Colombia está en mora de adoptar la Política Pública de Garantías para la Labor Periodística

A tres meses de finalizar el actual gobierno, aún no se ha emitido el decreto que formalizaría la política pública de garantías para la labor periodística en Colombia. Esta iniciativa fue presentada en 2023 como una de las apuestas más importantes del Ministerio del Interior en materia de derechos humanos, enfocándose en la libertad de expresión. Por ello, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación, pues la falta de avances concretos y las revisiones prolongadas apuntan a que este proceso puede quedar inconcluso.

La política pública fue construida entre 2023 y 2024, mediante encuentros regionales y espacios de diálogo con periodistas, organizaciones nacionales e internacionales y entidades expertas en libertad de expresión. Su objetivo es establecer una ruta integral de garantías para la prensa, basada en tres dimensiones: la prevención, no estigmatización y atención a la labor periodística como garantía democrática; el fortalecimiento de mecanismos para el respeto y la promoción de la libertad de expresión y de prensa; y la creación de entornos informativos libres, plurales y accesibles.

Sin embargo, la FLIP fue notificada de que el decreto no se ha emitido y que sigue bajo revisión jurídica del Ministerio del Interior desde octubre del año pasado, a pesar de que en 2024, en un evento público, se anunció que la política se lanzaría en 2025.

En un contexto en el que persisten ataques, discursos estigmatizantes y obstáculos para acceder a la información, contar con una política integral sigue siendo una necesidad urgente. Este año, la FLIP ha denunciado el incremento de la gravedad de las agresiones en contra de la prensa respecto al año anterior: entre el 1 de enero y el 12 de mayo de 2026, se han documentado 141 agresiones que incluyen 42 amenazas 24 obstrucciones al trabajo periodístico, 19 estigmatizaciones, 1 secuestro y el asesinato de Mateo Pérez Rueda, periodista y director de El Confidencial. Además, en las últimas semanas, la FLIP ha denunciado los ataques y riesgos diferenciales que enfrentan las mujeres periodistas, y el deterioro de las condiciones para el cubrimiento de las elecciones presidenciales de este año.

Esta política pública significaría un avance hacia un enfoque más robusto de protección a la prensa que, además de abordar aspectos como las medidas individuales de seguridad y riesgo, también tendría en cuenta las causas estructurales de la violencia, la estigmatización y las restricciones al debate público. Además, es una oportunidad para que Colombia fortalezca su papel en América Latina en la discusión sobre garantías para el ejercicio periodístico, y para seguir impulsando la libertad de prensa como un elemento esencial de la democracia.

Por ello, hacemos un llamado al Gobierno nacional y al Ministerio del Interior para que en los meses restantes de su administración, culminen el proceso de definir los lineamientos y expidan el decreto correspondiente para la materialización de la política pública y así fortalecer las garantías para ejercer el periodismo en Colombia. Adoptar esta política enviaría un mensaje contundente sobre el compromiso del Estado colombiano con la libertad de expresión, el pluralismo informativo y la protección de quienes ejercen el periodismo.