Expresamos nuestra preocupación por la citación a audiencia de imputación hecha al periodista José Manuel Vega con motivo de una denuncia presentada en el año 2021 por el entonces director del Área Metropolitana de Valledupar, Andrés Arturo Fernández, en contra del periodista. Este proceso se enmarca en una serie de presiones e intimidaciones de carácter legal contra José Manuel Vega, motivadas por su labor periodística sobre contratación pública y presuntas irregularidades administrativas en Valledupar y en el departamento del Cesar.

En la FLIP hemos documentado que desde el 16 de junio tres directores de medios de comunicación en Florencia, Caquetá, han sido citados a una reunión por el Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño del Estado Mayor Central. Cada director recibió una fotografía a través de WhatsApp en la que le indicaba que debía dirigirse a un caserío cercano y en la imagen se podía ver un fusil. El 18 de junio el grupo reiteró la citación con el mismo mensaje.

El pasado 6 de marzo, la Fiscalía General de la Nación notificó a Cambio sobre una inspección judicial para obtener los datos de la fuente que suministró la información para la nota periodística “Bienes de la SAE fueron entregados a cambio de coimas que se cobraron a nombre de Daniel Rojas y Juan Fernando Petro”. Esta solicitud, no es un incidente aislado por parte de un funcionario como lo manifestó la entidad, se trata de una práctica reiterada de la Fiscalía hacia el medio.

Rechazamos los ataques en contra de periodistas de Blu Radio, La FM y RCN televisión, por parte de un grupo de personas que participaban en las manifestaciones de hoy convocadas en la ciudad de Bogotá. Los y las periodistas fueron insultados, hostigados y cuestionados agresivamente por el medio en el que trabajaban, lo cual terminó obligándolos a pausar el cubrimiento para salvaguardar su integridad.

Bajo la administración de Francisco Barbosa, la Fiscalía General de la Nación continúa adelantado acciones que vulneran la libertad de prensa y van en contravía de los derechos y la protección especial que tienen las y los periodistas. La institución ha ordenado medidas desproporcionadas e inconstitucionales, como el allanamiento a medios de comunicación y solicitudes para conocer sus fuentes periodísticas. El caso más reciente ocurrió con el medio Cambio, al que le solicitaron informar los fundamentos y sustentos del artículo “Financiación campaña Petro presidente: las inconsistencias que halló Transparencia por Colombia”.

#AlertaFLIP Expresamos nuestra preocupación por el daño a las instalaciones del @elperiodicoEP de Valledupar, Cesar, medio local que aborda temas relacionados con la administración y el manejo de recursos públicos. Producto de esta agresión, se ha paralizado su trabajo e impedido que siga en funcionamiento.

Expresamos nuestra preocupación ante el acoso judicial por parte de José Luis Esparza Guerrero, ex candidato vicepresidencial en 2022 y coronel retirado, en contra de la Revista Raya y de su director, Edison Bolaños, en retaliación a la investigación “Los audios del acoso sexual del coronel Esparza, el cerebro de la “Operación Jaque”. En menos de un año, Esparza ha presentado cuatro solicitudes de rectificación improcedentes, dos acciones de tutela y una querella por injuria y calumnia. Esto evidencia un claro intento de censurar y silenciar el trabajo periodístico que el medio ha hecho sobre los casos de acoso sexual y laboral y que, según las fuentes consultadas por el medio, él era el responsable cuando fue Coronel del Ejército Nacional.

Rechazamos la conducta intimidatoria de la Fiscalía contra la Revista Raya que pretende violar la reserva de la fuente. El pasado 27 de octubre, Edinson Bolaños, periodista y director del medio, fue contactado por un investigador del CTI, quien manifestó tener una orden emitida por la Fiscalía 515 Local para realizar una inspección judicial de los archivos y fuentes del medio.

El director del portal web Entre Ceja y Ceja de Rionegro, Antioquia, Julián Dávila, reportó que el medio de comunicación ha sido víctima de estigmatizaciones por parte de la administración local. El pasado 5 de octubre, en una rueda de prensa, el alcalde Hernández Alzate expresó que acudiría a la justicia para tomar acciones “contra aquellos que de manera irresponsable y sin escrúpulos propagan falsas acusaciones con el único propósito de desacreditar su buen nombre”. Estas declaraciones se dan en un contexto de desprestigio continuo, pues en los últimos meses el alcalde ha señalado al medio de publicar noticias “falsas”.

En la madrugada del 9 de febrero, la periodista Valesca Alvarado fue agredida mientras realizaba el cubrimiento de una jornada de protestas en el parque La Paz, ubicado en Kennedy, Bogotá. Alvarado fue víctima de intimidaciones, comentarios sexistas y fue obligada a eliminar el material que había realizado.

La FLIP rechaza el seguimiento del que fue víctima la periodista Cecilia Orozco, por parte de un carro fúnebre en Bogotá. Esto es una forma de intimidación hacia ella y al resto de su equipo periodístico en Noticias Uno. La FLIP le solicita a la Fiscalía que realice una investigación diligente sobre lo sucedido para dar con los responsables y los motivos de estos hechos.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las intimidaciones y amenazas que ha recibido el periodista Andrés Benavides, director de la emisora comunitaria Paraíso Stereo 96.3 FM.

El Estado colombiano nuevamente ha apuntado sus armas, recursos y capacidad de intimidación contra los periodistas. Esta situación se acrecienta en medio de la emergencia económica por la pandemia que afecta al sector de medios.

Una alarmante operación de espionaje, el abuso de la fuerza policial contra la prensa durante las manifestaciones y la actitud displicente y estigmatizante por parte de funcionarios de más alto nivel se suceden con tal flagrancia y reiteración que es imposible no asumirlo como un mensaje en el que la prensa se entiende como oposición; en el que no existe tolerancia hacia el pensamiento crítico. 

El 2020 profundizó el deterioro de los medios de comunicación y del estado de la libertad de expresión en el país. La violencia contra la prensa ocurre con la misma sistematicidad y permisividad como sucedía en décadas pasadas, durante los años más oscuros de Colombia. En ciudades medianas como Puerto Libertador en Córdoba o en capitales como Arauca no existe la posibilidad de ejercer el periodismo de manera libre. A esos dos ejemplos pueden sumarse decenas de municipios donde las y los reporteros deben calcular cada noticia antes de publicarla y hacen su trabajo con la permanente sensación de que en algún momento serán amenazados. 

En los últimos cuatro años, en el país han sido asesinados ocho periodistas y se han denunciado 618 amenazas; es el segundo país más letal del continente, después de México. Durante el año de la pandemia, y a pesar del confinamiento general, fueron amenazados 193 periodistas, un 10% más que en el 2019. Dos periodistas fueron asesinados: Abelardo Liz y Felipe Guevara. Esto ocurre mientras se invierten miles de millones de pesos en un mecanismo de protección que lamentablemente ha perdido efectividad y naufraga sin legitimidad, a la espera del prometido plan de reingeniería.

Esta atmósfera ha encallado a la prensa en la autocensura. Así lo admiten propietarios(as) de medios, directores y reporteros(as) por igual. Claro está que lo hacen de manera confidencial. La mayoría de las veces la sociedad, que depende de la prensa para estar informada, no se entera de la existencia de esa autocensura o puede no conocer su nivel de prevalencia entre los periodistas. Sin embargo, el precio que pagamos como sociedad es altísimo, ya que en un sistema democrático es indispensable que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a informarse sobre cualquier tema. 

Vean aquí la revista en línea.

El periodismo en Colombia es un paciente con comorbilidades y la pandemia amenaza con enviarlo a cuidados intensivos. A pesar de esto el Gobierno ignoró los trapos rojos que la empresa periodística ha batido con fuerza. Para el presidente Duque las prioridades están en otros asuntos. Por ejemplo, instalar un nuevo paradigma, normalizar su burbuja informativa y forjar una engañosa interlocución directa con la ciudadanía. Ha gastado al menos veintiséis mil millones de pesos en priorizar su comunicación institucional y la trata como si fuera superior a la pluralidad que ofrece el periodismo. Esta agresiva estrategia fortalece el riesgo de prácticas de propaganda sin precedentes en el país. 

En las primeras semanas del 2021, se dieron algunas señales de que finalmente el Gobierno adoptará medidas económicas para el sector, de no ser así, la supervivencia de muchos medios de información, la pluralidad y el futuro del periodismo profesional se podrían ver en entredicho. 

Las decenas de periodistas que fueron objeto de seguimientos y espionaje entienden que para el Estado ellos son los enemigos. Eso mismo asumen los reporteros de los medios comunitarios y los comunicadores indígenas que lloran cada que asesinan a uno de sus compañeros. Así mismo los ciudadanos que se atreven a preguntar. La única oportunidad que tiene este Gobierno de quitarles la razón es investigando y que las víctimas conozcan la verdad, como constantemente lo ha prometido. Sin embargo no lo hace y las preguntas persisten, ¿quién dispara? ¿quién amenaza? ¿quién dio la orden de los perfilamientos?

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por las recientes amenazas en contra del periodista Ricardo Ruidíaz. En lo corrido del año la FLIP ha registrado 20 agresiones en contra el reportero.

La FLIP rechaza las amenazas y las estigmatizaciones de las que ha sido víctima Edison Lucio Torres, reportero de Vox Populi en Cartagena. El responsable de los ataques es Miguel Arrázola, pastor de la iglesia Ríos de Vida.

La FLIP rechaza las agresiones de las que fue víctima Jineth Prieto, editora de la Silla Santandereana. El responsable de los ataques es Oscar Iván Díaz, quien está promoviendo la revocatoria del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza el panfleto firmado por el frente de guerra oriental del ELN, en el departamento de Arauca. El comunicado de la guerrilla surge a finales de un mes en el que se incrementaron las acciones bélicas en dicho departamento y hubo cubrimiento periodístico sobre la situación de orden público.

La Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP rechaza los ataques físicos y verbales contra diferentes periodistas durante las jornadas del paro campesino que se lleva a cabo en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.