El pasado 6 de marzo, la Fiscalía General de la Nación notificó a Cambio sobre una inspección judicial para obtener los datos de la fuente que suministró la información para la nota periodística “Bienes de la SAE fueron entregados a cambio de coimas que se cobraron a nombre de Daniel Rojas y Juan Fernando Petro”. Esta solicitud no es un incidente aislado por parte de un funcionario como lo manifestó la entidad, sino que se trata de una práctica reiterada de la Fiscalía hacia el medio.

El director de la Revista Cambio, Federico Gómez Lara, le dijo a la FLIP que “esto ha pasado por lo menos cuatro veces en los últimos dos años”. Además, en un comunicado emitido por el medio, se afirmó que “los reiterados requerimientos de la Fiscalía General de la Nación a medios de comunicación para acceder a información protegida y privilegiada constitucionalmente ponen en riesgo el secreto profesional y generan intimidación a quienes informan sobre temas de interés público, lo que tiene efectos nocivos para la libertad de prensa y la institucionalidad democrática colombiana”.

Desde hace dos años, hemos alertado sobre las vulneraciones por parte de la Fiscalía hacia el medio. En 2022, enviamos una carta pública a la entidad, a propósito de una inspección al medio, y en la que se solicitaba acceder a documentos relacionados con la investigación periodística “Esta es la puta guerra”. En enero de este año, nuevamente nos pronunciamos por una orden similar, en la que requería informar sobre los fundamentos y sustentos del artículo “Financiación campaña Petro presidente: las inconsistencias que halló Transparencia por Colombia”.

Estas prácticas de la Fiscalía atentan contra la libertad de prensa y contradicen los estándares constitucionales y convencionales de protección al derecho a la reserva de la fuente, así como lo dispuesto en la Directiva 0003 de 2023, una medida que anunció la entidad para proteger a la prensa, pero que está lejos de cumplir tal objetivo. Además, este caso plantea dudas sobre si la entidad misma conoce y acata su propia directiva.

Sobre estas situaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que “la confidencia constituye un elemento esencial en el desarrollo de la labor periodística y en el rol conferido al periodismo por la sociedad de informar sobre asuntos de interés público”. Además, la Convención Americana de Derechos Humanos agrega que “la información o archivos de los periodistas son considerados como objetos no susceptibles de registro y si es usada como prueba en el marco de un proceso judicial puede ser declarada prueba ilícita por violación a la reserva de la fuente y los derechos humanos”.

Hacemos un llamado a la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, para que durante su mandato se comprometa a garantizar y respetar el ejercicio de la libertad de prensa en Colombia. Esto implica, en primer lugar, respetar el derecho a la reserva de la fuente, lo que significa que la entidad siga los parámetros establecidos respecto a este derecho y abstenerse de adelantar actos de investigación destinados a identificar a las fuentes periodísticas. En segundo lugar, instamos a que asuma un compromiso activo contra la impunidad en los crímenes hacia la prensa, lo que permitirá el esclarecimiento de agresiones como homicidios y amenazas que afectan el ejercicio libre de la información y promueven la autocensura. Y, adoptar medidas que garanticen de manera activa el acceso a la información pública que está en manos de la institución y se permita el flujo de información de alto interés público a los y las periodistas.

Actualización

Hoy, 13 de marzo, la Fiscalía General de la Nación ha comunicado que está tomando medidas ante la Comisión Nacional de Disciplina para investigar posibles violaciones de la Directiva No. 0003 del 12 de abril de 2023. Además, reiteró su compromiso con la libertad de prensa. Esperamos que estas acciones contribuyan a fortalecer el libre ejercicio periodístico.