite que un periodista guarde el secreto sobre la existencia de una determinada información, su contenido, el origen o la fuente de la misma, o la manera como obtuvo dicha información”.

Además de lo anterior, la misma decisión indica que este derecho no es solo del periodista, sino de su fuente, pues se convierte en una garantía para poder difundir información. “La reserva de la fuente es una garantía fundamental y necesaria para proteger la verdadera independencia del periodista y para que pueda ejercer la profesión y satisfacer el derecho a la información, sin que existan limitaciones indirectas ni amenazas que inhiban la difusión de información relevante para el público”, manifestó la Corte en la sentencia.

Por eso es de suma gravedad que el Ejército esté desconociendo esta protección constitucional a la prensa.

La FLIP recuerda al Ejército que la Sentencia C - 491 de 2007 reconoce que los periodistas que han accedido a información reservada o clasificada no están sometidos a una obligación legal de no publicar esa información. “La reserva cobija a los funcionarios públicos pero no habilita al Estado para censurar la publicación de dicha información cuando los periodistas han logrado obtenerla (...) la reserva obliga a los servidores públicos comprometidos pero no impide que los periodistas que acceden a dicha información puedan publicarla”, dice la Corte.

Así mismo, la Resolución A/HRC/33/L.6 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas exhortó a los Estados a proteger “en la ley y en la práctica el carácter confidencial de las fuentes de los periodistas, en reconocimiento de la función esencial que cabe a estos en la promoción de la rendición de cuentas públicas y de una sociedad inclusiva y pacífica, con sujeción únicamente a excepciones limitadas y claramente definidas que estén enunciadas en los marcos legales nacionales, como la autorización judicial, de conformidad con las obligaciones que les impone el derecho internacional de los derechos humanos".

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*Actualización: En la mañana del miércoles 14 de junio, la periodista Maritza Aristizábal recibió una comunicación del Comando General de las Fuerzas Militares en la que le anunciaban, refiriéndose a la citación que le había llegado un día antes para presentarse el 20 de junio en el Cantón Norte, que "no se requiere dicho testimonio dentro de la Indagación Preliminar". Sin embargo, este revés no redime al Comando General, al Ministerio de Defensa y al Mecanismo de Monitoreo y Verificación de su responsabilidad por las presiones inconstitucionales de los últimos días contra Noticias RCN y su reportera.